La salud mental de Manuel Sánchez, quien lleva 10 meses detenido, se deteriora con el paso de los días, según expresa su pareja Rosalba Pereira. Sánchez, líder comunitario de la parroquia Macarao, en el oeste capitalino, fue encarcelado tras la publicación de una denuncia en la red social TikTok en las que cuestionó el proceder de unos funcionarios de la Policía de Caracas.
Pereira, este 17 de junio, informó que el abogado de la causa le notificó que el expediente de Sánchez aun sigue en análisis por la juez que lleva el caso y que no tiene fecha fija para la audiencia.
“Esta tardanza preocupa mucho, porque Manuel no está bien. En la reciente visita tuve que darle la comida en la boca, uno de sus compañeros me dice que a veces no se quiere levantar, que lo ve muy deprimido”.
Sánchez tiene diagnóstico médico desde antes de su encarcelación. Dos de los informes consignados a su expediente de 2019, describen que sufre depresión, disfunción familiar, síntomas psicóticos y trastornos orgánico mental.
“Para esas condiciones él tenía tratamiento, pero en prisión, con los traslados, con la sentencia a 10 años y ahora que está en el Rodeo IV se ha puesto más agresivo, ese trastorno orgánico mental es lo que más me inquieta”.
A principios de junio pudo escribir una carta en la que relata estar consciente de su condición, pero que la inestabilidad actual de su depresión y esquizofrenia se debe en parte a todo lo que le ha tocado vivir en estos últimos meses, incluso el hecho de asumir los cargos y recibir 10 años de condena. “Estoy contantemente deprimido, atormentado y enfrentado con otros presos”, es una de las frases que escribió el 8 de junio.
¿Es un delito denunciar y hacer contraloría social?
Manuel Sánchez fue detenido arbitrariamente, el 27 de agosto de 2025, por funcionarios de la Policía Municipal de Caracas (PoliCaracas). Ese día lo reseñaron y acusaron con el delito de “instigación al odio“, luego de que difundiera unos videos por el desalojo de una vivienda a una ciudadana a quien estaba apoyando por considerar que era una acción injusta.
Los funcionarios destacaron que lo detuvieron en flagrancia. El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Octavo de Control del Área Metropolitana de Caracas llevó a cabo la audiencia preliminar lo sentenció a 10 años de prisión. En esta instancia, bajo una evidente coacción y engaño procesal, se indujo a Sánchez a admitir los hechos. Esta decisión fue tomada tras una oferta realizada por el Fiscal de la causa y la propia juez, quienes aseguraron que la admisión resultaría en una medida cautelar sustitutiva con régimen de presentación.
No se puede criminalizar la expresión
El caso de Manuel Sánchez es un alarmante reflejo de cómo se utiliza el aparato judicial para castigar el ejercicio de derechos fundamentales. La denuncia ciudadana y la contraloría social no pueden ser criminalizadas bajo ninguna circunstancia.
Detener a un líder comunitario por visibilizar un presunto abuso policial vulnera flagrantemente el derecho humano a expresarse libremente y el derecho de la sociedad a recibir información sobre temas de interés público.
Exigir justicia, cuestionar a los funcionarios y apoyar a un vecino no es un delito de odio; es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que el Estado está obligado a proteger, no a encarcelar.