Durante el trabajo de monitoreo se totalizaron 1038 protestas en el territorio nacional, lo que representa una disminución de las protestas registradas por 4to año consecutivo, que en este periodo es de 36,52 % con respecto al año anterior.
A continuación, se suman algunos hechos que influenciaron parte de la dinámica nacional del 2021.
Contexto
El 12 de enero, cinco representantes de la Asociación Civil Acción Zuliana por la Vida, Azul Positivo, fueron detenidos por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de un allanamiento en la sede de la organización[1]. Dos días después, el tribunal 4to de control del estado Zulia dictó medida privativa de libertad quedando establecido como sitio de reclusión la sede de la Dgcim.
El 22 de febrero, la Unión Europea sancionó a 19 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo a Remigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Omar Prieto, gobernador del estado Zulia, e Indira Alfonzo, presidenta del Centro Nacional Electoral[2]. El 23 de febrero, la Contraloría General de la República inhabilitó al opositor Juan Guaidó y a otros 28 diputados, en su mayoría opositores, por no presentar la Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional entrante[3]. El 24 de febrero, el Gobierno anunció la implementación del programa Bolívar Digital. Ese mismo día, el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a Isabel Brilhante, embajadora de la Unión Europea en Caracas[4]. El 25 de febrero, cumpliendo el principio de reciprocidad, es declarada persona non grata la embajadora Claudia Salerno por la UE.
El 3 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el decreto de Estado de excepción y emergencia económica y el Estado de alarma, este último instalado desde el 26 de diciembre de 2020[5]. El 10 de marzo, el gobierno de Venezuela anunció que prorrogaba el Estado de excepción y emergencia por 60 días más, extendido por la 28va vez desde 2016[6].
El 21 de marzo, se produjeron una serie de enfrentamientos en la localidad de La Victoria, al sur del municipio Páez, estado Apure. El hecho se dio entre grupos guerrilleros identificados como disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), y cuerpos de seguridad de Venezuela[7]. Una semana después, el Ministerio de Defensa notificó sobre el fallecimiento de ocho soldados venezolanos en estos hechos[8].
El 28 de marzo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un fallo en contra de Nicolás Maduro por no obedecer las recomendaciones en materia de derechos económicos y sociales para las personas trabajadoras[9].
El 16 de abril, un tribunal venezolano obligó al diario El Nacional a pagar poco más de 13 millones de dólares, en represalia por la línea informativa del medio. La sanción, que data de agosto del 2015, se debió a la reedición de un artículo del diario español ABC, en el que Leamsy Salazar acusa a Diosdado Cabello de tener vínculos con el narcotráfico[10]. Para el 20 de abril se contabilizaron tres emisoras de radio cerradas: Radio Selecta 102.7 FM en la ciudad de Machiques, Aragua Mágica 88.1 FM y la última, Radio Rumbos 670 Am en Vargas.
El 25 de abril, Orlando Moreno, defensor de derechos humanos del estado Delta Amacuro, fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), mientras acompañaba a los familiares de las víctimas del naufragio ocurrido en Boca de Serpiente, en Tucupita[11]. Tras pasar cinco días detenido, Moreno es excarcelado luego de haber sido imputado por el presunto delito de “instigación al odio”[12].
El 6 de mayo, se instaló un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) elegido por la nueva Junta Electoral de la Asamblea Nacional. Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Tania D’amelio, Enrique Márquez y Roberto Picón Hernández quedaron designados como directores principales. Como presidente del órgano electoral quedó electo Pedro Calzadilla, quien fue ministro de Cultura durante el gobierno de Hugo Chávez, mientras que Enrique Márquez fue designado vicepresidente[13].
El 11 de mayo, Juan Guaidó presentó un “acuerdo de salvación nacional” que propone la negociación con Nicolás Maduro, un cronograma de elecciones libres, acompañadas de observación y respaldo internacional, a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales[14]. Ese mismo día, el CNE anunció que se realizarían elecciones conjuntas regionales y locales para el 21 de noviembre de 2021, mientras que la oposición esperaba elecciones presidenciales[15].
