El penúltimo mes del año cierra con 66 violaciones a la libertad de expresión, correspondientes a 27 casos, entre los que se repite frecuentemente la intimidación, censura y las restricciones administrativas. Las víctimas en su mayoría son periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa y del lado de los victimarios este mes, los desconocidos, cuerpos de seguridad e instituciones del Estado fueron los principales responsables. Noviembre
Con los datos de noviembre suman 1.017 violaciones en todo el año, entre las que destacan 10 detenciones a particulares y periodistas, hechos que muestran el incremento en los abusos para quien busca, recibe y difunde información sobre temas de interés público.
El ojo censor contra las radios
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue la responsable de que tres emisoras y tres programas de radio salieran del aire en distintas regiones del país, dejando sin opciones a los venezolanos que eligen la radio como medio para informarse.
El 28 de noviembre, Conatel cerró y cargó con los equipos de Imaginación 94.1 FM, emisora que transmitía desde Elorza estado Apure. Durante el procedimiento funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a su director, José Galindo. El cierre no tiene motivos claros, la emisora tenía solo un mes al aire y su documentación estaba en regla.
En el estado Guárico, el alcalde del municipio Miranda, Francisco Graterol, ordenó el cese del segmento radial “Hablan las parroquias”, conducido por el abogado y profesor universitario, Cruz Miguel Ledezma, el pasado 18 de noviembre.
«Hablan las parroquias» era parte del programa“La Revista” conducido por Gladys Ochoa que se transmite todos los lunes de 2 a 4 pm por 94.5 FM Circuito Stéreo Center. En el segmento, los ciudadanos hacían denuncias sobre el estado de los servicios públicos y las distintas inquietudes que surgían en la comunidad.
En Ciudad Guayana, estado Bolívar, Conatel ordenó el cierre del programa “Polémica”, transmitido por Dinámica 95.5 FM el pasado 19 de noviembre. El programa de opinión conducido por César Solito Decán, tenía más de 8 años al aire y se transmitía de 04:00 a 6:00 de la tarde. El espacio incluía entrevistas y un análisis de la coyuntura nacional del acontecer regional.
“Ya existía presión en la emisora, hoy me llamó el director de la radio y me dice que el programa queda suspendido, nosotros lo único que hacemos es leer los títulares de la prensa a diario”1.
No era la primera vez que Conatel amenazaba a la emisora, Decán informó que 15 días antes fue a la sede del ente regulador de las telecomunicaciones para mediar sobre su caso y allí supo que habían incluído en una lista a una emisora que retransmitía su programa, la cual tiene tres años cerrada con equipos confiscados.
El 5 de noviembre, una comisión de Conatel decomisó los equipos de la emisora Jet 95.3 FM que salía al aire en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón. El procedimiento fue realizado sin que existiera una orden que lo avalara. La emisora tenía solo tres meses al aire y según el Presidente del Circuito Radial Cardón 95 (emisora aliada de Jet), José Jordán, contaba con todos los permisos pertinentes para transmitir en la Península de Paraguaná.
Con el cierre, al menos 15 trabajadores de la comunicación entre productores, locutores, operadores y personal administrativo quedaron sin un puesto de trabajo. Esta es la segunda emisora cerrada en la entidad en menos de un mes, siendo también afectada la emisora Médano Radio 95.5 FM en Coro.
Conatel lleva adelante medidas que no solo afectan a los directivos de los medios; sino que limitan la pluralidad y restringen el derecho consagrado en la Constitución Nacional que garantiza que todos los venezolanos puedan acceder a la información utilizando la opción de su preferencia.
Consecuencias de patear la calle en Venezuela
Hacer cobertura periodística de calle en Venezuela significa estar expuestos no solo a la conflictividad y a los niveles de violencia del país. Durante el año 2019 los mecanismos para silenciar a los medios se han hecho más fuertes, evitando la captura de imágenes, testimonios o que graben videos que desmientan o contraríen la versión oficial de la situación del actual.
Tal es el caso del equipo de transmisión del canal Venezolanos por la Información TV (VPITV), que fue atacado con piedras por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la tarde del jueves 14 de noviembre durante una manifestación de estudiantes que se produjo en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas.
