Foro por la Vida rechaza detención arbitraria de Gabriel Blanco

Las ONG que conformamos la coalición Foro por la Vida expresamos nuestra profunda
preocupación por la presunta detención arbitraria del trabajador humanitario, Gabriel
Blanco.

El Sr. Gabriel José Blanco Flores es un trabajador humanitario, activista de derechos
humanos y exsindicalista de 45 años, quien actualmente se desempeña como gestor de casos de mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en la Sociedad de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS) desde febrero de 2021; como Secretario de Medios de la Seccional Caracas de la Alianza Sindical Independiente (ASI); y hasta finales de 2020, fue miembro del Sindicato Único de Trabajadores de Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional (Sinfucan).

El 6 de julio de 2022, a las 19:30 horas aproximadamente, presuntos funcionarios de la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), vestidos de civil y sin
identificación ni credenciales visibles, interceptaron a Gabriel Blanco en la cercanía de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas. Los presuntos funcionarios militares insistieron en que el Sr. Gabriel les acompañara a la sede central del organismo para realizar una entrevista, solicitud que expusieron sin presentar una orden judicial emitida por un tribunal competente, por ello el Sr. Blanco se negó a acompañarlos. No obstante , los funcionarios de la DGCIM alegaron que la orden judicial se estaba tramitando e iba “en camino” y despojaron al Sr. Gabriel Blanco de su celular y de su cédula de identidad. La situación se prolongó por un período de casi seis horas, durante la cuales unos 50 agentes de la DGCIM y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fuertemente armados rodearon las adyacencias de la urbanización Carlos Delgado Chalbaud.

El 7 de julio de 2022, a las 12:52 de la medianoche, funcionarios de la Dirección de
Investigaciones Estratégicas de la Policía Nacional Bolivariana ( PNB) llegaron a la
residencia del Sr. Gabriel Blanco, con una orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, en la que se le imputan los delitos de “o” conspiración y “asociación para delinquir”, previstos en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), en contra de Gabriel Blanco. El Sr. Blanco fue trasladado en una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), a la sede de la PNB ubicada en La Quebradita, al oeste de Caracas, a pesar de que la orden de aprehensión estaba comisionada para ser llevada a cabo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El 9 de julio de 2022, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, en la audiencia de presentación, declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y ratificó la medida de privación de libertad del Sr. Gabriel Blanco, la cual puede mantenerse en vigor hasta que se realice la audiencia preliminar. El Sr. Blanco fue imputado por los delitos de “terrorismo” y “asociación para delinquir”. A pesar de que el sitio de reclusión indicado por el tribunal es la cárcel común El Rodeo II, en la actualidad el Sr. Blanco se encuentra detenido en la Comisaría de La Yaguara.

El Sr. Gabriel Blanco es esposo de la defensora de derechos humanos Diannet Milagros
Blanco, quien estuvo detenida arbitrariamente durante más de 2 años desde el 17 de mayo de 2017. En este caso la ONU ha establecido que durante su detencion podría haber estar sometida a actos que pueden ser considerados como tortura siguiendo los parametros del Derecho Internacional.

La presunta detención de Gabriel Blanco no configura un hecho aislado, sino que se ha
desarrollado en un contexto de represión contra sindicalistas, activistas sociales y personas defensoras en el país.

En Venezuela las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos hemos sido objeto de diversos actos de hostigamiento, criminalización y estigmatización, que intentan debilitar y limitar nuestro trabajo.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, en su presentación de informe
sobre la situación de Venezuela ante el consejo de Derechos Humanos en su periodo de sesiones 50, de fecha 29 de junio de 2022 manifestó que: “Sigo preocupada por las
restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. Entre mayo de 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces
disidentes”.¹

Debemos resaltar que durante la pandemia del Covid-19 se presentaron las mayores
limitaciones legislativas y administrativas para las ONG, así como detenciones arbitrarias e inicio de procesos judiciales seriamente cuestionados contra personas que defienden derechos con el fin de socavar sus capacidades de actuación.²

El Sr. Gabriel Blanco ha experimentado en los últimos días trastornos de salud que podrían estar asociados a su diagnóstico de cardiopatía post covid 19 y que requieren ser atendidos con asistencia médica de su confianza a la brevedad.

Desde el Foro por la Vida solicitamos a las autoridades competentes venezolanas a:

1. Liberar de manera inmediata e incondicional a Gabriel Blanco, y adoptar de
   manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e
   integridad física y psicológica;
2. Garantizar la integridad personal de Gabriel Blanco atendiendo con la celeridad necesaria sus afectaciones de salud mediante medios de su confianza.
3. Poner fin a todo tipo de actos de hostigamiento y criminalización en contra de Gabriel Blanco, y asegurar garantías para todas las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela;

Vocería del Foro por la Vida

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, Cofavic y Espacio Público.