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I Encuentro Nacional de Abogados: derechos humanos y violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

Foto: Gleybert Asencio

Con la participación de 26 profesionales del Derecho, Espacio Público y el Comité de Protección de Libertad de Expresión (Cplex) realizaron el 19 y 20 de mayo en Caracas el I Encuentro Nacional de Abogados, en el que ponentes y participantes trataron temas y herramientas para identificar y abordar casos de violaciones de derechos humanos, con énfasis en el derecho a la libertad de expresión.

El evento inició el jueves 19 con la ponencia del abogado y miembro de Espacio Público, Ricardo Rosales, quien habló sobre los estándares internacionales de la libertad de expresión y comenzó abordando los conceptos básicos del espacio cívico y su núcleo interrelacionado de los derechos a asociación, reunión y expresión.

Rosales hizo un repaso por la situación a nivel mundial del espacio cívico, tomando en cuenta que al menos 87 % de la población mundial vive con un espacio cívico que califica como “cerrado, represivo u obstruido”, entre ellos países como China y Arabia Saudita, según una investigación de Civicus Monitor.

Foto: Gleybert Asencio

Destacó las tendencias y acciones que a nivel mundial restringen el espacio cívico (como legislaciones, penalización de protestas pacíficas o estigmatización de actores de la sociedad civil) y el marco normativo internacional que protege los derechos fundamentales de ese apartado.

Sobre el derecho a la asociación, recordó que está amparado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que le da a los ciudadanos la libertad de juntarse en redes de cualquier tipo, sin necesidad de un registro formal o personalidad jurídica, con pluralidad de formas y fines.

Sin embargo, el uso de formalismos y argumentos como “defensa de la seguridad nacional” y la “lucha contra el terrorismo” restringen en gran medida ese derecho en países como Venezuela, con criterios abiertos y ambiguos “para criminalizar a activistas y disidencia política”, hechos que se suman a otros como las restricciones administrativas, la estigmatización, judicialización y agresiones hacia defensores de derechos humanos, activistas, dirigentes comunitarios y otros actores de la sociedad civil. 

Foto: Gleybert Asencio

Rosales también hizo mención a los alcances que tiene el derecho a la reunión pacífica, las protecciones que debe cumplir el Estado y los principios que hay que garantizar y asumir. Entre las principales restricciones de ese derecho se encuentran leyes con prohibiciones generales, excesivos controles policiales y uso de la fuerza, persecución de organizadores o promotores de reuniones pacíficas y la privatización creciente de los espacios públicos.

En el apartado de libertad de expresión, el abogado de Espacio Público explicó a los participantes qué abarca y qué no ese derecho, la importancia de que el Estado proteja todos los discursos, sin importar su contenido, y garantice la libertad de opinar, buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole y por cualquier medio. El derecho a la libertad de expresión, además, implica la prohibición de medios indirectos que lo restrinjan y la prohibición de la censura previa.

Finalmente, el abogado resaltó la actualidad y desafíos que tiene el ejercicio del espacio cívico en línea, entendiendo que “la libertad de acceso y uso de las tecnologías digitales para ejercer derechos debe ser la regla, y las limitaciones, excepcionales”. Los bloqueos e interferencias en páginas web, caídas de conexión y ciberataques son algunas de las restricciones que enfrenta este derecho. 

Foto: Gleybert Asencio

Cómo se trabaja el derecho penal en el país

La segunda ponencia fue presentada por la abogada y directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet), Andrea Santacruz, quien habló sobre las estrategias de defensa de derechos humanos a través del derecho penal. 

Santacruz inició su presentación hablando sobre el modelo de Estado venezolano y su vinculación con el derecho penal, tomando en cuenta que el artículo 2 de la Constitución nacional establece que Venezuela es un “Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.

Foto: Gleybert Asencio

En ese sentido, destacó que el modelo de Estado venezolano, constitucionalmente, debe procurar justicia social e interviene en la actividad económica; parte del estándar de una democracia directa y representativa con principios democráticos; tiene separación de poderes y principios de legalidad enfocados en DDHH; y garantiza justicia por encima de la legalidad formal, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

La abogada hizo un repaso del sistema de justicia penal venezolano y los órganos, entes y personas que lo conforman, basándose en el artículo 253 de la Constitución, y habló sobre los principios generales del derecho penal: legalidad, reserva legal, proporcionalidad, mínima intervención, subsidiariedad, culpabilidad y humanidad de las penas. 

Sobre el proceso penal en sí, detalló las tres fases que lo conforman (investigación, juicio y ejecución) e hizo hincapié en el momento de la audiencia de presentación y sus componentes. Para contextualizar el proceso penal, Santacruz usó como ejemplo el caso de Juan Pablo Pernalete, estudiante asesinado en Caracas en 2017 por cuerpos policiales mientras protestaba. 

Foto: Gleybert Asencio

Al respecto, la experta del CDH-Unimet explicó el carácter constitucional de la manifestación pacífica y los derechos que se ejercen al protestar (libertad de expresión y reunión), todo basado en la Constitución venezolana y los tratados y pactos internacionales que suscribió el Estado. 

Santacruz destacó que en los últimos ocho años el Estado -tanto el Poder Ejecutivo como Judicial- ha criminalizado la protesta mediantes actas y sentencias judiciales, represión, resoluciones y planes de seguridad que no cumplen con estándares de DDHH. 

La experta analizó junto con los participantes el caso de Pernalete -en vida estudiante becado de la Unimet- desde su asesinato hasta el inicio de las investigaciones, pasando por declaraciones del Alto Gobierno y publicaciones en la prensa oficial, así como su posterior denuncia en 2018 ante el Comité de DDHH de la ONU. 

Foto: Gleybert Asencio

Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

Otro de los puntos más destacados del primer Encuentro Nacional de Abogados fue el referente a los tipos de violaciones a la libertad de expresión que se aplican en Venezuela, principalmente por parte del Estado, tanto a nivel de funcionarios y cuerpos de seguridad como de instituciones y organismos en sí.

Para ello se abordó la definición de “caso de violación a la libertad de expresión”, entendiéndose como una situación o circunstancia en la que se vulnera el derecho y en la que se puede registrar una o varias violaciones en simultáneo.

Los tipos de violaciones mencionados y debatidos con los participantes, fueron: agresión, ataque, amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, hostigamiento verbal, restricciones legales (como leyes, proyectos o decretos que restringen la libertad de prensa), restricciones administrativas y muerte.

Foto: Gleybert Asencio

Mes a mes, Espacio Público divulga los casos de violaciones a la libertad de expresión que se presentan en el país y elabora reportes que luego son aglutinados en informes anuales. Puede acceder al reporte del mes de mayo en este enlace y al informe de 2021 en este enlace.

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