El 8 de julio se registraron una serie de enfrentamientos entre la banda del Koki (Carlos Luis Revete), y efectivos de las FAES y otras comisiones policiales. Los hechos de violencia se prolongaron durante tres días, obligando a vecinos de la comunidad a abandonar el sector[16]. El 11 de julio, Carmen Meléndez reportó que los enfrentamientos en la Cota 905 dejaron un saldo de 26 personas fallecidas y 38 heridas[17].
El 21 de julio, la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE) se llevó detenida a Ada Macuare, coordinadora de enfermería del ambulatorio Alí Romero en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, y a la enfermera Jhoana Perales, por reclamar mejoras en los beneficios laborales y medidas de bioseguridad. Junto con las enfermeras se encontraban otros trabajadores de la salud[18]. El 6 de agosto Macuare fue excarcelada bajo medida cautelar de presentación.
El 5 de agosto, el Banco Central de Venezuela (BCV) anunció que a partir del 1° de octubre entraría en vigencia el Bolívar Digital. Con la aplicación de este nuevo cono monetario, se eliminaron seis ceros del sistema[1].
El 8 de septiembre, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab[2]. El 9 de septiembre, se reportó una mejora en el sistema de entrega de gasolina en Venezuela. Las autoridades venezolanas afirmaron que solo estaban trabajando las refinerías de Amuay y de Puerto La Cruz, mientras que las operaciones en la refinería de El Palito se mantienen paralizadas[3]. Ese mismo día, pero en España, es detenido el exgeneral Hugo Carvajal, quien dirigió los servicios de inteligencia durante el gobierno de Hugo Chávez[4]. El 13 de septiembre, se reinició, después de 120 días, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V[5]. El Consejo Nacional de Universidades designó de manera rápida e inconsulta al nuevo rector de la Universidad Simón Bolívar, Cézar Trompiz[6].
El 3 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó que Venezuela será investigada formalmente por presuntos crímenes de lesa humanidad[7]. El 4 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la ley de endeudamiento complementario[8]. El 18 de noviembre, la Unión Europea ratificó la prórroga de sanciones en contra de 55 funcionarios del gobierno de Venezuela, entre ellos Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Remigio Ceballos [9].
El 31 de diciembre, el Instituto de Altos Estudios Sindicales registró que el año cerró con más de 1200 protestas laborales[10].
Los datos que se presentan a continuación dan cuenta de los protagonistas y sus principales motivaciones, así como los tipos de protestas y sus modalidades. Otro de los aspectos importantes a resaltar está relacionado con las distintas dimensiones que configuran la represión estatal, como una práctica integrada al mundo institucional controlado por las fuerzas oficialistas.
Motivos y protagonistas
La radiografía de las manifestaciones a escala nacional se nutrió por la exigencia en el cumplimiento de distintos derechos. El monitoreo de la actividad de calle arrojó que las comunidades organizadas fueron el sector más movilizado en el territorio con443 protestas (42 %), siendo las exigencias por la estabilización de los servicios públicos, concretamente las exigencias por agua potable y gas doméstico, las razones más frecuentes para movilizarse.
Los vecinos ocupan el segundo lugar como el grupo de manifestantes con más protestas, totalizando 329 ocasiones, lo que representa 31,69 % del total de la data estudiada. Las exigencias de este grupo también están enfocadas en denunciar el precario funcionamiento de los servicios públicos a escala nacional y exigir una prestación óptima de los servicios de electricidad, gas y agua potable.
Las exigencias por el cumplimiento de los derechos políticos/civiles ocupan el tercer puesto con 179 movilizaciones (17,24 %). Este grupo de manifestantes se caracterizó por ser altamente heterogéneo y estar conformado no solo por comunidades organizadas, sino también por organizaciones estudiantiles, cuerpos gremiales, partidos políticos, activistas, docentes, privados de libertad, comités de usuarios y transportistas, comités de familiares, etc.
