El informe se refiere a las obligaciones relativas a la libertad de expresión en los aspectos relativos a las garantías legales para el acceso a la información pública, la impunidad y lentitud de las investigaciones relativas a las agresiones contra periodistas (reporteros, fotógrafos y técnicos) y las restricciones legales a la libertad de expresión relativas a las penas privativas de libertad causadas por delitos de opinión sobre funcionarios.
