Durante la celebración del 167° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Bogotá, Ricardo Rosales, Abogado representante de Espacio Público denunció el cerco informativo llevado a cabo por el Estado y exigió atender la crisis humanitaria compleja con medidas urgentes además de garantizar un sistema transparente que responda a las necesidades que comprometen la vida de los venezolanos.
Durante su argumentación, Rosales informó que en 2016 Espacio Público introdujo 91 peticiones de información de las cuales el Estado sólo respondió 1; de igual forma en 2017, se llevaron a cabo 31 peticiones y ninguna tuvo respuesta. En 8 años hemos tenido 26 demandas sin sentencia a favor de la información. El silencio va acompañado de otras restricciones legislativas y judiciales que reservan la información al poder ejecutivo. Según la CIDH en su reciente informe “existe una política de secreto con graves consecuencias para los derechos humanos”1.
Alimentación
Asimismo denunció que en materia de alimentación no se respondieron peticiones sobre producción anual de alimentos, demanda nacional y medidas para atender el déficit.
Rosales expresó que desde el 2015 no hay rendición pública de registros sobre el desempeño de las empresas estatales o datos oficiales sobre escasez e inflación en alimentos. Ante la crisis, el Estado creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los denominados CLAP, ocultando información sobre su organización, regulación y funcionamiento. Como en otras esferas de lo público, la CIDH constató las preocupantes denuncias relacionadas a corrupción con alimentos.
En 2017 los problemas de acceso y disponibilidad de alimentos se acentuaron dramáticamente con la ausencia de información. La Comisión reconoce graves retrocesos que evidencian que el Estado no garantiza contenidos esenciales del derecho, lo cual impacta especialmente en las condiciones de vida de grupos vulnerables.
Salud
En materia de salud la situación es la misma. Peticiones de información sobre medicinas importadas, boletines epidemiológicos y salud sexual y reproductiva no obtuvieron respuestas. No hay informes de gestión publicados recientes. Los Boletines Epidemiológicos Semanales del Ministerio de Salud dejaron de publicarse desde junio del 2015. En abril de 2017 se publicaron los datos del año 2016, tras lo cual, la entonces Ministra de Salud fue removida del cargo.
La escasez de medicamentos, insumos, material y tratamiento médico se viene agudizando desde el 2014, y el año pasado alcanzó niveles inéditos. Las protestas del 2017 fueron un reclamo ante la situación socioeconómica del país, y el Estado respondió con mayor represión.
Secretismo y Opacidad
La emergencia humanitaria en Venezuela es consecuencia de un modelo autoritario que combina políticas de opacidad informativa y castigo, buscando divorciar a la sociedad de lo público. La estrategia gubernamental se centra en ocultar los datos sobre inflación, evitar la difusión de las largas filas en los supermercados y desconocer las denuncias de la escasez de insumos en los hospitales.
La desinformación mediante la difusión de mentiras en los medios estatales, y la recurrente confiscación de equipos y material a reporteros junto a la persecución de trabajadores de la salud que denuncien la situación, completan un escenario que limita seriamente la participación informada de las personas en la vida pública. El acceso a la información es una garantía transversal a la posibilidad de debatir y encontrar soluciones estructurales a la crisis y realizar plenamente todos los derechos humanos.
Espacio Público exige al Estado atender la crisis humanitaria compleja con medidas urgentes, y desarrollar al mismo tiempo una cultura de transparencia para responder a las necesidades, cada vez más complejas, que comprometen la vida de los venezolanos.
Exigencias de la Relatoría
Luego de escuchar los planteamientos de la Sociedad Civil y el representante del Gobierno la CIDH exigió al gobierno de Nicolás Maduro permitir el ingreso de ayuda humanitaria al país para superar la crisis que afecta a los venezolanos.
“La CIDH no solo exhorta sino exige al gobierno de Maduro aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece, porque es claro que no puede atender su deber y garantizar la protección de los derechos fundamentales”, indicó Francisco Eguiguren, relator de la Comisión para Venezuela.
Además pidió al gobierno que cese las sanciones unilaterales que interpuso al organismo internacional para que la “Comisión pueda visitar el país”.
“Se ha documentado la salida del país por la situación, más allá de discutir sus causas, es clara que esa situación humanitaria grave existe, cuál es la razón por la que el gobierno de Venezuela se niega a permitir y aceptar la ayuda humanitaria. No es un tema ideológico, está de por medio la vida de las personas”, agregó Eguiguren.
El Gobierno
Asimismo aceptó que hay “una dificultad para el acceso de medicamento y medicinas”, pero que “Venezuela tiene capacidad para comprar y proveer a su población los recursos que requiere. Venezuela no necesita que nos regalen nada”.
Referencias
| ↑1 | CIDH, Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, publicado en febrero de 2018, recuperado el 27/02/2018 en https://goo.gl/o1o3ce |
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