La observación social de la situación del derecho a la libertad de expresión y a la información está urgido de unos desafíos que complementen los aspectos relativos al contenido del derecho que son usualmente olvidados. Este es un derecho humano y por tanto inherente a todos los ciudadanos, sin distingo de profesión, raza o credo. Su desarrollo teórico actual está todavía limitado a las obligaciones negativas del Estado, es decir las relacionadas al respeto del Estado a las opiniones, ideas e informaciones de los ciudadanos y por las desarrolladas a la tarea de protección estatal frente a las violaciones que puedan cometer terceros.
La libre circulación y debate de ideas es inherente a las modernas sociedades democráticas, sea como aspiración o por realización; y por ello hay un progresivo reconocimiento de su importancia en el conjunto de los derechos políticos. Así lo reconocen los diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en el ámbito interamericano cuenta con un número de restricciones menores a las contempladas en el sistema universal y europeo, ello está relacionado con una valoración doctrinaria que pondera la importancia de la libertad de expresión para la democracia. Junto a su relevante importancia para el desarrollo político democrática su contenido guarda una fuerte interrelación con la posibilidad de desarrollar libremente la propia personalidad, asumir las creencias religiosas o ideas que desee e interactuar socialmente.
Los diversos hechos que pueden afectar su desarrollo tienen características que al observarse en el tiempo y en distintas circunstancias configuran un modo determinado de patrones que pueden ser agrupados en categorías y obtener un diagnóstico de mayor profundidad y comparable en el tiempo. Los hechos pueden ser recurrentes, dada una determinada opción de los actores sociales, sean gubernamentales o no, o por condicionantes externos que deben ser considerados para evitar su repetición. La recolección de información 10 y datos debe ser sometida a una construcción teórica que permita vislumbrar los elementos comunes y diferenciadores, analizar los prerrequisitos, determinar los responsables y las consecuencias.
Este informe recurre a las experiencias de observación social que existen en otros países y desarrolla una propuesta de monitoreo de la situación del derecho. Sus aspectos novedosos están centrados en el instrumental metodológico que permite una categorización de los distintos eventos o casos en los que ocurrieron violaciones al derecho humano a la libertad de expresión. El desarrollo de este primer informe está centrado en los eventos que constituyen delitos del Estado por acción u omisión en las obligaciones que tiene de respetar la expresión de los ciudadanos y proteger ante las violaciones que cometen terceros. En sucesivos informes desarrollaremos las responsabilidades del Estado en la tarea de satisfacer este derecho.
La realización de este informe implicó un continuado seguimiento de los distintos eventos y hechos que ocurrieron a lo largo del año 2002, para ello se realizó un registro sistemático diario y se tabularon los datos conforme a las categorías previamente definida. El trabajo incluyó la consulta de fuentes directas e indirectas y permitió contrastar la realidad de los datos especialmente para los eventos que registramos como violación al contenido del derecho humano a la libertad de expresión y a la información.
El libro tiene cuatro capítulos, en el primero se exponen las cifras resultantes de la tabulación de los distintos eventos según las categorías previamente definidas. Posteriormente se ilustran algunas de las categorías con ejemplos de eventos o casos, para de este modo completar la descripción de lo sucedido. En el segundo incluimos una cronología de los distintos eventos que ocurrieron en el año 2002, en ella se pueden revisar las declaraciones, acciones de instituciones nacionales e internacionales y los hechos que signaron el devenir de la historia de la comunicación social venezolana.
A continuación incluimos un estudio especial acerca de la crisis de abril de 2002, y por último ofrecemos las perspectivas de las instituciones internacionales que produjeron documentos acerca de la situación de los periodistas y medios venezolanos, lo que permite completar la visión acerca de lo ocurrido, con sus distintas versiones y orientaciones. Este esfuerzo espera contribuir en la tarea de reducir significativamente la violencia alrededor de la producción informativa porque ello esta estrechamente con la calidad de la comunicación social. El informe aspiramos sirva para visualizar los problemas, debatirlos y promover la construcción de acciones ciudadanas y políticas públicas que amplíen el ejercicio de esta libertad en Venezuela.
