Espacio Público

Situación del derecho al acceso a la información pública en 2022

Foto: archivo

La opacidad generalizada continúa siendo una regla para el año 2022 al ejercer el derecho de acceso a la información. Desde Espacio Público realizamos 67 solicitudes de información, de las cuales, 47 se entregaron en físico y 12 en línea. El rechazo de las entregas de las peticiones sigue dándose por motivos injustificados, con un total de ocho.   

Los temas de relevancia en este periodo fueron determinados evaluando la situación coyuntural del país y agrupados en 7 categorías: legislativo; ambiente; comercio exterior; derechos de la mujer; libertad de expresión; electricidad y por último migración.

La política de negación de la información

Los motivos para negar las solicitudes de información son diversos y se materializan como obstáculos para acceder a la información pública. En este periodo destacan:

  1. El horario de atención: la mayoría de las veces, para no recibir las peticiones, los funcionarios alegan que tienen un horario pautado para recibir correspondencia, aunque su horario sea hasta las 3:30 de la tarde. En dos oportunidades cambiaron los horarios de recepción convenientemente, lo cúal demuestra discrecionalidad del organismo al no establecer un horario de atención fijo.
  1. La falta de transparencia en las funciones de gobierno siguen siendo un obstáculo, las autoridades exigen requisitos que no están establecidos en ninguna normativa del ordenamiento jurídico venezolano. Entre los motivos para rechazar las peticiones, la administración señaló que las solicitudes de información no estaban dirigidas a la máxima autoridad o había una equivocación en el nombre. Estos errores no eximen la obligación de recepción, por el contrario, el error deviene de la  falta de claridad en sus organigramas y la falta de actualización  en las páginas web oficiales. 
  1. La hostilidad de los funcionarios para recibir las solicitudes de información: en la práctica, se observó que algunos funcionarios o trabajadores públicos desconocen el derecho de acceso a la información pública y actúan como si se tratara de un interrogatorio, por lo que agregan cuestionamientos fuera de la ley, por ejemplo, los motivos para hacer las preguntas y el uso que se le dará a la información solicitada. Estas exigencias facilitan que no se entregue información pública, lo que perpetúa la opacidad, además de aumentar los obstáculos para ejercer el derecho a la información.

Estas exigencias no están contempladas en la ley, al contrario, corresponde a las y los funcionarios públicos contribuir a la facilidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Además, deben adoptar medidas que desarrollen el acceso a la información, basado en los estándares internacionales, totalmente contrario a lo que se ve en el ejercicio.

La opacidad es la norma, de 59 solicitudes entregadas por Espacio Público, solo se  obtuvieron tres respuestas: dos de ellas son adecuadas y una inadecuada.

La respuesta inadecuada fue de la Alcaldía de Sucre, del Estado Miranda. La solicitud de información tenía un error de redacción, donde solo se requería reafirmar que las preguntas estaban dirigidas a conocer el impacto de las lluvias en el municipio Sucre. Sin embargo, la respuesta dada, se enfocó en el error de escritura y no en la información solicitada, cuando esto no exime de responsabilidad para prestar apoyo técnico a los solicitantes por parte del ente.

Este patrón de negación se observa también con una solicitud hecha a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Aún cuando la respuesta fue adecuada al negarse a informar algo que no es de su competencia, el resto de solicitudes que se ha enviado al organismo con preguntas sobre su competencia continua a la espera de respuestas. El ente no informa oportuna y adecuadamente a las solicitudes hechas.

Uno de los factores relevantes de este patrón, es que los entes y organismos públicos responden a aquellas solicitudes de información que tienen errores de forma o fondo, pero con el objetivo de negar la información; lo cúal demuestra la falta de transparencia.

En cambio, las solicitudes con preguntas que son de su competencia o que no tienen ningún tipo de error, no son respondidas, continuando la política de no respuesta y silencio hacia los interesados.

La situación de acceso a la información del 2022 mantiene la opacidad registrada en el año 2021. Al observar los datos, el Estado implementó una política donde más del 90% del total de solicitudes entregadas no fueron respondidas y las respuestas entregadas fueron inadecuadas.

La organización envió solicitudes de información a organismos públicos con competencia nacional, como es la Asamblea Nacional y Ministerios del Ejecutivo Nacional;  a organismos municipales como la Alcaldía de Chacao, Sucre, Hatillo y Caracas; y a organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El acceso a la información pública debe ser la regla para la existencia de una sociedad democrática y la clasificación o reserva de la información debe ser la excepción. Sin embargo, al evaluar el caso venezolano, se sigue documentando que la opacidad es la regla y el acceso a la información es la excepción.

