RCTV 6 años de atropello continuado a la libertad de expresión en Venezuela

El cese de las transmisiones de RCTV redujo las opciones informativas y de opinión para la sociedad venezolana. Las audiencias de la televisión alcanzaron mayores concentraciones en la menor oferta existente. En agosto del año 2007, empezó la transmisión de RCTV Internacional a través de los servicios de suscripción por cable. Posteriormente, en enero del año 2010, con otra medida discriminatoria también se impidió la continuidad de estas transmisiones. Esta medida confirmó la política gubernamental de castigar a medios televisivos que sostuvieran perspectivas críticas o independientes.

Este caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual concluyó que el Estado venezolano violó el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad y no discriminación y el debido proceso administrativo[2]. Ante el Informe presentado por la CIDH, el Estado venezolano no comunicó a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el mismo, razón por la cual el caso fue enviado el pasado 28 de febrero de 2013 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La CIDH recomendó abrir un proceso para asignar una frecuencia de televisión abierta a nivel nacional en el cual RCTV pudiera participar, como mínimo en igualdad de condiciones, y que el procedimiento debía ser abierto, independiente y transparente, aplicar criterios claros, objetivos y razonables, y evitar cualquier consideración política discriminatoria en razón de la línea editorial del medio de comunicación; reparar los perjuicios causados a las víctimas como resultado directo de la violación del debido proceso; y adoptar toda medida que resultara necesaria para garantizar que el proceso de asignación y renovación de frecuencias de radio y televisión sea compatible con las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de libertad de expresión.

Exhortamos al Estado venezolano que de cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mantenga una política de respeto y garantía de la libertad de expresión, en la cual no se castigue ni discrimine a los medios de comunicación o periodistas por la línea editorial o perspectivas informativas. La persistencia de esta política de censura y acoso desdice del discurso gubernamental del respeto a los derechos humanos; deshonra las obligaciones internacionales derivadas de los tratados internacionales y la propia constitución venezolana; y limita la influencia venezolana en el ámbito internacional.

Caracas, 27 de mayo de 2013.