Por Misleiby González[1] – En el año 2018, las empresas de comunicación social tuvieron una fuerte caída como consecuencia de la crisis estructural que vive el país. Para diciembre de 2018, diez (10) de los 24 estados de Venezuela se encuentran sin prensa escrita y con muy pocas opciones para informarse a través de medios tradicionales, puesto que la mayoría de los existentes forman parte del ecosistema de medios controlados por el Estado. Los 14 estados restantes están en situación crítica, muchos se debaten entre continuar en la calle, censurar temas o unirse a la lista de medios cerrados.
Las razones son diversas, entre las más frecuentes se encuentran: la crisis económica[2], la escasez de efectivo[3] y el monopolio de la materia prima ejercido por el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), organismo creado en el año 2013 y que desde entonces controla “la producción, distribución, y comercialización de diversos productos impresos, destinados a la información, divulgación, propaganda y publicidad”[4].
Cambios de formatos, reducción de personal, cierres de corresponsalías, disminución en el tiraje diario e incluso migraciones a la web, son algunas de las alternativas tomadas por los dueños de los medios impresos para garantizar la información, sin embargo, suman 40 los periódicos que dejaron de circular desde el año 2013.
El gobierno conoce la situación, medios, organizaciones, gremios, directivos y trabajadores denunciaron las consecuencias de los cierres; en principio la reducción de la pluralidad y las alternativas de información, la reducción de los espacios para la participación y el rol contralor de los medios, usados por la ciudadanía para denunciar irregularidades en la gestión del poder. Y finalmente la consecuencia directa del cierre de una empresa generadora de empleos que deja cesante a una gran cantidad de trabajadores, todo esto, en medio de un contexto económico de hiperinflación.
Mientras esto ocurre, se desarrolla la peor crisis política, económica y social de la historia contemporánea de Venezuela, se multiplican los índices de protestas y hay miles de personas movilizadas a diario que exigen mejores condiciones de vida frente a la escasez de medicinas, alimentos, el colapso de los servicios públicos y la vulneración de los derechos. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social[5], 2018 cerró con un total de 12.715 manifestaciones, lo que equivale a 35 protestas diarias, un 30% más que en 2017, año en el que se totalizaron 9787, un promedio de 27 diarias.
En este contexto, el poder político restringe el acceso a la materia prima y no hace esfuerzos para atender la situación de los medios, porque la permanencia de estos garantiza que la realidad sea documentada y divulgada. Ese acto de inacción representa un atentado en contra de la libertad de expresión, lo que evidencia el deterioro en la vigencia del derecho en el país.
El gobierno de Nicolás Maduro continuó con la política de Chávez, al emprender acciones directas contra los medios de comunicación, entendidos como adversarios políticos. Este proceso impuso la censura en la agenda informativa, pues los que se arriesgan a publicar la información que se desarrolle y cuestione la imposición de la verdad oficial son presionados por vías directas e indirectas, sacados de circulación u obligados a migrar a la web.
Amazonas: la emergencia del silencio
En julio de 2018, la crecida del caudal del Río Orinoco afectó a casi 10.000 personas[6]. Las fuertes lluvias causadas por las ondas tropicales predecidas y esperadas cada año, produjeron el mayor aumento en los niveles desde 1976.
La crecida del Orinoco no solo afectó al estado Amazonas, sino a seis estados más, entre ellos: Amazonas, Delta Amacuro, Apure y Bolívar, los estados que concentran el mayor porcentaje de población indígena en el país.
En Amazonas la emergencia mayor se registró en los municipios: Atabapo, Autana, Puerto Ayacucho, Puerto Páez y Puerto Carreño[7]. Donde los refugios se vieron en la necesidad de aumentar su capacidad porque cada día el número de personas que lo habían perdido casas, propiedades y enseres aumentaba.
Diputados/as, organizaciones, voluntarios/as y ciudadanía denunciaron que la emergencia no fue atendida con la celeridad que amerita pues, fue cinco semanas después del comienzo de la inundación que el país conoció lo que sucedía.
Historias de la proliferación de enfermedades[8], o del aumento en los índices delictivos, no fueron informadas al resto del país de forma oportuna. Ante la ausencia de cobertura y medios de comunicación, los diputados del estado Amazonas, fueron quienes a través de sus redes sociales narraron lo ocurrido, mientras el gobierno regional afirmaba tener todo controlado.
Amazonas forma parte de los nueve estados que en 2018 quedó sin medios impresos; El Amazonense, El Autana, El Chamancito, El Delta de Amazonas y El Kiki Riki, son los seis periódicos que salieron de circulación en unos de los estados más grandes y extensos de Venezuela, con 177 mil kilómetros cuadrados.
Apure: frontera en silencio
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”[9].Lo que parece evidente, por ser un derecho fundamental contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es vulnerado cuando el Estado no es capaz de evitar el secuestro de una persona. Este mal que aqueja con frecuencia al estado Apure, por ser un estado fronterizo con Colombia, la población se expone a la presencia constante de grupos paramilitares que hace vida en la zona ante la abierta omisión de las autoridades nacionales.
