Alrededor de 10 personas sin identificación hostigaron el 26 de febrero al dirigente sindical y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, y a la periodista María Graterol en el momento en que ambos grababan testimonios de pacientes y trabajadores del Hospital Magallanes de Catia, en Caracas.
Zambrano y la periodista, quien trabaja para la Red Sindical, fueron abordados por civiles “que se identificaron como líderes de la comunidad”. Los acusaron de “promover una agenda”, “perjudicarlos” y “montar una guarimba”, cuando solo grababan las opiniones de las personas sobre la reciente canonización del doctor José Gregorio Hernández.1
Según contaron ambos a Espacio Público, cerca de 15 minutos después de grabar cómo las personas recibieron la noticia de la canonización, fueron perseguidos por tres sujetos y abordados en el estacionamiento del hospital. Minutos después llegaron más sujetos, incluso algunos en una moto.1
“Desde el inicio el abordaje fue muy hostil, se sintió como un amedrentamiento directo. Amenazaron directamente con quitarnos el teléfono si empezábamos a grabar y fueron muy recurrentes las amenazas respecto a eso. Lo que decían era eso que íbamos a promover la guarimba, que no volviéramos para allá porque íbamos a trancar la calle”, dijeron.1
A Zambrano incluso le dijeron que tenía prohibida la entrada al Hospital Magallanes de Catia por su trabajo como dirigente sindical; el sindicalista afirmó que los agresores son presuntos miembros de colectivos afines al oficialismo.1
Los ataques a activistas y periodistas en espacios públicos e instituciones del Estado por parte de civiles son consecuencias de años de discursos intimidatorios, amenazantes y estigmatizantes perpetrados por funcionarios y voceros del partido de gobierno. Recordamos que la Constitución establece el derecho de las y los ciudadanos a expresarse libremente sin temor a represalia alguna.