Con la participación de 26 profesionales del Derecho, Espacio Público y el Comité de Protección de Libertad de Expresión (Cplex) realizaron el 19 y 20 de mayo en Caracas el I Encuentro Nacional de Abogados.
En esta jornada, ponentes y participantes trataron temas y herramientas para identificar y abordar casos de violaciones de derechos humanos, con énfasis en el derecho a la libertad de expresión.
El evento inició el jueves 19 con la ponencia del abogado y miembro de Espacio Público, Ricardo Rosales, quien habló sobre los estándares internacionales de la libertad de expresión y abordó los conceptos básicos del espacio cívico y su núcleo interrelacionado de los derechos a asociación, reunión y expresión.
Rosales hizo un repaso por la situación a nivel mundial del espacio cívico, tomando en cuenta que al menos 87 % de la población mundial vive con un espacio cívico que califica como “cerrado, represivo u obstruido”, entre ellos países como China y Arabia Saudita, según una investigación de Civicus Monitor.
Destacó las tendencias y acciones que a nivel mundial restringen el espacio cívico (como legislaciones, penalización de protestas pacíficas o estigmatización de actores de la sociedad civil) y el marco normativo internacional que protege los derechos fundamentales de ese apartado.
Sobre el derecho a la asociación, recordó que está amparado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que le da a los ciudadanos la libertad de juntarse en redes de cualquier tipo, sin necesidad de un registro formal o personalidad jurídica, con pluralidad de formas y fines.
Sin embargo, el uso de formalismos y argumentos como “defensa de la seguridad nacional” y la “lucha contra el terrorismo” restringen en gran medida ese derecho en países como Venezuela, con criterios abiertos y ambiguos “para criminalizar a activistas y disidencia política”, hechos que se suman a otros como las restricciones administrativas, la estigmatización, judicialización y agresiones hacia defensores de derechos humanos, activistas, dirigentes comunitarios y otros actores de la sociedad civil.
Rosales también hizo mención a los alcances que tiene el derecho a la reunión pacífica, las protecciones que debe cumplir el Estado y los principios que hay que garantizar y asumir. Entre las principales restricciones de ese derecho se encuentran leyes con prohibiciones generales, excesivos controles policiales y uso de la fuerza, persecución de organizadores o promotores de reuniones pacíficas y la privatización creciente de los espacios públicos.
En el apartado de libertad de expresión, el abogado de Espacio Público explicó a los participantes qué abarca y qué no ese derecho, la importancia de que el Estado proteja todos los discursos, sin importar su contenido, y garantice la libertad de opinar, buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole y por cualquier medio. El derecho a la libertad de expresión, además, implica la prohibición de medios indirectos que lo restrinjan y la prohibición de la censura previa.
Finalmente, el abogado resaltó la actualidad y desafíos que tiene el ejercicio del espacio cívico en línea, entendiendo que “la libertad de acceso y uso de las tecnologías digitales para ejercer derechos debe ser la regla, y las limitaciones, excepcionales”. Los bloqueos e interferencias en páginas web, caídas de conexión y ciberataques son algunas de las restricciones que enfrenta este derecho.
¿Cómo se trabaja el derecho penal en el país?
La segunda ponencia fue presentada por la abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Andrea Santacruz, quien habló sobre las estrategias de defensa de derechos humanos a través del derecho penal.
Santacruz inició su presentación hablando sobre el modelo de Estado venezolano y su vinculación con el derecho penal, tomando en cuenta que el artículo 2 de la Constitución nacional establece que Venezuela es un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
En ese sentido, destacó que el modelo de Estado venezolano, constitucionalmente, debe procurar justicia social e interviene en la actividad económica; parte del estándar de una democracia directa y representativa con principios democráticos; tiene separación de poderes y principios de legalidad enfocados en DDHH; y garantiza justicia por encima de la legalidad formal, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.
La abogada hizo un repaso del sistema de justicia penal venezolano y los órganos, entes y personas que lo conforman, basándose en el artículo 253 de la Constitución, y habló sobre los principios generales del derecho penal: legalidad, reserva legal, proporcionalidad, mínima intervención, subsidiariedad, culpabilidad y humanidad de las penas.
Sobre el proceso penal en sí, detalló las tres fases que lo conforman (investigación, juicio y ejecución) e hizo hincapié en el momento de la audiencia de presentación y sus componentes. Para contextualizar el proceso penal, Santacruz usó como ejemplo el caso de Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado en Caracas en 2017 por cuerpos policiales mientras protestaba.
Al respecto, la experta del CDH-Unimet explicó el carácter constitucional de la manifestación pacífica y los derechos que se ejercen al protestar (libertad de expresión y reunión), todo basado en la Constitución venezolana y los tratados y pactos internacionales que suscribió el Estado.
Santacruz destacó que en los últimos ocho años el Estado -tanto el Poder Ejecutivo como Judicial- ha criminalizado la protesta mediantes actas y sentencias judiciales, represión, resoluciones y planes de seguridad que no cumplen con estándares de DDHH.
La experta analizó junto con los participantes el caso de Pernalete -en vida estudiante becado de la Unimet- desde su asesinato hasta el inicio de las investigaciones, pasando por declaraciones del Alto Gobierno y publicaciones en la prensa oficial, así como su posterior denuncia en 2018 ante el Comité de DDHH de la ONU.
Violaciones a la libertad de expresión en Venezuela
Otro de los puntos destacados del primer Encuentro Nacional de Abogados fue el referente a los tipos de violaciones a la libertad de expresión que se aplican en Venezuela, principalmente por parte del Estado. Esto ocurre con funcionarios y cuerpos de seguridad, instituciones y organismos en sí.
Para ello, se abordó la definición de “caso de violación a la libertad de expresión”, entendiéndose como una situación o circunstancia en la que se vulnera el derecho y en la que se puede registrar una o varias violaciones en simultáneo.
Los tipos de violaciones mencionados y debatidos con los participantes, fueron: agresión, ataque, amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, hostigamiento verbal, restricciones legales (como leyes, proyectos o decretos que restringen la libertad de prensa), restricciones administrativas y muerte.
Mes a mes, Espacio Público divulga los casos de violaciones a la libertad de expresión que se presentan en el país. Además, elabora reportes que luego son aglutinados en informes anuales. Puede acceder al reporte del mes de mayo en este enlace y al informe de 2021 aquí.