El año 2018 se cumplieron 14 años que el gobierno nacional no publica estadísticas relacionadas con criminalidad y violencia en el país, la opacidad que acompaña esta política tiene que ver con los altos niveles de estas cifras. La presencia de grupos irregulares de la guerrilla colombiana, bandas criminales y organizaciones paramilitares ha causado estragos en el estado fronterizo. Organizaciones de la sociedad civil hacen un esfuerzo por documentar los testimonios de las víctimas de estos delitos en la frontera.
Fundaredes[10], en su informe 2018 realizó seguimiento a las denuncias de desapariciones de personas y secuestros registrados en los estados fronterizos y afirma que los municipios más afectados fueron: Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. Entre las víctimas de este año cuentan: Arturo Baene, Yulbreider Pallares, Ronald Montejo y Leonardo Pallares, quienes fueron secuestrados por presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre el municipio Páez (Venezuela) y el municipio Teorama (Colombia), entregados a una misión humanitaria integrada por más de 10 habitantes de Teorama que entraron a la selva para recibirlos[11].
En entrevista a Espacio Público, Ángel Bravo[12], dirigente político de la entidad, afirma que el secuestro es un problema con el que lidian los apureños, acompañado de la extorsión, representa una situación naturalizada por la población. Afirma que familiares de las víctimas tienen miedo a acudir ante las autoridades, la denuncia pública revela un nuevo patrón de delitos: “la tercerización” que consiste en que bandas de hampa común capturan a sus víctimas para luego “venderlas” a los grupos irregulares y no son liberadas hasta lograr el pago del rescate o el canje de algún compañero detenido.
“En Guasdualito, San Fernando, Cutufí y El Nula, semanalmente desaparecen de tres a cuatro personas, eso es algo que nadie dice porque no hay medios”[13].
A mediados del 2018, Apure se quedó sin sus únicos tres periódicos[14]; Visión Apureña, NotiSemana, y Diario ABC, todos abandonaron la calle por la imposibilidad de acceder a la materia prima para imprimir. La falta de medios hace que el ejercicio periodístico se reduzca al mínimo, hacer seguimiento, investigación y denuncias de realidades tan peligrosas representa un riesgo para el periodista independiente que desee hacerlo.
Barinas: acá no hay sicariato
El 12 de mayo los cuerpos sin vida de los campesinos Jesús León y Guillermo Toledo, cuyo secuestro por parte de grupos irregulares se denunció el día anterior, fueron encontrados a orillas de la carretera que colinda con el caserío Las Calenturas, en el estado Barinas, al sur del país.
24 horas antes, León y Toledo fueron abordados por cinco hombres fuertemente armados quienes con una lista de nombres se dirigieron a las casas de las familias del Hato “Palo Quemao”. En la lista se encontraban los nombres de Jesús y Guillermo[15].
Estos campesinos estaban vinculados al movimiento de recuperación de tierras impulsado por el gobierno nacional y recientemente fueron desalojados del Hato “Palo Quemao”, en donde ocuparon por más de cinco años unas de 200 hectáreas en las que cultivaron distintos rubros[16].
León y Toledo formaron parte de las delegaciones campesinas que entre el 23 y el 25 de abril (apenas tres semanas antes de su asesinato) se trasladaron a Caracas para llevar el caso ante la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc), el Ministerio Público, el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras (INTI).
El caso de esta zona se inscribe en la escalada de violencia, como consecuencia de la resistencia de los habitantes que están sometidos a extorsión, robos, ocupación ilegal, hechos que no pueden denunciar por ausencia de institucionalidad, que promueve la impunidad, y falta de medios.
El asesinato de León y Toledo fue reseñado en pocos portales noticiosos cuya línea editorial está apegada al gobierno, la falta de medios hace casi inexistente la presencia de periodistas que puedan realizar una investigación, constatar hechos y denunciar.
En 2018 la oferta informativa del estado Barinas se redujo a cero, a inicios de año contaban con dos diarios: La Prensa de Barinas y La Noticia de Barinas, ambos dejaron de circular en el primer semestre. Las únicas opciones son dos emisoras de radio de corte comunitario y abiertamente identificadas con la línea editorial del gobierno.
Cojedes: sin lugar para exigir servicios públicos
Son nueve los municipios del estado Cojedes que sufren las consecuencias de un sistema de distribución de agua potable colapsado. En porcentaje poblacional estos municipios ocupan más de 70 por ciento de la extensión, sin embargo, Tinaquillo, Tinaco y San Carlos, son los sectores que más se ven afectados pues varios de ellos pasan hasta más de 30 días sin recibir agua.
En 2018 se cumplieron 18 años desde que los cojedeños lanzaron la primera alerta al Gobierno Nacional sobre los problemas con la represa Las Mercedes del municipio Tinaquillo y la presa Las Palmas en el municipio Anzoátegui, sin embargo, el silencio fue la respuesta gubernamental. “Hubo tiempo, paciencia y sobre todo dinero, dinero que se robaron, pero que nadie reclamó. La lista de responsables es infinita, pero ni el gobierno de Jhonny Yánez, Teodoro Bolívar, Érika Farías y ahora Margaut Godoy han sido capaces de dar la cara”, expresó Roberto Gil, habitante del municipio Tinaco.