Las demandas vinculadas a derechos civiles y políticos estuvieron orientadas a exigir: transición democrática, atención judicial; rechazo a los feminicidios; en rechazo a la gestión política liderada por Nicólas Maduro; en contra del pago de vacunas exigido para la realización de trámites en instituciones gubernamentales; en favor de la liberación de los miembros de la ONG Azul Positivo y del periodista Roland Carreño, entre otros.
Cuadro 1. Protagonistas y sus demandas
| Servicios básicos | Comunidad organizada |
| Derechos laborales | Trabajadores del sistema público / trabajadores de la salud |
| Derechos políticos/civiles | Estudiantes, gremios, vecinos/as, docentes, activistas, privados de libertad, comités de usuarios, entre otros. |
| Derecho a la salud | Médicos, enfermeras/os, personal administrativo y obreros, trabajadores asociados al sistema público de salud. |
| Derechos varios | Sectores varios |
Los derechos varios contabilizaron 57 (5,49 %) movimientos de calle, respectivamente, relacionados con las irregularidades en el abastecimiento de combustible en el territorio nacional, escasez de gasoil, rechazo a las tomas ilegales de propiedades y denuncias del exceso de poder ejercido por las autoridades y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.
El mes con mayor actividad fue enero con 116 protestas en total, lo que coincidió con los movimientos de calle a favor de la dolarización del salario y en rechazo a las acciones represivas en contra de la labor de la ONG Azul Positivo. Le siguen el mes de julio con 114 protestas y junio con 106, respectivamente.
Represión estatal
La protesta social es uno de los pilares fundamentales que tejen el entramado democrático. Como acción legítima de expresión, protege y garantiza diversas formas del colectivo de aprobación, rechazo, denuncia, demanda y visibilización del cumplimiento de los derechos.
Esta forma de expresión se encuentra protegida por los artículos 53, 55, 62 y 68 de la Constitución Nacional, y bajo estándares internacionales que obligan a los Estados a gestionar los conflictos sociales desde la perspectiva del diálogo[1]. No obstante, Venezuela viene presentando en los últimos años un panorama de vulneración y no reconocimiento de este abanico de derechos, alejándose del legítimo escenario de protección del derecho a la manifestación y reunión pacífica.
Unas 23 (2,21 %) protestas pacíficas fueron reprimidas por los cuerpos de seguridad estatales, y durante el contexto de manifestaciones ocurrieron por lo menos 11 detenciones arbitrarias, lo que representa 1,05 %de los datos examinados.
Monagas fue el estado con la mayor cantidad de situaciones ocurridas con un total de nueve detenciones; el principal motivo de las manifestaciones fueron las denuncias por irregularidades con el suministro de gasolina. Anzoátegui fue el siguiente estado con más detenciones, con dos, y la principal razón de protesta fueron las fallas en el servicio eléctrico.
La Policía Nacional Bolivariana fue el organismo de seguridad estatal responsable de la mayor cantidad de detenciones registradas, con cuatro casos en total, lo que representa 0,38 %. Seguidamente, los grupos de civiles armados fueron responsables de dos detenciones (0,19 %) en el contexto de protestas.
Limitaciones a la libertad de asociación
Las medidas impuestas por el Estado para enfrentar la pandemia por la COVID-19 incluyeron la suspensión y limitación de las libertades civiles. Esto afectó el derecho a la protesta, asociación, reunión y movilidad, lo que provocó una reducción en el número de protestas pacíficas (ver gráfico 1) y, en consecuencia, descendieron los casos de represión hacia la población, al menos en el marco de manifestaciones públicas o de calle.
Este cese no impidió el avance en las restricciones del derecho a la asociación en sentido amplio, lo que incluye el funcionamiento y existencia misma de organizaciones de la sociedad civil, humanitarias y de derechos humanos.
