Situación general del derecho a la libertad de expresión. Informe enero – agosto 2020

El 2020 es un año atípico en muchos sentidos debido al contexto generado por la pandemia de la Covid-19, sin embargo, al igual que en años anteriores, la libertad de expresión es blanco de las instituciones públicas, cuerpos de seguridad y funcionarios, quienes se han dado la tarea de limitar o restringir la difusión de informaciones y opiniones haciendo uso de distintos mecanismos de coacción. Entre enero y agosto del presente año se registraron 295 casos¹ y un total de 747 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Lo cual indica una disminución en el número de casos del 20% y del 5% con relación al total de violaciones registradas durante el mismo período del año 2019².

Durante el mes de enero las tensiones en torno a la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) generaron impedimentos a la cobertura periodística, situación que se tradujo en un elevado número de denuncias por parte de los trabajadores de la prensa, a quienes les fue imposible realizar su labor. Solo en el primer mes del 2020 se registraron más de un centenar de violaciones a la libertad de expresión³. Buena parte de estos casos tuvieron lugar en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas y fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado así como por civiles armados, quienes actuaron -en repetidas oportunidades- en coordinación con los uniformados.

La mayoría de los casos se contabilizaron a partir del mes de marzo, a propósito del Estado de Alarma y el decreto de cuarentena colectiva anunciado por Nicolás Maduro, con motivo de la detección de casos positivos de la Covid-19 en el país. Durante el mes de marzo se registraron 63 casos, lo que lo sitúa como el mes de mayor incidencia en lo que va de 2020, seguido de cerca por abril y mayo, los cuales contabilizaron 43 y 49 casos, respectivamente⁴.

Las restricciones impuestas por el gobierno recrudecieron durante los últimos meses, y esto se evidencia en el número total de detenciones vinculadas al derecho a la libertad de expresión. Durante los dos primeros cuatrimestres del 2020 se contabilizaron 110 detenciones, lo cual indica un incremento del 18% con relación a las detenciones registradas durante el mismo periodo de tiempo en el 2019. El 34% del total de detenidos durante lo que va de 2020 son particulares⁵, mientras que el 28% de esta cifra corresponde a periodistas.

Del total de detenciones registradas durante este periodo de tiempo, 95 de ellas se dieron entre marzo y el mes de agosto, lo que demuestra que durante la cuarentena se intensificaron los ataques a la libertad de expresión. De igual forma, 59 detenciones están directamente vinculadas a la cobertura o difusión de informaciones vinculadas directamente a la Covid-19 en Venezuela.

Algunos casos se mencionan a continuación:

• El 21 de marzo el periodista Darvinson Rojas ⁶ fue detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) debido a la publicación de información relacionada al coronavirus a través de su cuenta en la red social Twitter. El Ministerio Público (MP) imputó al periodista por instigación al odio e instigación pública; delitos contemplados en la inconstitucional «ley» contra el odio. Posteriormente Rojas fue excarcelado la noche del 2 de abril, cuando fue trasladado a su casa en un vehículo de las FAES, sin notificar a sus familiares ni abogados previamente.

• El 5 de mayo funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Darío Salcedo⁷, Secretario de Organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas. Salcedo fue detenido por denunciar a través de Twitter y WhatsApp irregularidades en la entrega de alimentos, beneficio laboral del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Insopesca). Posteriormente fue excarcelado el 3 de julio y le fue impuesta una medida de arresto domiciliario.
• El 23 de junio la abogada Eva Leal⁸ fue agredida y detenida por la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), María de los Angeles Palmera, luego de que grabara el momento en el que presuntamente la funcionaria intentara extorsionarla. El Tribunal Militar Séptimo de Control del estado Lara le otorgó libertad condicional a la abogada, luego de realizada su audiencia de presentación. Le fue impuesta una medida cautelar que la obliga a presentarse ante el Tribunal cuando este así lo amerite.

• El 13 de julio, funcionarios del Cicpc allanaron la residencia del director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans⁹. Los funcionarios llegaron a su residencia con una orden de captura en su contra, pero Evans no se encontraba en su domicilio. Horas más tarde, el politólogo decidió entregarse, información que compartió a través de un video en sus redes sociales. La detención ocurrió luego de que Evans deseara “larga vida, para que la justicia del hombre llegue antes que la divina” al constituyente Fidel Madroñero, quien días antes había dado positivo por Covid-19. El también dirigente político, fue liberado los primeros días de septiembre a propósito de un “indulto presidencial” que excarceló a varias decenas de opositores a Nicolás Maduro que permanecían detenidos.