Para Gil, son muchas las historias que no se contaron en los medios, afirma que no existe memoria de estos años porque nadie la registró “todo se nos olvida, en unos años, no recordaremos el presupuesto que se dispuso para la recuperación de la represa ni a los responsables que se lo robaron”.
Su principal preocupación es la situación de aislamiento respecto al resto del país “estoy seguro que nadie sabe que tenemos meses sin agua, nadie sabe lo que pasa en Cojedes, así como aquí tampoco sabemos lo que pasa en San Cristóbal, por ejemplo”[17]. En el caso de Cojedes, sus habitantes contaban solo con Las Noticias de Cojedes[18] para informarse, pero sucedió lo mismo que en Barinas, fue cerrado por tiempo indefinido, en mayo de 2018, ante la falta de papel prensa que le dejó de suministrar el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), luego de haber reducido su edición de 32 páginas a 16, sin embargo, esta vez, ya no pudieron sostenerse más.
Este es solo un problema de los muchos que existen en el estado, Gil en su relato comenta que a pesar de que los camiones cisternas intentan mitigar el problema de la escasez, la oferta es limitada y la escasez afecta más a los barrios y sectores populares. Al clamor por el agua[19], se le suman las interminables colas para adquirir las bombonas de gas, alimentos, pañales y medicinas, situaciones que están silenciadas.
Falcón: ¡Que nadie sepa que hay piratas!
Falcón está ubicado al noroccidente del país y su actividad económica es básicamente turística. En 2018, la crisis económica incidió en el aumento de los índices delictivos.
El estado costero es víctima de un fenómeno que pocos en el país conocen y que Leonor Fernández[20] describe muy bien, de los “piratas[21], bandas organizadas que constantemente roban y secuestran a los turistas y dueños de lanchas o embarcaciones” esta situación está relegada de la opinión pública. A mediados de 2018 los dos únicos diarios impresos salieron de circulación producto de la crisis económica y la imposibilidad de sostener la nómina de sueldos y salarios decretado por Nicolás Maduro en agosto de ese año.
“Es una realidad que no se puede denunciar, todos saben que los piratas existen, saben lo que hacen, pero no hay forma de detenerlo” explica Fernández, al tiempo que lamenta que sus playas se hayan vuelto tan peligrosas, a su juicio, esto ha afectado el flujo de turistas, quienes ya no van solos a la playa, sino en grupos de amigos y regresan a casa temprano para no exponerse.
Los atracos colectivos, el tráfico de drogas, contrabando, entre tantas ilegalidades, son parte de la realidad del estado que la censura impuesta no permite contar. Estas actividades no solo se realizan en alta mar, sino que las playas del estado Falcón donde las autoridades se hacen de la vista gorda ante los actos delictivos, lo que garantiza la impunidad.
“Se mueven en motos, camionetas último modelo, lanchas rápidas, son reconocidos por todos, pero nadie dice nada” cuenta Fernández, quien además asegura que la actuación de estas bandas no se limita al robo de comida, dinero, teléfonos, cámaras, ropa, y motores, sino que secuestran personas y no temen enfrentar a disparos a los guardacostas.
La orfandad informativa deja a la población sin el recurso periodístico para dejar constancia y testimonio de la situación que viven. El servicio público de los medios de comunicación tiene sentido como puente para la denuncia, y en la posibilidad de mejora de las condiciones de vida, a través de la exigencia y la contraloría social.
Nuevo Día, La Mañana, El Periódico de Zamora, Diario Médano y El Falconiano[22]ya no circulan. En Falcón no hay opciones para estar informado, domina el sistema de medios públicos que prioriza el discurso oficial en detrimento de aquello que cuestione la gestión pública.
Monagas: silencio como forma de poder
La realidad de un estado como Monagas pasa desapercibida cuando sus narradores pierden el espacio natural para contarla. En 2013, la lista de medios activos sumaba ocho nombres, pero con el tiempo fueron desapareciendo y solo quedó El Sol de Monagas[23], un diario que producto de la escasez de papel prensa, el 7 de julio de 2018, se convirtió en semanario. Dadas las presiones económicas, La Prensa y El Periódico de Monagas, La Verdad, El Oriental y Notidiario se trasladaron al formato digital; mientras que El Extra de Monagas y Diario Mayor cesaron operaciones completamente por la imposibilidad de asumir los costos de la nómina propuesta por Maduro en agosto de 2018.
En cualquier lugar del mundo la noticia de que un alcalde asesinó a golpes a un ciudadano durante la celebración de una fiesta popular hubiera conmocionado la opinión pública, pero en Venezuela no fue así, el pueblo donde ocurrió el hecho forma parte de uno de los nueve estados del país que se quedó sin medios en 2018: Caripito, estado Monagas, al nororiente del país.
Sucedió el 9 de septiembre, siete funcionarios públicos del municipio Caripito, entre los que se encuentra el alcalde Nelson López, propinaron una golpiza a un joven de 21 años llamado Hugo Rafael Centeno y a su hermano Oswil Andrés Centeno, causándole la muerte al primero.