Al menos ocho personas defensoras de derechos humanos y trabajadores humanitarios fueron detenidos arbitrariamente. Cinco de estos pertenecen a la organización Azul Positivo, quienes fueron detenidos y acusados de uso fraudulento de tarjetas electrónicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Casi un mes después fueron excarcelados bajo medida cautelar sustitutiva y presentación en tribunales cada 30 días. A pesar de la solicitud de un grupo de expertos y relatores especiales de Naciones Unidas de retirar los cargos[1], las autoridades venezolanas se negaron alegando que la transferencia de recursos en divisas extranjeras ejecutada por la organización no estaba autorizada. En junio de 2022, se les otorgó libertad plena a los miembros de la organización.
El 3 de julio de 2021, el Tribunal 3 de Control con competencia en Terrorismo de Caracas dictó privativa de libertad al director de Fundaredes, Javier Tarazona, a Rafael Tarazona y a Omar de Dios García, activistas de la organización, tras ser detenidos el día anterior luego de acudir a la Fiscalía de Coro a denunciar hostigamientos y amenazas por efectivos de Polifalcón y otras personas desconocidas. A los tres les imputaron los cargos de “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”.
En 2021 también se promovió un nuevo registro para las organizaciones ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft)[2], el cual sumó nuevos requisitos que exceden las exigencias legales y legítimas en vigencia; entre otras cosas, este registro asume que las organizaciones incurren en presuntas prácticas terroristas por lo que están obligadas a otorgar información detallada que incluye fuentes de financiamiento y datos personales de los/as beneficiados/as.
Entre junio de 2020 y mayo de 2021, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos documentó 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, muchas acusadas de delitos penales por formas legítimas de participación cívica. Esto fue calificado por la oficina como señales de la reducción del espacio cívico y de la agudización de la polarización[3].
Los esquemas de criminalización y represión a la denuncia y a la visibilización de los graves problemas estructurales son parte de una política de Estado, ejecutada a través de sus organismos oficiales, que siguen actuando con impunidad[4]. Asimismo, se observa un patrón que avanza a la limitación del derecho a la asociación y reunión.
Metodología
El registro de los casos de protesta se realiza sobre una matriz que incluye variables como: fecha de ocurrencia (día, mes y año), datos geográficos (estado, ciudad y municipio), el nombre del medio o fuente de información, tipo y carácter de la protesta, sectores manifestantes y sus demandas, descripción del contexto en donde se desarrolla la protesta, entre otras variables.
La base de los registros del Programa de Observatorio Social se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en los medios impresos que aún permanecen en circulación a nivel regional y nacional, igualmente, se acompañan por las notas de prensa disponibles en los medios digitales. Se destaca el trabajo realizado por Provea, quienes se encargan de organizar y sistematizar la información impresa.
Una vez realizado el proceso de curaduría de la base de datos, que consiste en la normalización de términos, organización y sistematización de la información, se procede al respectivo cruce de variables y análisis de datos, cuyos resultados dan cuenta en este informe.
[1] Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas. (18 de enero de 2021). Venezuela: Defensores de derechos humanos puestos en libertad pero se mantienen los cargos en su contra; debe ponerse fin a la criminalización de la sociedad civil. https://www.ohchr.org/es/2021/02/venezuela-human-rights-defenders-released-charges-remain-criminalisation-civil-society-must
[2] Ministerio del Interior Justicia y Paz. (3 de mayo de 2021). Providencia Administrativa No. 002-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
[3] Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas. (5 de julio de 2021). Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. https://www.ohchr.org/es/2021/07/report-situation-human-rights-bolivarian-republic-venezuela
[4] Centro Gumilla. Restricciones crecientes para el espacio cívico en Venezuela. 1er trimestre de 2021. Revista Comunicación, (193), 21-26.
