Las organizaciones firmantes presentamos nuestras recomendaciones sobre la nueva fase del proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), derivado de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, que se inicia con el cierre del lapso de postulaciones.
Valoramos que, a diferencia de lo ocurrido en designaciones anteriores, este proceso incluya a diversos sectores políticos y representantes de la sociedad civil en el proceso de elección de magistrados. También destacamos la existencia de un cronograma público, la integración de un Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos con mayoría de perfiles independientes y, por primera vez en más de dos décadas, la publicación de un baremo de evaluación. Consideramos que estas son señales alentadoras que es necesario proteger y consolidar. Con la misma convicción, advertimos que hay aspectos del proceso que pueden ser mejorados y corregidos, mediante algunas herramientas que pueden lograr que quienes sean seleccionados para el cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sean juristas independientes con reconocidas honorabilidad y competencia.
Propuestas para la siguiente fase
La evaluación de requisitos, méritos e idoneidad debe realizarse conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a los estándares internacionales aplicables. Estos exigen que el proceso y todos sus componentes sean transparentes; que la selección se base en el mérito como criterio rector; que se apliquen criterios objetivos y preestablecidos; que la verificación de la integridad e independencia se lleve a cabo sin subjetividades; que las decisiones sean motivadas; y que existan mecanismos de impugnación y una participación o veeduría significativa de la sociedad civil, así como que se garantice la paridad de género. En ese marco, instamos al Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), al Consejo de Verificación, a la Asamblea Nacional y a la Mesa de Diálogo a adoptar las siguientes medidas, viables dentro del cronograma vigente:
1. Publicar la información clave del proceso: el reglamento de funcionamiento del CPJ, las hojas de vida de, al menos, quienes hayan superado la verificación inicial de requisitos, y las calificaciones obtenidas tras la revisión de credenciales. Esta información contribuye a generar confianza en el proceso y permite un adecuado control y escrutinio ciudadano, además, permite hacer posible, si fuera el caso, una impugnación efectiva.
2. Verificar primero los requisitos de elegibilidad, conforme al artículo 263 de la Constitución, precisando los requisitos de cada vía de acceso y la Sala a la que se postula. Esta verificación debe ser previa y separada de la asignación de puntos, de modo que ningún puntaje compense su incumplimiento. El Consejo de Verificación puede asumir un rol fundamental en esta tarea.
3. Ajustar el baremo para que los requisitos mínimos sean el punto de partida y la experiencia adicional reciba mayor puntaje; valorar la carrera judicial conforme al artículo 255 constitucional; y reconocer de forma equilibrada el ejercicio profesional independiente y la docencia.
4. Verificar la independencia política de las personas aspirantes con anterioridad a su postulación. Quienes aspiren a ser magistradas o magistrados deben ser juristas de reconocida competencia y honorabilidad, así como independencia frente a los partidos políticos antes de su candidatura. La renuncia a un partido o a un cargo público ejercido en su representación, presentada tras la postulación o la preselección, o peor aún tras la designación, no acredita independencia, pues esta debe ser una condición preexistente. Para ello, el CPJ y el Consejo de Verificación deben publicar con antelación criterios objetivos y precisos sobre las afiliaciones, cargos partidistas y funciones políticas relevantes, y exigir una declaración de dichos vínculos e intereses, de forma proporcionada, sin que ello implique excluir a nadie por actividades lícitas y de bajo riesgo para la imparcialidad judicial ni por su labor legítima de defensa de los derechos humanos.
5. Incorporar criterios objetivos para evaluar la idoneidad, integridad y honorabilidad de los candidatos, que permitan evaluar su conducta ética, imparcialidad y trayectoria profesional mediante evaluaciones individualizadas, basadas en fuentes fiables y verificables, así como el pleno respeto del del debido proceso incluido el derecho a conocer y controvertir los señalamientos. Asimismo, deben fijarse reglas claras sobre el alcance y el uso de la revisión de antecedentes, salud mental y reputación digital, y asegurar que nadie sea descartado por sus opiniones o por su labor legítima de defensa de derechos humanos. Los criterios deben incluir una exclusión expresa de personas responsables de violaciones de derechos humanos documentados por mecanismos internacionales de protección u organizaciones de derechos humanos, y esa exclusión debería realizarse de oficio, incluso en ausencia de impugnaciones.
6. Adoptar mecanismos para garantizar la paridad de género como principio transversal que se articule con los criterios de mérito e idoneidad, para asegurar una representación equilibrada en la integración definitiva del TSJ.
7. Hacer transparentes las entrevistas, diseñando y publicando con antelación los criterios de evaluación con indicadores diferenciados y específicos, así como asegurando que quienes evalúan integren paneles equilibrados, con presencia suficiente de perfiles independientes desde el punto de vista político. Las entrevistas deben transmitirse en vivo o, al menos, permitir la participación ciudadana en ellas, y además, admitir la modalidad virtual. Estas deberían contribuir al escrutinio de los antecedentes personales, con base en criterios que permitan indagar eventuales situaciones inapropiadas, conflictos de interés, riesgos de favoritismo o parcialidad a los ojos de un observador razonable.
8. Garantizar una impugnación ciudadana efectiva de las candidaturas, como vía de participación de la sociedad civil que permita valorar la probidad e independencia de las personas postuladas y evitar que se incorporen candidaturas con participación en graves violaciones de derechos humanos. Para ello, el lapso de impugnaciones debe ser claro y suficiente; debe preverse un procedimiento para presentar información fiable, aun sin condena penal, garantizando el derecho de la persona postulada a conocer y controvertir las impugnaciones presentadas en su contra; y cada impugnación debe recibir una respuesta fundamentada y pública.
Este proceso es una oportunidad largamente esperada para iniciar el proceso de recuperación de la independencia judicial en Venezuela. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades encargadas —la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones Judiciales, el Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos y la Mesa de Diálogo— a conducir las próximas fases con estricto apego a los estándares constitucionales e internacionales de independencia judicial, transparencia, objetividad, participación ciudadana y paridad de género, para así garantizar que las personas designadas sean seleccionadas por su mérito, idoneidad e independencia.
Organizaciones firmantes:
- Acceso a la Justicia
- Alerta Venezuela
- Aula Abierta
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Caleidoscopio Humano
- Espacio Público
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Ideas Por la Democracia
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
- Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center

