El uso de discursos estigmatizantes y la imposición de apagones informativos se han convertido en la respuesta oficial del Estado venezolano ante la catástrofe. Este miércoles 15 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hostigó verbalmente a los corresponsales y trabajadores de la prensa internacional que se desplazaron al país para cubrir la emergencia humanitaria causada por el doble terremoto del 24 de junio de 2026, un desastre que ya registra cerca de 5.000 personas fallecidas.
Durante la transmisión de su programa semanal Con el mazo dando, a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello tildó la labor de los medios extranjeros en La Guaira y Caracas como “una guerra mediática, miserable, desnaturalizada y enfermiza”. El funcionario descalificó a los periodistas llamándolos “mentirosos” y “palangristas”, afirmando que a Venezuela llegó “lo peor de la fauna del palangrismo mundial con una sola agenda: hurgar y echar sal a las heridas”.
Este ataque sistemático no es un hecho aislado. El 2 de julio, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, también recurrió a la narrativa de los “laboratorios mediáticos” para justificar la militarización del estado La Guaira y desestimar las denuncias ciudadanas sobre la lentitud en el rescate.
Rodríguez tildó de “miserables” las alertas generadas en torno a la emergencia; sin embargo, investigaciones de la organización Cazadores de Fake News demostraron que las alertas —como la posibilidad de un tsunami— no provinieron de “laboratorios políticos”, sino de entes científicos internacionales como el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE. UU. 1.
Asedio nacional a la prensa libre
También hemos visto una retórica hostil en las regiones. El 15 de julio, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, instó formalmente a los medios y periodistas locales a suspender por 15 días cualquier información vinculada a los sismos.
Aunque el mandatario regional convocó a la prensa para que los medios se sumaran a la red de apoyo “Monagas Solidaria” —destinada a atender a 612 personas desplazadas por la tragedia—, condicionó la gestión pública a una “pausa informativa”.
Este patrón restrictivo se refleja en los registros de las organizaciones ndependientes. Solo durante el mes de junio, en el contexto de la emergencia sísmica, Espacio Público documentó 19 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde la intimidación y la censura fueron las modalidades más frecuentes ejercidas por cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos contra periodistas y reporteros gráficos.
Exigencias bajo estándares internacionales de Derechos Humanos
Ante este escenario de hostigamiento y censura institucional, organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su firme rechazo y exigen al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales:
- Cese al hostigamiento y uso de medios públicos para la estigmatización: el uso de la planta televisiva del Estado (VTV) para difundir discursos de odio, agravios y descalificaciones contra periodistas viola los principios de pluralismo y libertad de expresión. Los funcionarios públicos tienen un deber de alta responsabilidad en sus discursos y no pueden utilizar el poder comunicacional del Estado para criminalizar a quienes informan.
- Garantía de acceso libre y seguro a las zonas de desastre: el derecho internacional de los derechos humanos establece que, en contextos de emergencias y desastres naturales, el acceso a información oportuna, independiente y verificada es un derecho vital de la ciudadanía para su protección, supervivencia y para la localización de familiares. Restringir el acceso físico de la prensa a las zonas afectadas o militarizar los espacios para impedir la contraloría social constituye una violación al derecho a buscar y recibir información.
- Inadmisibilidad de la censura previa por razones humanitarias: las autoridades no pueden utilizar la “salud mental” o el “respeto a la dignidad” como pretextos legales para cercenar el debate público o silenciar la magnitud de una tragedia.
- Facilitar el trabajo de la prensa nacional e internacional no es una concesión gubernamental, sino una obligación del Estado para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas en el manejo de la crisis y el derecho de toda una sociedad a saber la verdad en sus momentos más vulnerables.
- Cazadores de fakenews, 8 de julio de 2026. Alerta de tsunami tras doblete sísmico no vino de “laboratorios mediáticos”, sino de un ente científico de EE. UU. Recuperado en https://www.cazadoresdefakenews.info/tsunami-delcy-laboratorios-mediaticos/ [↩]