Como el hecho ocurrió en medio de la fiesta tradicional en conmemoración de la Virgen Del Valle, los testigos fueron muchos, sin embargo, la cobertura local fue nula. Según el periodista Héctor Caldera, aliado de Espacio Público en el estado Monagas, la familia Centeno intentó denunciar ante la opinión pública pero fueron amenazados por el alcalde. El suceso fue censurado en las dos emisoras radiales existentes que forman parte del aparato comunicacional pro gubernamental.
La información fue difundida casi dos semanas después. La diputada a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Monagas, María Gabriela Hernández, denunció lo ocurrido a través del testimonio de Oswil Andrés. “Aun cuando pasaron dos semanas del hecho, y estando identificados los autores, no tenemos a ninguna persona detenida y no sabemos dónde se encuentra Nelson López”, expresó Hernández en una entrevista a Radio Fe y Alegría Noticias, el 24 de septiembre de 2018.
“Los diputados de la AN tuvieron que ir a buscar el caso y denunciar, luego de eso fue una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a llevarse al alcalde para meterlo preso. Pero a la luz pública el caso salió luego de eso, yo hice un reportaje para Venezolanos por la Información (VPI) y estaba muy asustado porque mi familia estaba allá”, expresó Caldera.
Para el periodista resultó inverosímil que a pesar de la solicitud de la comunidad para hacer cobertura del hecho, ni los medios locales ni los periodistas respondieron por lo delicado del caso. Los medios de comunicación fungen como un contra-poder que expone el comportamiento de los funcionarios públicos cuando no actúan de acuerdo al Estado de Derecho. Sin embargo, la falta de institucionalidad, de división de poderes, y en consecuencia, la ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales, merma las posibilidades de una vida digna, lo que implica, entre otras cosas, la carencia de espacios y condiciones para la libre difusión de información e ideas, para el debate de lo público.
Los/as monaguenses tienen entre sus alternativas tres canales de televisión: Monagas Vision, TV Plus, CRN, todos forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos, por lo que la crítica, la denuncia y la información contrastada no son la principal característica de los contenidos ofrecidos por estas plataformas. La escasa pluralidad también se ve en la radio: 92.7 FM, 94.7 FM, 100.7 FM, son las emisoras comerciales que permanecen activas, pero la programación se limita al entretenimiento y extendidos hilos musicales.
Sucre: la masacre desconocida
La agonía de los medios en el estado Sucre inició cuando en 2016 el Diario Sucre desapareció de los kioscos de la entidad. Tras el cierre, los sucrenses contaban con tres medios, sin embargo, el anuncio de la paralización de las rotativas de La Región de Oriente, el primero de marzo, impactó a los sucrenses por ser el medio de mayor tradición. Continuaron activos Siglo XXI y Provincia que cambiaron el formato conforme avanzaba la crisis hasta que decidieron migrar a la web por no tener acceso a papel prensa.
Para el periodista Héctor Luis Caldera, el estado Sucre es un estado “fácil de controlar por sus gobernantes”, por estar a merced de la corrupción. La ausencia de medios que hagan contraloría mantiene la situación en secreto.
El secretismo hizo que una masacre que cobró la vida de más de 30 personas no sacudiera la opinión pública. Los medios locales no hicieron cobertura al hecho y aún para esta fecha no hay una versión oficial de lo ocurrido.
El hecho fue entre el 25 y 26 de septiembre de 2018 en San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, pueblos de la costa de Paria, municipio Arismendi, del estado Sucre. Habitantes de la entidad señalan que se debió a una “guerra de poder” por el tráfico de drogas entre las bandas que controlan el lugar.
El suceso provocó una ola de anarquía en la que las fuerzas de seguridad hicieron caso omiso de su mandato de proteger a la población, no solo se desbordó la violencia y se desarrollaron varios saqueos en San Juan de las Galdonas. Sucrenses afirman que en una de las plazas del pueblo se encontraron cuerpos desmembrados dejados por miembros de las bandas. Según El Pitazo[24], el detonante de la matanza fue el robo de 1500 kilos de cocaína, no hay nadie detenido ni proceso judicial abierto.
“Aquí los medios de comunicación dijeron nada de la masacre. El país ignora que la Costa de Paria es zona tomada por el narcotráfico por sus salida a las islas del Caribe, lo que pasa en Sucre deja en pañales a Sinaloa”[25] expresó Luiselena Gutiérrez, habitante del municipio Arismendi, al tiempo que comentó sentirse preocupada por la falta de información.
Este caso, al igual que el del estado Monagas, fue dado a conocer por un dirigente político del estado y en un país donde la persecución a los líderes políticos y la criminalización de la denuncia es una constante, el efecto inhibitorio aumenta.
“Son más de 30 muertos y dantescas imágenes las que registran esta masacre, que es responsabilidad de un gobierno que entregó nuestro territorio a grupos criminales y al narcotráfico”, informó Elguezábal en un comunicado de prensa[26].
El último año las fuerzas el crimen organizado en la zona costera de Paria tomaron el control definitivo por el negocio del narcotráfico marítimo y actúan en el estado con total impunidad ante la mirada de las autoridades.
Portuguesa: ¡No hay agua, solo silencio!
