Ante a la solicitud hecha por Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional sobre reformar de manera parcial la Ley Contra el Odio, recordamos que esta ley ha sido utilizada como un medio de control a la expresión social: más de 120 casos documentados (2017-2024) y al menos 33 detenciones en el ciclo postelectoral de 2024 bajo imputaciones de “Promoción e incitación al odio”, las víctimas son en su mayoría activistas, infociudadanos y periodistas.
Esta norma también ha contribuido a esquemas de extorsión, y produce un efecto paralizante sobre el ejercicio del derecho a la Libertad De Expresión que, según la jurisprudencia de la CorteIDH, constituye en sí mismo una violación de derechos.
Su continuidad con la Ley Simón Bolívar y el proyecto de Ley Antifascismo revela que no es una anomalía legislativa, sino el primer eslabón de un patrón deliberado de control social.
Por eso, ante el anuncio de reforma la exigencia técnica e institucional es su DEROGACIÓN.
No obstante, hacemos planteamientos puntuales e indispensables en aras del principio de transparencia y contraloría social, y para restituir plenamente las garantías democráticas y el derecho a la información en el país:
- ¿Por qué plantear una reforma parcial si la norma mantiene vicios de origen y tipos penales indeterminados?
- ¿Cuáles son exactamente las conductas y publicaciones que se proponen despenalizar?
- ¿Cuál es el cronograma legislativo y mediante qué mecanismos garantizará una convocatoria pública, amplia y plural que incluya al gremio periodístico, la academia y organizaciones de la sociedad civil?
- ¿De qué manera se aplicará el principio de la ley más favorable para acordar el sobreseimiento de las causas penales e investigaciones abiertas a la fecha bajo esta figura?
Además de la derogatoria, o incluso solo bajo una despenalización, mantenemos exigencias claves:
- Sobreseimiento: anulación inmediata de todas las causas contra periodistas, activistas y ciudadanía orientadas por esta ley y cualquier otra que sancione la libre expresión.
- Cese del bloqueo digital: fin a las órdenes de Conatel para bloquear portales de noticias y plataformas en línea sin orden judicial.
- Restitución de concesiones y devolución de equipos: devolución de equipos y licencias a medios de comunicación cerrados o sancionados arbitrariamente.
- Enfoque de DD.HH: sustituir la vía penal por políticas públicas que promuevan la educación, la tolerancia y la no discriminación, alineadas con la Contitución Nacional y los estándares internacionales de protección
Reiteramos que todo proceso legislativo debe guiarse por los principios constitucionales de transparencia, participación, y no discriminación. Esto exige dar a conocer públicamente los detalles del proceso de reforma: cronograma, el proyecto de reforma de ley, las comisiones encargadas de su redacción, propuesta y procesos de participación ciudadana y consulta pública.
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