Este 11 de noviembre, representantes de organizaciones no gubernamentales enfocadas en la libertad de expresión y de prensa acudieron ante la Comisión Especial de Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia —instancia de la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por el primer vicepresidente del Parlamento, el diputado Pedro Infante—. El encuentro se dio en el marco de la consulta pública sobre el texto aprobado en primera discusión el 3 de noviembre de este año.
Espacio Público, entre las organizaciones convocadas a esta reunión, reiteró el llamado a la derogación de la “ley contra el odio”, instrumento que desde su origen impone graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, así como a las garantías del debido proceso. Asimismo, recordó que la regulación de 2017 carece de legitimidad, ya que fue dictada por una Asamblea Nacional Constituyente sin competencia para legislar.
La propuesta de reforma, y así lo manifestaron en un comunicado que suscriben otras 23 organizaciones, el 4 de noviembre, conserva estos problemas y no ofrece una respuesta integral a las víctimas.
La narrativa sugerida de reforma, conocida públicamente a través de la sentencia de conformidad dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se enfoca en temas como: transformar el enfoque punitivo en un enfoque preventivo y educativo, establecer definiciones claras y taxativas que resuelvan la discrecionalidad, eliminar las penas de prisión, sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario, establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norm, fijar sanciones administrativas y exhortaciones a los medios de comunicación, eliminando expresamente la revocación de concesiones, prevenir los mensajes de odio en redes sociales, sancionando con multas a quienes incumplan y exhortar a las organizaciones con fines políticos a promover activamente la convivencia democrática y la paz con responsabilidad.
Sin embargo, de acuerdo a los análisis de las organizaciones defensoras de derechos humanos, mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio legítimo de la libertad de expresión, en contravención de la Constitución Nacional y de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Lo que se conoce de la reforma vuelve a utilizar conceptos imprecisos, como el “hostigamiento”, definido en función del “temor, angustia o zozobra” que cause una conducta. Igualmente, insiste en incorporar la “opinión política” entre los motivos protegidos, a pesar de que el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos solo contemplan la apología del odio nacional, racial o religioso. Esta amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público.
Por otra parte, aunque la propuesta elimina la revocatoria de concesiones, el bloqueo de portales digitales y la prohibición de inscribir partidos políticos, mantiene la obligación de los medios de comunicación y las plataformas de difusión de retirar contenidos “inmediatamente”, sin investigación previa ni orden judicial, lo que abre la puerta a retiros arbitrarios y a restricciones indebidas a la circulación de información.
El cronograma de consulta abarca las 24 entidades federales del país e incluye reuniones con diversos sectores de la sociedad, como organizaciones de mujeres, comunidades indígenas, la comunidad LGBTIQ+, el sector educativo, gremios de la comunicación, periodistas y movimientos sociales. Tras culminar estas rondas de consulta, el proyecto deberá retornar a la plenaria de la Asamblea Nacional para su segunda discusión y sanción definitiva. En esta mesa también participaron otras organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión.
Exigencias en bloque
Al salir de la consulta pública, Carlos Correa, periodista y director de la organización Espacio Público, enfatizó la solicitud de derogar la “Ley contra el Odio” por considerar que no es necesaria.
“La legislación venezolana ya contempla el delito de incitación al odio, está en el Código Penal y además existen otras legislaciones para la protección de los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas y afrodescendientes; ya hay mecanismos de protección que de alguna manera pueden ayudar a responder a los desafíos planteados en esta ley”, afirmó.Exhortó a que la normativa que se apruebe sea una ley que efectivamente derogue las graves multas que contempla, que las sanciones se apliquen mediante un órgano de instancia judicial y no del Ejecutivo, y que permita que la crítica política esté protegida para que todos los ciudadanos venezolanos puedan participar libremente en los asuntos de interés público.
A la cita también acudieron representantes de la Alianza por la Libertad de Expresión, entre ellos el profesor León Hernández, del Instituto de Investigaciones de la Información y la Comunicación de la UCAB (IDICI-UCAB), quien respaldó el comunicado conjunto firmado el 4 de noviembre por más de 20 organizaciones de la sociedad civil. Hernández señaló que ningún censor ha sido condenado en Venezuela, de acuerdo con los hechos históricos documentados:
“No se puede tapar un error con otro error; cambiar sanciones penales por sanciones administrativas no resuelve el fondo del asunto y violenta la libre expresión y el pensamiento”.
Por su parte, el profesor Marcelino Bisbal, director de Publicaciones de la UCAB, sugirió revisar programas como Con el Mazo Dando y las emisiones históricas de Hugo Chávez transmitidas por VTV (canal del Estado) “para evaluar objetivamente si existe o no discurso de odio”.
En el espacio, la coordinadora del área de Defensa de Espacio Público, Francis Betancourt, solicitó la publicación completa y formal del proyecto, el cual solo se conoció públicamente a través de la sentencia de conformidad dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin audiencia previa ni examen de sus definiciones. Esta propuesta no se difundió antes de su envío ni había sido publicada oficialmente por la Asamblea Nacional para el momento en que se anunció su aprobación
Luis Serrano de RedesAyuda, otra de las organizaciones aliadas que también hizo valer su derecho de palabra, resaltó el efecto inhibidor que tiene esta ley enla ciudadanía e insistió que busca coartar la libertas de expresión.
Entregan sugerencias
En el marco de la consulta, Espacio Público consignó ante la comisión de la Asamblea Nacional un conjunto de observaciones sobre el proyecto de reforma, exigiendo que el texto se ajuste a los estándares internacionales de #DDHH. Estas observaciones tienen un sólido basamento técnico y reflejan posturas institucionales que se pueden consultar en los siguientes cuatro documentos clave:
1️⃣ Cuadro comparativo Ley contra el odio 2017 vs. Reforma 2026:
2️⃣ Comunicado “La paz se construye con derechos”:
3️⃣ Comunicado CIDH / Relatoría Especial:
4️⃣ Comunicado Procedimientos Especiales de la ONU:
Reiteramos la necesidad de una DEROGACIÓN INMEDIATA. El proyecto de reforma mantiene severas restricciones que vulneran:
- Libertad de expresión, opinión e información
- Libertad de asociación
- Garantías del debido proceso
La protección de las libertades fundamentales requiere el cumplimiento estricto de los estándares nacionales e internacionales.