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2019). Protesta y derechos humanos. https://www.oas.org/es/cidh/expresion/publicaciones/ProtestayDerechosHumanos.pdf
[1] Finanzas Digital.com. (19 de agosto de 2021). Gaceta Oficial N°42.185: Decreto N°4.553, mediante el cual se decreta la nueva expresión monetaria. https://finanzasdigital.com/2021/08/gaceta-oficial-n42-185-decreto-n-4-553-mediante-el-cual-se-decreta-la-nueva-expresion-monetaria/
[2] France24.com. (8 de septiembre de 2021). Cabo Verde autoriza definitivamente la extradición de Álex Saab a EE. UU. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210908-alex-saab-cabo-verde-autoriza-extradici%C3%B3n-eeuu
[3] Finanzas Digital. (9 de septiembre de 2021). Aseguran que solo las refinerías de Puerto La Cruz y de Amuay son las que se encuentran operativas. https://finanzasdigital.com/2021/09/aseguran-que-solo-las-refinerias-de-puerto-la-cruz-y-de-amuay-son-las-que-se-encuentran-operativas/
[4] Banca y Negocios. (9 de septiembre de 2021). Policía de España capturó a Hugo «El Pollo» Carvajal. https://www.bancaynegocios.com/policia-de-espana-capturo-a-hugo-el-pollo-carvajal/
[5] TalCual. (6 de septiembre de 2021). Embajador ruso en Venezuela asegura que viene en vuelo de Conviasa lote de segunda dosis de Sputnik V. https://talcualdigital.com/embajador-ruso-en-venezuela-asegura-que-viene-en-vuelo-de-conviasa-lote-de-segunda-dosis-de-sputnik-v/
[6] Diario El Nacional. (16 de septiembre de 2021). CNU designó nuevas autoridades de la USB pese al voto salvado de la propia casa de estudios.https://www.elnacional.com/venezuela/cnu-designo-nuevas-autoridades-de-la-usb-pese-al-voto-salvado-de-la-propia-casa-de-estudios/
[7] France24.com. (3 de noviembre de 2021). Corte Penal Internacional abre investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20211103-corte-penal-internacional-abre-investigaci%C3%B3n-a-venezuela-por-cr%C3%ADmenes-de-lesa-humanidad
[8] Crónica.uno. (4 de noviembre de 2021). AN oficialista aprueba ampliar el monto máximo de endeudamiento anual del Ejecutivo. https://cronica.uno/an-aprueba-ampliar-el-monto-maximo-de-endeudamiento-anual-del-ejecutivo/
[9] Banca y Negocios.com. (18 de noviembre de 2021). Plasencia emite condena: UE prorroga sanciones contra 55 funcionarios venezolanos por un año. https://www.bancaynegocios.com/plasencia-emite-condena-ue-prorroga-sanciones-contra-55-funcionarios-venezolanos-por-un-ano/
[10] Banca y Negocios.com. (31 de diciembre de 2021). Inaesin: más de 1.200 protestas laborales se registraron en 2021 con pandemia y precariedad. https://www.bancaynegocios.com/inaesin-mas-de-1-200-protestas-laborales-se-registraron-en-2021-con-pandemia-y-precariedad/
[1] Efecto Cocuyo. (12 de enero de 2021). Dgcim y Sipez detienen a miembros de la ONG Azul Positivo en Zulia. Efecto Cocuyo. https://efectococuyo.com/la-humanidad/dgcim-y-sipez-detienen-a-miembros-de-la-ong-azul-positivo-en-zulia/
[2] Arévalo, J. E. (22 de febrero de 2021). Estos son los 19 nuevos funcionarios del régimen sancionados por la Unión Europea #22Feb. El Impulso. https://www.elimpulso.com/2021/02/22/estos-son-los-19-nuevos-funcionarios-del-regimen-sancionados-por-la-union-europea-22feb/
[3] Diario El Nacional. (23 de febrero de 2021). Amoroso inhabilita a Juan Guaidó y suma a otros diputados. https://www.elnacional.com/venezuela/politica/regimen-inhabilita-de-nuevo-a-juan-guaido-y-suma-a-otros-diputados/
[4] El Mundo. (24 de febrero de 2021). Maduro provoca a la Unión Europea con la expulsión de su embajadora. https://www.elmundo.es/internacional/2021/02/24/60367c18fdddff07178b45d6.html