Esto impide que la ciudadanía en general pueda estar debidamente informada para el ejercicio de sus derechos y para la participación en asuntos de interés público, lo que reduce las herramientas necesarias para que los y las ciudadanas puedan enfrentar la corrupción y las abstenciones o carencias en la gestión pública.

La ciudadanía solicita información para poder participar activamente evaluando, comentando, proponiendo y garantizando las actividades públicas, además de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia del Estado venezolano, creando un efecto de gobierno abierto.

Tribunal Supremo de Justicia y su política de negación

Respecto a las funciones relativas a la Administración, Espacio Público interpuso un recurso de abstención y carencia contra la Asamblea Nacional en el 2021, por la falta de respuestas a una solicitud de información que versaba sobre la “ley” de transparencia y acceso a la información pública[1].

La sentencia como muchas otras solo género una protección a la administración, estableciendo criterios para inadmitir la demanda por razones de fondo y no de forma, como bien se establece legalmente para admitir o no una demanda. La sentencia se basaba en una jurisprudencia, señalando:

Sala Constitucional, mediante la sentencia número 745 publicada el 15 de julio de 2010 caso: Asociación Civil Espacio Público, determinó con carácter vinculante, el criterio conforme al cual, para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada[2].

Además de esto, la Sala expresa que se deben razonar los motivos por los cuales se solicita la información, lo cual va en contra de los estándares internacionales, fomenta la opacidad del sector público y la no sanción a la omisión de sus funciones, como así lo expresa:

“el ejercicio de ese derecho (acceso a la información pública) no puede ser abusivo, de tal manera que entorpezca el normal funcionamiento de la actividad administrativa, la cual, en atención a ese tipo de solicitudes genéricas, tendría que dedicar tiempo y recursos tanto físicos como humanos, a los fines de dar explicación acerca de la amplia gama de detalles que forman parte de las actividades que debe realizar cotidianamente en beneficio del colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el trabajo de los órganos competentes del sistema de administración de justicia, ante los planteamientos de esas abstenciones.”[3]

Criterios como los extraídos de la sentencia, sólo generan incentivos para que la administración mantenga sus políticas de opacidad.

Experiencia comunitaria

Bajo el acompañamiento de Espacio Público en el año 2022, los talleres realizados dentro las comunidades de los 14 estados del país donde se tiene presencia, participaron más de 700 personas, de las cuales la mayoría eran mujeres, con una gran participación dentro de los espacios de acción.

Se presentaron seis solicitudes de información, entregadas en físico, de las cuales una de ellas fue negada, dos obtuvieron respuesta inadecuada y las restantes siguen sin recibir respuesta. El tema de interés de las comunidades es el funcionamiento de los servicios públicos: fallas de la electricidad, reparación de vialidades, aseo urbano, desechos de aguas limpias y negras. 

En el caso de las comunidades, los funcionarios públicos muestran un patrón idéntico al que ya se observa con las solicitudes hechas por Espacio Público. En un caso particular una comunidad expresó sus inquietudes sobre las deficiencias del sistema eléctrico y otra sobre el sistema de vialidad. En las dos obtuvieron una respuesta oral inmediata por parte del responsable de Corpoelec y de la Alcaldía de Libertador del estado Mérida. Sin embargo, no hubo respuesta adecuada porque se entregó incompleta y no de manera escrita, como lo solicitó la comunidad.

Los ciudadanos solicitan información sobre la situación de Violencia de Género

La violencia de género es parte de una problemática de interés público en Venezuela. No existen datos públicos oficiales por parte de los cuerpos de seguridad ciudadana, ni del Ministerio Público sobre estos sucesos.

Esta situación constituye un obstáculo para la protección de los derechos de la mujer, el silencio estatal imposibilita las capacidades para exigir cambios o desarrollar políticas públicas, dificulta que la ciudadanía pueda generar mecanismos de protección frente a este tipo de violencia, reduce las posibilidades de concientización de la sociedad y crea un efecto de impunidad silenciosa. 

Según Utopix “Para el año 2021 la media es de 1 femicidio cada 36 horas. Este año 2022 la media hasta septiembre es de 1 femicidio cada 37 horas. La mayoría de las víctimas de femicidios tenían entre 16 a 20 años y entre los 46 y 50 años, y 3 casos en los que la edad no apareció en las noticias”[4].