En el año 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua, el artículo 1 de esta establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”, más adelante la Observación nº 15, también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico[27]. En esta misma línea, pero en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, al reafirmar que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
Aunque transcurrieron casí 17 años desde noviembre de 2002, el gobierno nacional ignora esta resolución que lo exhorta a proporcionar suministro de agua potable, limpia, accesible y asequible para todos. Protestas, reclamos, solicitudes son mantenidas por la ciudadanía ante los casi dos años que tienen sin recibir agua potable.
En marzo de 2018 el gobierno regional prometió la instalación de 51 bombas de agua para optimizar el funcionamiento de pozos profundos para garantizar el servicio en comunidades urbanas y rurales del estado Portuguesa.
El inicio del plan de contingencia superó los 20.000 millones de bolívares (cerca de 100.000 U$ al cambio paralelo no oficial), y con ello se buscaba atender los 14 municipios de Portuguesa, con especial énfasis en Guanare, Acarigua y las demás capitales, así como zonas rurales que estaban afectadas por deficiencias del servicio.
Las 51 bombas de agua nunca llegaron a instalarse, empresa Hidrológica Socialista de Portuguesa (Hidrosportuguesa) nunca explicó el por qué ni el paradero de los recursos. El concejal, Francisco Colina, presidente de la Comisión de Salud, Ambiente y Desarrollo Social Comunitario del Concejo Municipal de Sucre, explicó que a pesar de los esfuerzos realizados desde su comisión, para hacer visible el caso, la falta de apoyo en medios de comunicación ha sido motivo para que la situación quede invisibilizada.
“Siento que a pesar del trabajo que hemos venido realizando esta realidad que vive Biscucuy no la conoce nadie, el agua que hoy día sale por las tuberías del municipio son la causa del problema de salud pública que tenemos en el estado. Las consecuencias se ven en los hospitales”[28] explicó el concejal en entrevista a Espacio Público.
El caso no salió en los diarios a pesar de que los ciudadanos alzaron la voz en contra, no hubo periodista que le hiciera seguimiento a la noticia y el rol contralor de los medios no propició la resolución del problema, por el contrario, hoy los habitantes de Biscucuy aún reciben residuos y agua de color verde, marrón y negro.
En 2018, Última hora, el primer impreso del estado Portuguesa, cuya trayectoria informativa llevaba más de 43 años de labor ininterrumpida anunció que debido a la falta de insumos reduciría su circulación a cinco días por semana. Anteriormente tuvo que cambiar su formato, reducir el número de paginación y el tiraje para intentar permanecer en las calles, pero las medidas no fueron suficientes.
Última Hora realizó varias pausas durante el año para tratar de mantenerse; en el mes de agosto de 2018 se vieron en la obligación de cerrar sus puertas tras la imposibilidad de asumir los costos de la nueva nómina anunciada por Nicolás Maduro[29].
Trujillo: la crisis silente de un hospital
La realidad informativa del estado Trujillo se vio afectada luego de que Maduro anunció el aumento del salario en agosto de 2018, muchas empresas no pudieron asumirlo y prefirieron dejar de operar. Entre ellas se encuentran el Diario Los Andes y El Tiempo de Trujillo, la devaluación que implicó el aumento afectó una estructura de negocios ya reducida por las dificultades de acceder a la materia prima. Los esfuerzos ante el Complejo Editorial Alfredo Maneiro solo alcanzaban para prolongar la circulación con la obligación de hacer pausas, cambiar el formato o reducir el tiraje. Sesenta años de historia sucumbieron ante el ahogo económico y el monopolio estatal del papel prensa.
En 2018 el sistema de salud del estado Trujillo colapsó, la red de hospitales entre los que se incluyen el Hospital Universitario “Pedro Emilio Carrillo” (Hupec), mejor conocido como el Hospital Central de Valera y el Seguro Social se vieron en la obligación de hacer cierres técnicos, clausurar áreas producto del mal estado de las instalaciones y de la falta de insumos.
El doctor Carlos Parra, residente del Hupec describe la situación así: “El Hospital se están cayendo a pedazos, la precariedad de los pabellones, el deterioro de la Unidad de Cuidados Intensivos, ningún área tiene aire acondicionado, la sala de parto y el área de obstetricia está colapsada porque no hay ni insumos ni médicos para atender el volumen de partos”[30]. Las denuncias de estos médicos no han encontrado lugar en los medios locales, por el contrario, son hostigados cuando manifiestan para exigir mejores condiciones de trabajo.
Parra detalla que al inicio de estas protestas, la directiva del hospital los amenazaba con suspenderlos o botarlos si seguían denunciando, pero el drama que viven los pacientes y los médicos los alienta a denunciar “no hay medios que vengan a cubrir nuestras protestas, nos grabamos nosotros mismos para subirlo a las redes, alguien tiene que enterarse que este hospital tiene el área de neonatología completamente cerrada, no hay banco de sangre, no hay antibióticos, tratamientos oncológicos, trabajamos con las uñas”.
El hospital universitario es el principal del estado, por lo que probablemente el panorama en las zonas rurales es peor. La crisis de los hospitales afecta a todas las personas y la exigencia del derecho a la salud se lleva a cabo por medio del derecho a la libertad de expresión, pero con su afectación se limita también la demanda por aquel.
