Noviembre: entre elecciones y censura

En noviembre hubo una escalada de la violencia contra los trabajadores de los medios. Registramos un aumento de más del doble de trasgresiones a la libertad de expresión y en el número de casos en comparación con octubre: suman 103 violaciones a la libertad de expresión, registradas en 50 casos; las más frecuentes fueron la intimidación, censura y las restricciones administrativas, acciones que buscan reducir la posibilidad ciudadana de buscar, recibir y difundir información.

Con estas cifras, el 2021 acumula 453 violaciones hasta el 30 de noviembre, correspondientes a 236 casos, entre los que destacan como principales víctimas los periodistas (44.44%) los medios de comunicación (20,83%) y los ciudadanos (10%). 

Regionales sin libertad de expresión

Durante las votaciones municipales y estadales del domingo 21 de noviembre, registramos un total de 28 casos que se tradujeron en 54 violaciones a la libertad de expresión en Aragua, Lara, Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Sucre, Guárico, Portuguesa, Carabobo, Falcón, Bolívar, Caracas, Trujillo, Monagas y Cojedes. 

La corresponsal de Venezolanos por la Información (VPITV) en el estado Lara, Andreína Ramos, denunció que un efectivo del Plan República la amenazó con quitarle sus equipos de trabajo mientras hacía la cobertura en un centro de votación en Santa Rosa a tempranas horas del día. 

“Yo le expliqué que no estaba grabando, le dije que era periodista; a pesar de eso el funcionario de forma grosera y amenazante me dijo que o me quitaba de ahí o me decomisaba los equipos de trabajo” declaró la reportera en entrevista a Espacio Público. ¹.

En Mérida le negaron el acceso a los centros de votación a cuatro periodistas acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Plan República les impidió realizar la cobertura de las votaciones a Maury Aranda, en el colegio Fe y Alegría, en el municipio Tovar; María París en la U.E. Gran Mariscal de Ayacucho de Campo Elías, y a Enrique Rivera y Leidy Blanco en la U.E. Primero de Mayo, en el municipio Alberto Adriani de El Vigía.

Unos de los casos más repetidos en este proceso de votación fue el impedimento de los periodistas de cubrir el ejercicio del sufragio de los candidatos. En el estado Guárico, se le impidió a la reportera de Qué pasa en Venezuela, Josana Morales, que ingresara al centro electoral Federación Venezolana de Maestros a cubrir la votación del candidato a la Alcaldía por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). En Aragua el Plan República impidió que la prensa cubriera la votación del candidato por la MUD en ese estado.

También en Maturín, Falcón, Monagas y Sucre el Plan República prohibió a los periodistas cubrir el acto de votación de los aspirantes a las alcaldías y gobernaciones.

Se reducen los espacios de información

Por presión de la Alcaldía de Sabaneta en el estado Barinas, los programas Magazine Play y Sabaneta Noticias, de la emisora Play 101.1 FM, salieron del aire el 25 de noviembre.  Roger Castellanos, director de la emisora y locutor de los programas, anunció que el ganador de las elecciones en el estado había sido Freddy Superlano, alguien lo grabó y la alcaldía obligó al periodista a admitir su error. Sin embargo, para evitar más represalias contra la emisora, decidió cerrar ambos programas y congeló su actividad informativa en redes sociales.

Dos días después la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Monumental 94.1 FM en Santa Bárbara de Barinas. La estación es propiedad del locutor Nelson García Mora, electo alcalde por un partido de oposición el pasado domingo 21 de noviembre.

En el estado Sucre, se redujo el espacio en el que los periodistas pueden ejercer su labor. El 30 de noviembre, efectivos de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO), tomaron la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Cumaná, ya que el gobierno regional y municipal pretende asignarle a este cuerpo policial este lugar para su funcionamiento.

La toma de la sede operativa del CNP-Sucre es un atropello contra el gremio, atenta contra su seccional Sucre y vulnera el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 

Persisten las fallas de Internet

El martes 2 de noviembre, un bajón eléctrico en Venezuela afectó la conexión a la red en las ciudades Mérida, Táchira, Aragua y Carabobo. «A nivel nacional la conectividad cayó a un 90% de los valores normales. En Mérida cayó al 75%, en Táchira un 82%, Aragua un 83% y en Carabobo un 86%» explicó Ve Sin Filtro a través de cuenta de Twitter. ²

El martes 9 de noviembre, hubo una caída de la conexión a la red durante dos horas y 30 minutos que afectó a los estados andinos, principalmente al Táchira. Días después, se reportó la falta de conexión en varios sectores del estado Carabobo luego de registrarse una falla eléctrica. 

Continúa el hostigamiento y persecución contra periodistas

Un funcionario policial y un civil fotografiaron y grabaron a William Anteliz de Todos Ahora, LuzFrandy Contreras de TRT Televisora Regional del Táchira y Eylin Cardozo,  independiente, mientras cubrían una protesta por los cuatro meses de detención del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, en la sede de la Defensoría del Pueblo del estado Táchira, el martes 2 de noviembre. 

En Maturín, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intimidó a 6 trabajadores de los medios Crónica Uno, Venevisión, Globovisión, Termómetro Digital y Azúkar 100.5 FM, mientras cubrían un donativo de la Cruz Roja el 17 de noviembre en el Hospital Central del estado. El funcionario les dijo que no podían estar ahí sin consultarle al director del recinto de salud. 

En otro hecho, la GNB detuvo al fotógrafo Carlos Germán Debiais García en la urbanización Judibana, municipio Los Taques del estado Falcón, por sobrevolar un dron que aparentemente rodeó las instalaciones de la refinería Amuay. Remigio Ceballos, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del gobierno de Nicolás Maduro, confirmó su detención y lo relacionó con ser parte de un plan terrorista contra algunas autoridades e infraestructuras estratégicas del Estado.  

Tras el procedimiento, el Tribunal Tercero de Control con competencia en terrorismo, a cargo de la juez Luisa Garrido, imputó al fotógrafo por «terrorismo», «asociación para delinquir» y «violación del espacio aéreo».