“El evento sucedió porque los estudiantes estaban lanzando piedras hacia el piquete del extremo derecho de la entrada de la universidad…estábamos justamente en el lado del canal que va hacia la autopista Francisco Fajardo. Uno de los estudiantes estaban aventando piedras hacia los funcionarios y ellos estaban lanzando también piedras, botellas de vidrio y demás objetos contundentes hacia los manifestantes y nosotros que estuvimos allí haciendo cobertura fuimos impactados por esa piedra que lanzó claramente un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. La piedra picó en el suelo y fue a dar a nuestro trípode”, dijo la reportera en entrevista a Espacio Público.
La violencia no solo es el arma de los funcionarios, el viernes 15 de noviembre, un grupo de civiles armados intimidaron a los equipos de prensa de Televen y Punto de Corte cuando cubrían el paro nacional de enfermeras del Hospital Miguel Pérez Carreño. El reportero de Punto de Corte, Johan Álvarez, y su camarógrafo, Edgar Hernández, al llegar al lugar fueron abordados por tres sujetos armados, vestidos de negro y con chalecos antibalas; quienes les ordenaron que debían alejarse al menos 20 o 30 metros del ingreso al centro médico asistencial.
El cuerpo de enfermeras al percatarse de la situación con los civiles, intervino. Álvarez se acercó a uno de los PNB que custodiaba el sitio y le preguntó si existía alguna manera de que les garantizaran la seguridad, pero no obtuvo respuestas. “Se hicieron la vista gorda, excepto uno de ellos que me indicó un punto específico donde ubicarnos y poder hacer el trabajo”; destacó Johan Álvarez en entrevista con Espacio Público.
Igual suerte tuvo el equipo de VPITv en el estado Monagas cuando un grupo de vecinos atacó a la periodista, Mariana González Latuff y su camarógrafo, Thomas Romero, mientras entrevistaban a algunas personas que denunciaban fallas en los servicios públicos del sector La Puente, Maturín, el pasado 29 de noviembre.
“Estábamos en una comunidad donde nos atendieron muy bien. Cuando nos íbamos, unos chavistas se acercaron a decirnos que nos fuéramos. Uno de ellos empujó a mi camarógrafo, se cayó nuestro equipo y se partió el trípode”, señaló González. La situación no pasó a mayores gracias a la acción de los mismos vecinos del sector quienes los auxiliaron y acompañaron hasta el transporte del canal.
En el estado Guárico, el corresponsal del portal digital El Pitazo, Pedro Izzo, resultó agredido por un funcionario vestido de civil cuando cubría el desalojo de los locales comerciales ubicados frente al hospital de San Juan de los Morros, el 18 de noviembre.
La agresión se llevó a cabo alrededor de las once de la mañana cuando funcionarios rodearon la entrada del hospital y los periodistas de Radio Fe y Alegría, Venezolanos por la Información (VPITv) y El Pitazo quisieron hacer algunos videos sobre lo que ocurría.
En entrevista a Espacio Público, Izzo describió: “los funcionarios formaron una especie de cordón rodeando la zona , cuando empiezo a grabar un hombre vestido con camisa roja me arranca el telefóno; analizo la situación porque inicialmente pienso que se trata de una broma, pero en segundos me percato que los funcionarios empezaron a rodearnos”.
“Le exigí que me devolvieran mi teléfono, les hice saber que soy periodista y que solo estaba haciendo mi trabajo. El hombre que se llevó mi celular le preguntó a otros funcionarios quién era yo y al asegurarse que realmente estaba trabajando, me lo regresó” detalló Izzo.
Continuan los bloqueos
El bloqueo de Internet caracterizó la jornada del sábado 16 de noviembre, cuando cientos de ciudadanos se congregaron en las principales ciudades de Venezuela, siguiendo el llamado a las calles que realizó el presidente de Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó. La protesta tenía como fin denunciar las consecuencias de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país y exigir elecciones presidenciales libres. La manifestación que comenzó a partir de las 10:00 am finalizó aproximadamente a las 2:30 pm.
Lo que sucedía en las calles no podía ser transmitido a través de la red porque desde la mañana, los venezolanos experimentaron un bloqueo parcialmente efectivo limitando el acceso a las plataformas de redes sociales como : Twitter, Facebook e Instagram.