La mayor cantidad de violaciones registradas corresponden a intimidaciones, alcanzando el 40% de la suma total, las cuales están ligadas principalmente al impedimento de cobertura y de movilización de equipos periodísticos durante la cuarentena.

De igual forma, del total de intimidaciones registradas, el 17% corresponde a casos vinculados a la crisis generada por la escasez de combustible. En su mayoría, por detenciones o retenciones de ciudadanos que manifestaron su descontento ante las irregularidades en la distribución de gasolina registradas en las estaciones de servicio.

• El 7 de agosto un funcionario de la Policía Municipal de Naguanagua le arrancó el teléfono a la periodista del diario El Carabobeño, Rosimar Sánchez¹⁰, mientras entrevistaba a conductores que hacían cola en la estación de servicio Naguanagua de la avenida Bolívar del estado Carabobo.

• El 26 de agosto, 13 ciudadanos¹¹ fueron detenidos por protestar por falta de combustible en la estación de servicio Cedico; en Tinaquillo, estado Cojedes. El grupo de ciudadanos que ejercía su derecho de forma pacífica fue trasladado al destacamento municipal de la Guardia Nacional Bolivariana de la entidad cojedeña. Luego de casi doce horas, fueron excarcelados bajo orden de presentación.

Las violaciones por censura y restricciones administrativas estuvieron ligadas principalmente al cierre de medios de comunicación así como a bloqueos impuestos a portales web y plataformas digitales. Entre enero y agosto se registró el cierre de 11 estaciones de radio a nivel nacional, la mayoría de ellas durante procedimientos irregulares, llevados a cabo por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en compañía de distintos cuerpos de seguridad del Estado.

• El 15 de mayo funcionarios de Conatel ordenaron el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM¹² en los Valles del Tuy del estado Miranda. José Lara, gerente de radiodifusión de Conatel, encabezó una visita a la emisora con el fin de entregar dos oficios, el primero, firmado por Jorge Rodríguez, entonces ministro para la Comunicación y la Información de Nicolás Maduro, y otro por Jorge Elieser Márquez, director general del ente censor, en el que se anunciaba el cese de la concesión que habilita a la emisora a permanecer al aire.

• El 31 de julio Conatel ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM¹³ ubicada en Carúpano, en el estado Sucre. Al momento del cierre hicieron acto de presencia más de 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Está cerrada esta emisora por disposición de Conatel y por orden del gobernador del estado”, se escuchó al aire antes de que apagaran los micrófonos. Conatel alegó que el cierre se debió por una «violación del código de normas de Telecomunicaciones», según señaló la periodista Lovelia Pérez en entrevista a Espacio Público.

Con relación a las restricciones en línea, destaca el bloqueo realizado el 23 de abril a apoyosaludve, plataforma lanzada por la Asamblea Nacional (AN) en el marco del programa Héroes de la Salud, el cual tiene como propósito la asignación de una bonificación equivalente a 100$ mensuales para el personal de la salud. Posteriormente, el 26 de abril, Ve Sin Filtro denunció el bloqueo de la página web heroesdesaludve.info¹⁴ por parte de Cantv mediante un bloqueo de tipo DNS. Asimismo, denunciaron que la página web redireccionaba a un portal falso, usado para extraer información bajo en engaño mediante un ataque de phishing.

Culminado el proceso de registro del mencionado programa, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, anunció que el pago de la bonificación al sector salud se realizaría a través de la plataforma AirTM¹⁵, motivo por el cual el 20 de agosto Cantv procedió a restringir el acceso a la página web a través de un bloqueo de tipo DNS, acción que fue replicada por las operadoras Digitel, Movistar y Supercable. Tras el bloqueo a la billetera digital, se recomendó ampliamente la utilización de los servicios de VPN Psiphon y Tunnelbear¹⁶ para burlar la medida gubernamental. Sin embargo, el 28 de agosto ambas plataformas fueron bloqueadas por las principales operadoras de Internet en Venezuela: Cantv, Movistar, Inter, Movilnet, Digitel y Supercable. Lo reseñado da cuenta de la firme intención del Estado venezolano por limitar la difusión y las acciones de sectores de la oposición política venezolana.

La cantidad de hostigamientos judiciales ilustra la utilización de instancias y mecanismos judiciales para vulnerar el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La mayoría de estos casos están relacionados a las medidas impuestas tras la excarcelación de ciudadanos y periodistas.

En este punto es importante destacar que durante los primeros ocho meses del 2020, se registraron 3 muertes de trabajadores de la prensa, agrupadas en dos casos; ambos desarrollados bajo extrañas circunstancias. El primero de ellos se registró el 18 de agosto en la población de Güiria, en el estado Sucre, cuando fue hallado sin vida José Carmelo Bislick, docente, locutor y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Según información publicada por el medio digital Oriente24.com, se pudo conocer que cuatro personas armadas presuntamente lo sacaron de su casa la noche anterior al hallazgo.