Delta Amacuro: el costo de silenciar una epidemia
Es el segundo estado con menos población de Venezuela, después de Amazonas, entre sus particularidades destaca que en sus predios habita la mayor parte de la etnia Warao. Según el censo de comunidades indígenas realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística, la población era de unos 26.080.
Sus características geográficas y el mal estado de la infraestructura vial del país hacen que acceder a este estado traiga consigo una serie de dificultades. Los/as deltanos/as lo sienten, ante la inaccesibilidad aprovechan la escasa conectividad que la intermitencia que la red les permite para informarse en este contexto de aislamiento.
La única opción independiente, El Periódico del Delta, abandonó las calles en junio de 2018 a causa de la crisis económica que impedía adquirir materia prima, la escasez de efectivo que afecta las ventas y las dificultades para mantener el pago de los trabajadores.
En los refugios: Araguaimujo, Cucurital y El Concejo habitaban más de 600 personas, luego de que las riberas del río Orinoco, subieran el agua casi al nivel de los techos. El colapso desató una epidemia de dengue, sarampión, zika, tuberculosis y malaria, situación que se agravó con la crecida y la falta de fumigación y vacunas. Situación que fue advertida meses antes por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando exhortó al Estado venezolano a “tomar una serie de medidas a corto y mediano plazo, entre las peticiones se encuentra la elaboración y la ejecución “urgente” de un plan de acción para detener la transmisión de sarampión y difteria en el país”[31].
En su visita, el organismo internacional comprobó que el sarampión se propagó a 21 de los 24 estados del país, incluyendo al Distrito Capital. Desde julio de 2017 hasta junio de 2018, contabilizan 33 muertes solo en la comunidad indígena warao en Delta Amacuro.
La epidemia es solo una de los muchos problemas que tiene este estado, con la crecida de los ríos se pierden viviendas, se afecta la economía ya golpeada, se agudiza el colapso de los servicios públicos, entre otros. Según Héctor Belmonte, líder comunitario, hay sectores del estado que no tienen escuela hace años, el suministro de agua potable es escaso, la mayoría de los sectores no tienen luz.
Para Belmonte fueron semanas angustiantes, pues los ciudadanos veían como el río crecía rápidamente y las autoridades no daban respuesta oportuna a sus demandas, expresó que de existir medios de comunicación todo el país hubiese visto las condiciones en las que se vivió la emergencia.
“En el refugio de Araguaimujo el agua llegó hasta las puertas. La inundación fue de tal magnitud, que superó los barrancos más altos del caserío y en cuestión de horas avanzó rápidamente unos 15 metros hasta que se inundó completamente”, Belmonte agregó que la situación fue similar en El Concejo, municipio Tucupita, donde la escuela que fue construida sobre unos pilotes y habilitada como albergue, se inundó y con el pasar de los barcos, las olas inundaban los salones, afectando a todos los que pernoctaban allí”[32].
El aislamiento hace que muchos de los problemas que tiene el estado no sean conocidos por el resto de Venezuela, los habitantes aseguran que el año pasado se perdieron un número alto de viviendas y el gobierno regional no respondió a los waraos.
Derechos vulnerados
La censura, la presión en torno al gestión de las concesiones, incluso la inacción ante las consecuencias de la crisis económica, representan limitaciones que afectan directa e indirectamente el derecho a la libertad de expresión y al libre flujo de la información, ideas y opiniones.
Lo sucedido con los medios de comunicación en Venezuela durante el periodo presidencial de Nicolás Maduro y la agudización de la política de restricciones llevada adelante este año, vulnera los artículos 51, 57, 58 y 337 de la Constitución de la República, sobre las garantías a la libertad de expresión y la normativa internacional de Derechos Humanos.
El artículo 13, numeral tres, de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que el derecho de la libertad de expresión no puede ser restringido por medios indirectos, tales como “el abuso de controles oficiales o particulares de papel”[33] en el caso de los impresos.
También está establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que “la creación de obstáculos al libre flujo informativo” y las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”[34].
El Estado venezolano vulnera el primer principio del derecho a la libertad de expresión, que establece que es en sí misma: en todas sus formas y manifestaciones, un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.
Una zona silenciada
El término “zona silenciada” se usó para mostrar al mundo la situación que vivía la presa mexicana en su intento por permanecer informando a pesar de contexto violento y la censura instaurada durante los períodos presidenciales de Felipe Calderón y que continuó con Enrique Peña Nieto. México un país víctima de un fuerte conflicto marcado por el tráfico de drogas y la corrupción.
Se le dice “Zona silenciada” al estado donde la prensa debe callar, lugares donde la prensa evita investigar sobre determinados temas, la mayoría de estos relacionado con narcotráfico, prostitución, corrupción y criminalidad, el miedo venció el derecho de todos los ciudadanos a acceder, y difundir información.
En el contexto mexicano son los jefes criminales quienes irrumpen en las redacciones para imponer los criterios que el medio debía seguir a la hora de informar sobre algunos temas, en Venezuela son visitadas por funcionarios públicos quienes amenazan con cerrar medios, algunos con más de 50 años de historia, negocios familiares, miles de puestos de trabajo, lo que deja sin información y aisladas a regiones enteras.
