En el documento, el ente internacional profundizó en la falta de independencia del poder judicial venezolano, las acciones legales contra opositores políticos, la vulnerabilidad de los derechos laborales y los abusos policiales que se cometen día tras día. Asimismo, alarmó sobre las condiciones carcelarias con las que viven los presos en el país, el escenario difícil en el que deben actuar las organizaciones defensoras de derechos humanos y los excesos que se han cometido contra la libertad de expresión.
“Desde que asumió Chávez, se han adoptado diversas leyes que han contribuido a generar un clima de autocensura, como las enmiendas al Código Penal que amplían el alcance de las leyes de desacato y una ley sobre radio y televisión que fomenta la autocensura al permitir la suspensión arbitraria de canales en el caso de cometer "incitación", un delito definido de manera sumamente vaga”, agregan.
Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, manifestó no darle credibilidad ni valor alguno al informe de la organización no gubernamental, afirmando que estos informes no tienen soporte o estudio científico que los respalden, pues son realizados con informaciones publicadas en los medios de comunicación social.
Según Ortega, la ONG de derechos humanos "ha perdido la sindéresis, al dedicarse a atacar en forma consuetudinaria a países que no tienen una política afecta a la de Estados Unidos".
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