Un funcionario de la Policía del estado Trujillointimidó a las periodistas Mayra Linares, de VPITV, y Yuliana Palmar, de Diario Los Andes al impedir que grabaran y dieran cobertura a un hecho que ocurrió en el municipio Motatán de la entidad.
Linares contó a Espacio Público que estaban cubriendo el ataque con granada a la vivienda de un productor en la parroquia Jalisco.1 Al principio, las reporteras se alejaron un poco del área del suceso, a solicitud de los funcionarios, pero al rato uno de ellos, de apellido Briceño, se les acercó y les dijo que tenían que retirarse.
“No nos permitía terminar de grabar. Yo estaba terminando de grabar y el policía llegó a impedírmelo, mandó a poner un perímetro”, dijo Linares.2
El funcionario de PoliTrujillo les dijo que no podían estar en la zona por razones de seguridad, aunque la periodista cuenta que dentro de las viviendas cercanas al suceso había personas.3 “Lo que no querían era que estuviéramos los medios”, asegura.4
La labor de los periodistas es cónsona con el derecho de la ciudadanía a estar informada, por lo que toda acción que impida su trabajo califica como violación a la libre expresión y a la libertad de prensa.
El Estado venezolano, y los funcionarios que forman parte de él, deben velar por el respeto y garantía de este y todos los derechos establecidos en la Constitución y firmados en convenios internacionales.
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