El patrón es el mismo, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, para los impresos, Conatel para las emisoras radiales y canales de televisión y Cantv para bloquear el acceso a la web, una política de silencio que arrastra a la sociedad venezolana a consumir solo la información oficial.
La política estatal niega a la libertad de prensa la posibilidad de darle voz a la ciudadanía, ahoga la necesidad que tiene la sociedad venezolana de construir un relato pluralista, abierto, que alimente el debate público y reconstruya la democracia.
Que Venezuela tenga 10 de los 24 estados del país sin medios impresos preocupa por la imposibilidad que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. Esto cierra los canales de denuncia y la contraloría social hacia los gobiernos, se impone el silencio y la impunidad.
Los medios de comunicación y los periodistas, así como la ciudadanía resiste y busca alternativas para producir y ubicar información, a pesar de las limitaciones, que se recrudecen tras cada ola represiva, entre ellas 2014 y 2017 consecuencia de las protestas antigubernamentales. Robos, agresiones, detenciones arbitrarias contra los/as reporteros/as en la calle. 2018 representó un reto, pues la agudización de la crisis económica y el fortalecimiento de las restricciones institucionales, terminó por silenciar a un 40% de los medios existentes en el país.
En el informe titulado “Zonas Silenciadas” la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que “el objetivo de quienes atacan a la prensa no es otro que el de evitar que periodistas o trabajadores de la prensa cumplan con su labor y así evitar que la información contraria a sus intereses llegue a la sociedad”[35]. En Venezuela existe una política sostenida que busca la instauración de una hegemonía comunicacional.
Marcelino Bisbal[36] describe este proceso como el esfuerzo del poder por controlar y regular las comunicaciones, al tiempo que adelanta la creación de mecanismos jurídicos que significa intimidación y autocensura. El diseño de una amplia plataforma mediática de carácter hegemónico y el establecimiento de una narrativa y arquitectura simbólica logró convencer a una parte del país. “Los medios de comunicación no deben pensarse como simples medios de diversión, sino como armas políticas sometidas al control de la razón del Estado (…) Venezuela migra al mundo digital obligados por la fuerza de las circunstancias, por el contexto al que nos estamos viendo obligados en términos políticos. Entonces, no fue un proceso natural de evolución de un soporte a otro”.
En el contexto de una sociedad democrática, el periodismo representa una de las más importantes manifestaciones de la libertad de expresión e información. Los periodistas y los medios mantienen informada a la sociedad sobre lo que ocurre y dan espacio a las distintas interpretaciones que dan lugar al debate público para que sea fuerte, plural e informado.
El marco legal interamericano establece que la libertad de expresión es una condición esencial para que la sociedad esté suficientemente informada; que la máxima posibilidad de información es un requisito del bien común, y es el pleno ejercicio de la libertad de información el que garantiza tal circulación máxima; de otro lado, la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación. En Venezuela, esas mínimas garantías establecidas por la jurisprudencia no están dadas.
[1] Comunicadora Social. Oficial del Programa de Medios y Responsabilidad Social de Espacio Público.
[2] Espacio Público. Crisis económica obliga al diario El Expreso de Bolívar a cerrar. Publicado el 31 agosto, 2018. Disponible en http://espaciopublico.ong/crisis-economica-obliga-al-diario-el-expreso-de-bolivar-a-cerrar/#.XEtz91xKiUk
[3] Espacio Público. Crisis económica saca de circulación al periódico del PCV. Publicado el 05 octubre, 2018. Disponible en http://espaciopublico.ong/crisis-economica-saca-de-circulacion-al-periodico-del-pcv/#.XH9i64hKjIU
[4] Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.168 del 16 de mayo de 2013.
[5] Crónica Uno. 2018 fue año récord de protestas en Venezuela con 12.715. Publicado el 19 de enero, 2019. Disponible en: http://cronica.uno/2018-fue-ano-record-de-protestas-en-venezuela-con-12-715/
[6] Efecto Cocuyo. Más de 10.000 personas afectadas Amazonas y Bolívar por inundaciones. Publicado el 9 de agosto de 2018. Disponible en http://efectococuyo.com/la-humanidad/mas-de-10-mil-personas-afectadas-en-amazonas-y-bolivar-por-inundaciones/
[7] El Estímulo. Inundaciones en Amazonas: “1500 familias perdieron todas sus pertenencias” Publicado el 9 de agosto de 2018. Disponible en http://elestimulo.com/blog/inundaciones-en-amazonas-1500-familias-perdieron-todas-sus-pertenencias/
[8] Mongabay. Inundaciones en Venezuela: más de 60 mil damnificados tras el desborde del río Orinoco. Publicado el 28 de agosto de 2018. Disponible en https://es.mongabay.com/2018/08/inundaciones-venezuela-rio-orinoco-amazonas-bolivar/
[9] Artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
[10] Fundaredes fue creada como Fundabriseta en 1998 con la finalidad de cultivar el desarrollo juvenil para el progreso social integral. Hoy tiene por objeto crear tejido social a través de la creación de redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos, así como la organización social a favor de la democracia. Disponible en: https://www.fundaredes.org/quienes-somos/
[11] Fundaredes, Boletín 004- Secuestros y desapariciones: Un drama que crece en la frontera venezolana. Publicado el 8 de junio de 2018. Disponible en: https://www.fundaredes.org/2018/06/08/boletin004fundaredes-secuestros-y-desapariciones-un-drama-que-crece-en-la-frontera-venezolana/
[12] Ángel Bravo, Entrevista a Espacio Público 5 de diciembre de 2017
[13] Ángel Bravo, Entrevista a Espacio Público 5 de diciembre de 2017
[14] Efecto Cocuyo. Apure se queda sin medios impresos tras cierre de Visión Apureña. Publicado el 27 de agosto de 2018. Disponible en: http://efectococuyo.com/principales/estado-apure-se-queda-sin-medios-impresos-tras-cierre-de-vision-apurena/
[15] Alba Tv. Asesinados los dos campesinos del rescate “Palo Quemao” secuestrados ayer en Barinas. Publicado el 12 de mayo de 2018. Disponible en http://www.albatv.org/Asesinados-los-dos-campesinos-del
[16] Radio Mundo Real. Resistencia pura. Publicado el 15 de mayo de 2018. Disponible en: http://radiomundoreal.fm/10377-pura-resistencia
[17] Roberto Gil, entrevista telefónica Espacio Público, 03 de diciembre de 2018.