Según el observatorio de Internet VeSinFiltro el bloqueo inició “de forma significativa a las 9:50am (hora de Venezuela, gmt-4) y se implementó mediante la técnica conocida como Filtrado por SNI, que requiere equipos sofisticados para inspeccionar el contenido de todo el tráfico de Internet que pasa por ellos”.
Youtube fue bloqueado desde la 1:08pm, momento en el que líderes de la oposición pronunciaban sus discursos en las tarimas de las concentraciones y los medios digitales realizaban las transmisiones en vivo a través de la plataforma de videos. A las 2:03 pm terminó este bloqueo TCP, el cual tuvo una duración de 55 minutos. Según VeSinFiltro el fin del bloqueo ocurrió a las 3:48pm (hora de Venezuela) cuando el grueso de las manifestaciones disminuyó.
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) también actuó en noviembre, bloqueando los sitios web de los medios de comunicación digital el diario La Voz y La Región Web, el miércoles 27 de noviembre.
La denuncia fue realizada por el periodista Daniel Murolo, Director Ejecutivo de La Región Web, quien además detalló que el ataque del que estaban siendo víctimas ambos portales se trata un ataque por DNS.
“Se trata de un bloqueo por DNS. Aún persiste el bloqueo al portal diariolaregion.net. La única vía para entrar al portal es a través de VPN”.
Radicalización de la violencia
El retroceso en las garantías que el Estado debe ofrecer, estimula el clima de tensión generado por la crisis. Esto trae como consecuencia el recrudecimiento de la violencia y posteriormente el incremento en los niveles de impunidad. Cuando el Estado permite por acción u omisión la impunidad de accionnes que atentan contra la dignidad humana, se configura una violación de los Derechos Humanos, y se debilita la democracia.
El abuso de poder se muestra en cada acto de los funcionarios contra ciudadanos o periodistas que se encuentran ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El 15 de noviembre, la sede en Caracas, del partido político Voluntad Popular fue asaltada por al menos 12 funcionarios de seguridad. El coordinador Nacional de la tolda naranja, Roland Carreño, calificó el hecho como un “vulgar robo” e informó que uno de los funcionarios dijo que ahí “iban a entregar unas armas”.
En el hecho fue desmantelado el equipo de comunicaciones del partido, cargaron con computadoras, teléfonos celulares, cédulas de identidad y dinero de 30 personas de la organización política que estaban terminando el acto operativo que se llevaría a cabo el sábado 16 de noviembre en la manifestación nacional convocada por los líderes de la oposición.
El Código Orgánico Procesal Penal señala que solamente en casos debidamente fundados, y con una orden expedida por un Juez de Control Penal, bajo estrictas normas acerca de su contenido, finalidad y procedimiento, funcionarios de cuerpos policiales de investigaciones podrán ingresar a algún lugar con la finalidad de realizar un registro.
Otro allanamiento fue practicado a la sede de la empresa Venmedios donde funciona el portal digital Entorno Inteligente, la tarde del martes 19 de noviembre de 2019. Funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ingresaron al lugar, cargaron con equipos de la empresa y detuvieron Ana Belén Tovar, gerente de operaciones de Venmedios.
Sobre el allanamiento, el Director de Entorno Inteligente, Hernán Porras informó a las 4:13 pm través de su cuenta en Twitter que los efectivos estaban en la sede aislaron a los empleados en un pasillo y les quitaron sus pertenencias (cédula de identidad y teléfonos celulares) y que desconocía la razón del allanamiento.
Además detuvieron a 6 trabjadores de la prensa que cubrían la noticia: Andrea Espinoza (reportera), Jonathan Bello, Danger Zorrilla y Jonathan Azuaje de VPITV; y Miguel Da Silva (reportero), Roger Carrillo (conductor) de Caraota Digital. A las 8:54 pm el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa informó la liberación de todos los que reportaban el hecho.
Ana Belén Tovar aún se encuentra detenida. Tovar estuvo 11 días incomunicada y es víctima de una detención arbitraria por la presunta publicación de información sobre altos funcionarios. La familia y los abogados de Tovar estuvieron dos semanas sin saber los cargos por los cuales se mantenía detenida.
Referencias
| ↑1 | Cesar Solito Decán, entrevista telefónica con Espacio Público, 20 de noviembre de 2019 |
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