Actualmente, se imposibilita conocer el registro de estas cifras cuando se pretende comparar con las denuncias recibidas en el Ministerio Público o cualquier cuerpo de seguridad ciudadana.

El primero de noviembre se envió una solicitud de información con la intención de obtener datos sobre los feminicidios en el país, específicamente con criterios por mes, casos, feminicidios en grado de tentativa, frustrado, consumados, los casos sucedidos con armas de fuego, armas blancas, los procesos de investigación llevados a cabo, acusaciones, juicios o sentencias condenatorias, entre otros criterios.

Ese mismo día, se envió otra solicitud de información con la intención de conocer la situación de las mujeres en la Zona Minera del Orinoco, incluso aquellas pertenecientes a comunidades indígenas. En estas zonas se registra una grave situación de esclavitud moderna y violencia de genero, por medio de trabajos forzados como cocineras de campamentos o mujeres realizando actividades de explotación sexual[5]; las niñas y jóvenes indígenas, también son explotadas laboral y sexualmente[6].

La solicitudes de información también contemplaban conocer las medidas de seguridad del Estado frente a estas situaciones, la capacitación otorgada a los funcionarios para el correcto manejo de estos casos, propuestas o iniciativas por parte de la ciudadanía y sus formas de organización.

La libertad de expresión y su trato ambiguo en la legislación venezolana

Debido al cierre o suspensión de emisoras de radio del espacio radioeléctrico Venezolano, se realizó una solicitud de información, con la intención de tener conocimiento sobre esta política de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel, dado que es reiterada y discrecional por parte del ente. Espacio Público registró 81 cierres de emisoras en todo el país durante el 2022.

Conatel es parte de la administración pública y está obligada a emitir actos y hacerlos efectivos por medio de la autotutela administrativa; es decir, tiene la capacidad de dictar decisiones administrativas y poder ejecutarlas por sí misma. Este procedimiento debe cumplir con una serie de garantías, para no violentar los derechos de las personas afectadas o interesadas por esa decisión.

La falta de claridad frente a la asignación de emisoras de radio, la falta de transparencia en las frecuencias disponibles y el largo proceso, constituyen una burocratización excesiva y confusa para las personas interesadas en transmitir por estos medios. Se debe obtener una habilitación, después una concesión y luego hacer la formalización mediante un contrato para  la utilización de las vías generales de comunicación. 

Aunado a esto, cada uno de los procesos es individual y no garantiza el otorgamiento de las habilitaciones correspondientes, a pesar de  cumplir con todos los requisitos. Legalmente no se distingue cuáles son los criterios que utiliza Conatel para negar las concesiones, habilitaciones o contratos, el proceso de notificación, el plazo para la respuesta, sus criterios de pluralidad, entre otros.

La discrecionalidad no debe fomentarse como la regla en las legislaciones venezolanas, más aún en procesos tan burocráticos como el que acabamos de mencionar. Toda limitación al derecho debe presentarse en la ley con claridad y su aplicación debe ser transparente.

Otros temas de importancia

En cuanto a lo legislativo, Espacio Público realizó solicitudes con la intención de tener claridad de cómo se plantean los criterios para el desarrollo de leyes, la iniciativa, participación, entre otros. Durante este periodo se desarrollaron varias leyes que son de interés nacional, tales como la Ley de Energías Alternativas y Renovables, y Ley de Actividad Aseguradora.

Respecto a la salud, la COVID-19 aún seguía presente como un tema de interés público; en específico tomó relevancia la llegada al país de nuevas vacunas en marzo, por medio de la plataforma de acceso global Covax.

La deforestación en Venezuela también estuvo presente en términos ambientales. En cuanto al arco minero, se preguntó el impacto de la deforestación en esta zona geográfica y las políticas del Estado venezolano para mitigarlo. A nivel local también se presentó una política de deforestación por parte de las autoridades del área metropolitana de Caracas. Por lo cual, Espacio Público impulsó peticiones de información a la Alcaldía de Libertador, Chacao y Baruta.  

La esclavitud moderna fue un tópico presente dentro la dinámica del Estado Bolivar, una de las más presentes y menos solventadas por el Estado; o al menos no existe información publicada al respecto. Se realizaron una serie de solicitudes a los organismos competentes.

La inundaciones y las problemáticas causadas por las lluvias en este periodo, resultó de interés público, con el deslave en Las Tejerías y sucesos en otras localidades. Por lo cual, surgió la preocupación sobre las medidas desarrolladas para prevenir ciertos desastres o conflictos por desastres naturales.