[5] Finanzas Digital. (11 de marzo de 2021). Gaceta Oficial N° 42.078: Sala Constitucional del TSJ declara constitucionalidad del Estado de Excepción y Emergencia Económica y del Estado de Alarma por Covid-19. https://finanzasdigital.com/2021/03/gacet-oficial-n-42-078-sala-constitucional-del-tsj-declara-constitucionalidad-del-estado-de-excepcion-y-emergencia-economica-y-del-estado-de-alarma-por-covid-19/
[6] Banca y Negocios. (10 de marzo de 2021). TSJ declaró constitucional prórroga del Estado de Emergencia Económica. https://www.bancaynegocios.com/tsj-declaro-constitucional-prorroga-del-estado-de-emergencia-economica/
[7] Caracas Chronicles. (24 de marzo de 2021). Combat on the Venezuela-Colombia Border: What We Know. Caracas Chronicles. https://www.caracaschronicles.com/2021/03/24/combat-on-the-venezuela-colombia-border-what-we-know/
[8] Banca y Negocios (28 de abril de 2021). Subió a 16 cifra de militares venezolanos muertos en enfrentamientos en frontera con Colombia https://www.bancaynegocios.com/ocho-militares-venezolanos-murieron-en-enfrentamientos-con-irregulares-en-frontera-con-colombia/
[9] Diario El Nacional. (28 de marzo de 2021). OIT emite fallo en contra de Maduro por violar derechos de los trabajadores. https://www.elnacional.com/economia/oit-emite-fallo-en-contra-de-maduro-por-violar-derechos-de-los-trabajadores/
[10] La Nación. (16 de abril de 2021). Venezuela: la justicia impone una millonaria multa a El Nacional por supuesta difamación. https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/venezuela-la-justicia-impone-una-millonaria-multa-a-el-nacional-por-supuesta-difamacion-nid16042021/
[11] Espacio Público. (25 de abril de 2021). Detienen al defensor de derechos humanos Orlando Moreno. https://espaciopublico.ong/detienen-al-defensor-de-derechos-humanos-orlando-moreno/
[12] Run Run Periodismo de Investigación. (30 de abril de 2021). Excarcelan al defensor de DDHH Orlando Moreno. https://runrun.es/noticias/442574/excarcelan-al-defensor-de-ddhh-orlando-moreno/
[13] Voce.com. (6 de enero de 2021). Nuevo CNE instaló su Junta Nacional Electoral https://voce.com.ve/2021/05/06/578576/nuevo-cne-instalo-su-junta-nacional-electoral/
[14] El Mundo.es. (11 de mayo de 2021). Juan Guaidó abre la puerta a la negociación con Nicolás Maduro al invocar un acuerdo de salvación nacional. https://www.elmundo.es/internacional/2021/05/11/609ac387fc6c83506e8b460d.html
[15] El País.com. (13 de mayo de 2021). El CNE de Venezuela fija las elecciones regionales y locales para el 21 de noviembre. https://elpais.com/internacional/2021-05-14/el-cne-de-venezuela-fija-las-elecciones-regionales-y-locales-para-el-21-de-noviembre.html
[16] Tal Cual.com. (9 de julio de 2021). Desplazados, allanamientos, rescates e incautaciones dejó el operativo en la Cota 905. https://talcualdigital.com/la-cota-905-cumple-24-horas-sin-servicio-electrico-tras-corte-durante-operativo-policial/
[17] El Comercio.pe. (11 de julio de 2021). Cota 905 | Venezuela: Cientos de policías toman peligrosa barriada de Caracas y buscan a criminales casa por casa | La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle. https://elcomercio.pe/mundo/venezuela/cota-905-venezuela-policia-comienza-un-operativo-en-barriada-de-caracas-tras-18-horas-de-tiroteos-la-vega-santa-rosalia-el-paraiso-san-juan-y-el-valle-nicolas-maduro-carmen-melendez-noticia/
[18] Cronica.Uno (26 de julio de 2021). Personal de salud exigió liberación de enfermera detenida en Anzoátegui. https://cronica.uno/personal-de-salud-exigio-liberacion-de-enfermera-detenida-en-anzoategui/