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La RELE expresa preocupación por represión contra periodistas y deterioro del espacio cívico en Venezuela

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Comunicado No. R106/24. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por el incremento de hechos represivos contra periodistas y miembros de la sociedad civil en Venezuela y advierte sobre el deterioro del espacio cívico. Esta Oficina llama al Estado a respetar y garantizar las libertades de expresión y de prensa, indispensables para el restablecimiento de una cultura democrática y respetuosa de los derechos humanos en el país.

En 2024, la Relatoría ha continuado documentando restricciones severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, se registran hechos de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra aquellos que investigan y participan activamente en asuntos de interés público y político.

De acuerdo con información pública, entre enero y abril de 2024, se registraron aproximadamente 128 agresiones contra periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, así como al menos 18 detenciones de personas por el ejercicio de su libertad de expresión.

La Relatoría ha seguido con particular preocupación los reportes sobre las órdenes de aprehensión y allanamiento, así como la iniciación de investigaciones penales dirigidas contra al menos 7 periodistas y comunicadores, junto con otros activistas políticos, líderes sociales y miembros de la sociedad civil. En particular, preocupan reportes sobre las acusaciones del fiscal general de la República contra periodistas del portal digital Armando.info, a quienes acusó de pertenecer a una “estructura mediática extorsiva”, así como la detención del periodista Carlos Julio Rojas por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, conspiración, instigación, asociación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Según reportes de la sociedad civil, estos hechos se enmarcan en el actual periodo electoral en Venezuela y son parte de una nueva ola represiva contra la libertad de expresión en el país.

Esta Oficina también expresa su preocupación por el cierre de medios de comunicación, que estaría siendo utilizado como estrategia para amedrentar y acallar las voces críticas. Según información pública, en los últimos 20 años se han cerrado unos 400 medios de comunicación, incluyendo prensa, radios, canales de televisión y plataformas digitales, de los que al menos 285 son emisoras de radio. En lo corrido de 2024, se ha registrado el cierre de 13 emisoras de radio en los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Trujillo y Zulia.

En marzo, la RELE conoció sobre la denuncia contra el medio de comunicación internacional DW Español por la presunta difamación y promoción de propaganda de odio. De acuerdo con reportes públicos, el canal fue expulsado de la lista de emisoras por cable en el país y calificado de “emisora nazi”. La RELE advierte que el cierre sistemático de medios en Venezuela estaría limitando el acceso de la ciudadanía a información confiable y de fuentes independientes, dando lugar a zonas de silencio mediático.

Entre otros hechos que preocupan a la RELE, el 2 de abril, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la “Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”, la cual facultaría al Estado para imponer sanciones de hasta 12 años de prisión a “quienes promuevan acciones violentas o hagan apología del fascismo”, así como para prohibir organizaciones, revocar licencias de medios, bloquear contenidos digitales e inhabilitar políticamente a personas consideradas “fascistas”. La RELE advierte que la redacción de este proyecto es muy similar al de la “Ley contra el Odio” y podría generar limitaciones al ejercicio y la garantía de la libertad de expresión. Asimismo, la RELE tomó conocimiento de una nueva versión de la “Ley de Fiscalización Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines” aprobada por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y que estaría pendiente de una segunda discusión.

Esta Oficina recuerda que el uso del poder del Estado y los mecanismos institucionales ordinarios para presionar, amenazar y castigar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación según sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión. La prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho.

Ante los hechos expuestos, la Relatoría Especial reitera el llamado al Estado de Venezuela a respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, especialmente de periodistas y comunicadores, quienes contribuyen al debate público. Esto implica, entre otras, abstenerse de: intimidar y descalificar la labor periodística desde las voces oficiales; utilizar el derecho penal para eliminar o apaciguar la crítica o la disidencia; y aprobar leyes o regulaciones que limiten arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público, elementos esenciales para garantizar un espacio cívico abierto.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

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