La diáspora venezolana es un tema de importancia y mucho más por la omisión en ciertos aspectos del Estado Venezolano y la falta de datos de las familias desplazadas, personas indocumentadas, nacionales que retornan al país, datos desagregados por edad, género y otros datos importantes para conocer la realidad del desplazamiento de la sociedad venezolana.

El acceso a la información pública sigue sin garantizarse, la carencia u omisión de datos sigue estando presente en este periodo, derivado de la falta de respuestas de las solicitudes de información y acciones unilaterales no publicadas, prohibiciones vía telefónica las cuales tienden a dejar indefensos a los particulares, violentando su derecho a la defensa.

Conclusión

Al igual que en el año 2021, el acceso a la información pública no se garantiza, la omisión en las funciones públicas y el desconocimiento de los funcionarios sobre el acceso a la información representa dilaciones dentro del ejercicio del derecho.

El Estado venezolano centraliza la información, lo que dificulta el proceso de contraloría social y desarrollo de iniciativas en derecho humanos que pueden causar un impacto en la crisis social y política que enfrenta el país. Los datos expresados demuestran que el 93% de las solicitudes de información son ignoradas.

El patrón de secretismo que se mantiene en las distintas jurisdicciones del Estado, denota la falta de institucionalización, genera desconfianza a la ciudadanía por la inexistencia de datos abiertos de manera desglosada y actuales, rendición de cuentas y a su vez limita la participación efectiva dentro de la gestión pública.

Desde Espacio Público exigimos al Estado Venezolano:

Marco teórico metodológico

Para el registro diario de las solicitudes de información se toma en cuenta los acontecimientos de interés público que se pueden percibir como más relevantes en la cotidianidad venezolana.

Estos eventos son de distintos temas: derechos humanos, política, economía, sociales, culturales, entre otros. Por otro lado, también se registra con base en las problemáticas que se experimentan en las comunidades y sus avances.

Al elegir la temática y asunto en específico, se procede a redactar la solicitud de información. Se entrega al ente u órgano correspondiente y se registra en la base de datos considerando las siguientes variables: fecha de entrega y vencimiento de la primera solicitud y su insistencia; si la entrega fue presencial o en línea, o si la misma no fue recibida; si hubo silencio administrativo, respuesta positiva, inadecuada, parcial o si la petición fue referida a otro organismo.

Estos datos permiten identificar ciertos patrones que violan el derecho al acceso a la información pública; por ejemplo, si las solicitudes son recibidas por los organismos públicos y en el caso contrario, reseñar los comportamientos de las autoridades al no recibirlas. De igual manera, se detalla si responden de manera oportuna, es decir, dentro de los 20 días hábiles que establece la ley; o adecuada al responder integralmente a las preguntas formuladas.


[1] Espacio Público. 26 de Julio de 2022. TSJ fomenta la opacidad con nueva sentencia. Fecha de recuperación: 26/01/2026. https://espaciopublico.ong/tsj-fomenta-la-opacidad-con-nueva-sentencia/

[2] Tribunal Supremos de Justicia. Sala Político Administrativa. Ponente: Juan Hidalgo Pandares. Exp: 2022-0121. Fecha de Recuperacion: 26/01/2023 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/317536-00177-22622-2022-2022-0121.HTML

[3] Tribunal Supremos de Justicia. Sala Político Administrativa. Ponente: Juan Hidalgo Pandares. Exp: 2022-0121. Fecha de Recuperacion: 26/01/2023 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/317536-00177-22622-2022-2022-0121.HTML

[4] Utopix.cc. 2 julio de 2022. Mayo de 2022: Son 22 casos para un total de 97 feminicidios en cinco meses. Fecha de Recuperacion: 07-12-2022

[5] Observatorio de Ecología Política de Venezuela.5 de septiembre de 2022. Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo. Fecha de recuperación: 07-12-2022. https://ecopoliticavenezuela.org/2022/09/05/mujeres-indigenas-de-venezuela-las-otras-victimas-del-extractivismo/

[6] Observatorio de Ecología Política de Venezuela. 5 de septiembre de 2022. Mujeres indígenas de Venezuela: las otras víctimas del extractivismo. Fecha de recuperacion: 07-12-2022

[7] OEA. Gobierno abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública. Oscar Oszlak. Fecha de Recuperación: 07-12-2022.  https://www.oas.org/es/sap/dgpe/pub/coleccion5rg.pdf

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