Tres funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerraron el 4 de julio la emisora Deportiva 98.3 FM que operaba en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico (centro), presuntamente por no contar con los permisos correspondientes.
El procedimiento inició a las 3:00 p. m. de ese día junto con un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), según informó a Espacio Público el director de la emisora, Vladimir Balza. Además del cierre, los funcionarios confiscaron CPU, micrófonos, la consola de sonido y otros equipos.1
Balza cuenta que los funcionarios se presentaron en la sede de la emisora solicitando los documentos y proyectos correspondientes a la habilitación de su concesión. El personal de Deportiva 98.3 FM les mostró las solicitudes hechas a Conatel que no han obtenido respuesta.1
“Se han introducido varios proyectos a Conatel para lograr la habilitación, pero nunca han dado respuesta (…) Después de una larga espera, donde se imprimieron unas actas, alrededor de las 7:00 p. m. reciben una decisión de la Conatel donde me participan que debo salir del aire por no contar con la habilitación”, dijo Balza.1
El director de la emisora lamentó la medida al afectar a al menos 18 personas de forma directa que se quedan sin empleo, entre ellas comunicadores sociales, estudiantes de Periodismo, operadores, locutores y personal de limpieza. Además, critica que el argumento del cierre sea la falta de concesión, cuando lo mismo se repite en otras emisoras de Valle de la Pascua.1
“Les manifesté que aquí estaban los tres proyectos que se han introducido en la Conatel y de los cuales no hemos obtenido respuesta. Ante esa situación, en ese estado de vulnerabilidad en el que nos encontramos, no estamos exentos de nada que haga la Comisión”, dice Balza.1
La acción perpetrada por Conatel forma parte de un patrón, que se ha venido agravando en los últimos años, de cierres arbitrarios de medios de comunicación que violan la Constitución y el debido proceso, al negarse el derecho a la defensa de los afectados.
Alertamos sobre el incremento de estas prácticas abusivas que constituyen actos de censura y violan el derecho a la libertad de expresión de las personas y medios afectados, así como el derecho a la información de la ciudadanía.