[18] Efecto Cocuyo. Periódico Las Noticias de Cojedes Cierra por falta de papel. Publicado el 1 de junio de 2018. Disponible en: http://efectococuyo.com/la-humanidad/periodico-las-noticias-de-cojedes-cierra-por-falta-de-papel/
[19] Las Noticias de Cojedes. Continúan Deficiencias En El Suministro De Agua Potable En Cojedes. Publicado el 2 de octubre de 2018. Disponible en http://lasnoticiasdecojedes.com/continuan-deficiencias-en-el-suministro-de-agua-potable-en-cojedes/
[20] Leonor Fernández. Entrevista a Espacio Público. 5 de diciembre de 2018.
[21] ABC. Los piratas vuelven al Caribe por la crisis en Venezuela. Publicado el 30 de julio de 2018. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-piratas-vuelven-caribe-crisis-venezuela-201805300258_noticia.html
[22] Espacio Público. La agonía de los periódicos en Venezuela. Publicado el 7 de agosto de 2018. Disponible en: http://espaciopublico.ong/la-agonia-de-los-periodicos-en-venezuela
[23] Espacio Público. La agonía de los periódicos en Venezuela. Publicado el 7 de agosto de 2018. Disponible en: http://espaciopublico.ong/la-agonia-de-los-periodicos-en-venezuela
[24] Tal Cual, Saqueos y violencia continúan en pueblos de Paria donde ocurrió la masacre. Publicado el 30 de septiembre de 2018. Disponible en: http://talcualdigital.com/index.php/2018/09/30/saqueos-y-violencia-continuan-en-pueblos-de-paria-donde-ocurrio-masacre/
[25] Entrevista telefónica con Luiselena Gutierrez realizada el 5 de diciembre de 2018.
[26] Primero Justicia. Paúl Elguezabal: Masacre de San Juan de las Galdonas es responsabilidad de un gobierno que entregó el territorio a bandas criminals. Publicado el 2 de octubre de 2018. Disponible en:http://www.primerojusticia.org.ve/cms/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=149:noticias&id=40461:paul-elguezabal-masacre-de-san-juan-de-las-galdonas-es-responsabilidad-de-un-gobierno-que-entrego-el-territorio-a-bandas-criminales&Itemid=468
[27] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general Nº 15 (2002) sobre el derecho al agua, párr. 3.
[28] Entrevista telefónica realizada el 07 de diciembre de 2018 a Francisco Colina, concejal, presidente de la Comisión de Salud, Ambiente y Desarrollo Social Comunitario del Concejo Municipal de Sucre, estado Portuguesa.
[29] Espacio Público, Última Hora de Portuguesa reduce su circulación por falta de insumos. Publicado el 31 de mayo de 2018. Disponible en: http://espaciopublico.ong/ultima-hora-de-portuguesa-reduce-su-circulacion-por-falta-de-insumos/
[30] Entrevista telefónica con Carlos Parra. Médico residente del Hospital Universitario “Pedro Emilio Carrillo” de Valera estado Trujillo, realizada el 7 de diciembre de 2018.
[31] Efecto Cocuyo. OPS pide acciones urgentes para detener la transmisión de sarampión y difteria. Publicado el 26 de junio de 2018. Disponible en: http://efectococuyo.com/principales/ops-pide-acciones-urgentes-para-detener-transmision-de-sarampion-y-difteria/
[32] Entrevista telefónica con Héctor Belmonte realizada por Espacio Público el 07 de diciembre de 2018.
[33] Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Artículo 13. Convención Americana sobre Derechos Humanos http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2
[34] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Declaración de principios de libertad de expresión. https://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm
[35] CIDH. Relatoría Especial para la libertad de Expresión. ZONAS SILENCIADAS: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ZONAS_SILENCIADAS_ESP.pdf
[36] Marcelino Bisbal, Periodista, Investigador y Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, Director de AB Ediciones.