El segundo de los casos ocurrió tan solo días después, el 21 de agosto, cuando funcionarios de las FAES de la PNB ingresaron a las instalaciones del medio de comunicación Guacamaya TV en el estado Zulia y asesinaron a los comunicadores populares Andrés Eloy Nieves Zacarías y a Victor Torres¹⁷, quien era hijo del director del medio de comunicación. Según informó el medio digital COL (Noticias de la Costa Oriental del Lago), las dos personas habrían sido acusadas las FAES de ser integrantes de una banda de delincuentes y que por tal razón los dieron “de baja”.

El 25 de agosto, el Fiscal General designado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión de los funcionarios de las FAES José Contreras y Néstor Olano por su presunta responsabilidad en la muerte de los trabajadores de Guacamaya TV. Adicionalmente, aseguró que se solicitaron otras 7 órdenes de captura contra los involucrados en el crimen¹⁸.

Del total de víctimas registradas, el 52% fueron periodistas y reporteros, quienes vieron limitada su labor por restricciones de desplazamiento, amenazas y hostigamientos verbales.  Como mencionamos anteriormente, esta situación se agravó tras el decreto de cuarentena colectiva y el contexto generado por la pandemia, motivo por el cual las coberturas vinculadas a la pandemia o a la escasez de gasolina que atraviesa Venezuela han sido excusa para arremeter contra los trabajadores de la prensa.

• El 21 de mayo la periodista del portal Diario Primicia, Marialejandra Meléndez¹⁹, fue detenida por el personal de seguridad cuando intentaba realizar unas entrevistas en el Hospital Raúl Leoni ubicado en San Félix, en el estado Bolívar. Meléndez tomó algunas fotografías y cuando se disponía a continuar su camino, fue abordada por el personal de seguridad del centro asistencial. Le exigieron que entregara el teléfono y que borrara las fotografías tomadas, acciones a las que la reportera se negó.

• El 5 de junio el equipo periodístico del portal digital Venezolanos por la Información (VPITV), fue retenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por los funcionarios luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina en esa estación de servicio. El equipo de VPI fue despojado de sus documentos de identidad y retenidos durante más de una hora, con la amenaza de que llegarían los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para trasladarlos a la sede del organismo en Boleíta.

Los particulares suman un total de 44 víctimas, lo cual integra el 10% de la sumatoria total. Principalmente estos vieron limitados sus derechos al momento de participar en manifestaciones públicas en exigencia de la mejora de los servicios públicos, así como por la difusión de opiniones a través de sus redes sociales. Por su parte, la labor de los medios de comunicación también se vio limitada, tal fue el caso del diario La Prensa²⁰, en el estado Lara, impreso que tuvo que interrumpir su circulación por la escasez de gasolina o del medio regional Última Hora²¹, en el estado Portuguesa, cuya página web permaneció fuera de línea por una medida de Conatel.

El 43% de los victimarios está integrado por los distintos cuerpos de seguridad del Estado. En tal sentido, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) acumulan la mayor cantidad de casos durante el período enero – agosto.

Mientras tanto, en el caso de las instituciones del Estado, las que acumulan mayor cantidad de violaciones son la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Con relación al lugar de ocurrencia de los casos, encontramos que el 30% de ellas se registraron en internet (91), lo cual se traduce principalmente en bloqueos a plataformas web o medios digitales, así como represalias en contra de ciudadanos o periodistas por difundir informaciones a través de sus redes sociales. Por su parte y al igual que en períodos anteriores, el Distrito Capital alcanza el 18% de los casos (55), situándose como la región con mayor incidencia. Esta realidad está sujeta, entre otras cosas, a que esta región es la sede de los poderes públicos y donde se desarrollan gran cantidad de manifestaciones masivas, las cuales demandan cobertura por parte de periodistas y medios de comunicación. Complementan la lista de los cinco estados con mayor registro de violaciones: Lara²², Vargas²³, Zulia²⁴ y Mérida²⁵. El número de casos en estas regiones está ligado principalmente a situaciones registradas en estaciones de servicio, agresiones a la prensa durante coberturas periodísticas, así como a limitaciones y detenciones con motivo de manifestaciones ciudadanas en exigencia de mejora de los servicios públicos.

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

La presente edición de este reporte fue ajustada el 8-10-2020 por errores de cálculo que, sin embargo, no variaron la tendencia. La diferencia en el total de registro corresponde a casos de violación del derecho a la manifestación y asociación pacífica.