Espacio Público manifiesta su rechazo ante la violación del Tribunal Supremo de Justicia al derecho de los venezolanos a discutir el presupuesto del año 2017 en la Asamblea Nacional.
El pasado 3 de octubre el Presidente de la República introdujo una solicitud de ampliación de la sentencia N° 810 del 21 de septiembre de 2016, en la cual la Sala Constitucional del TSJ reitera:
“… lo declarado por esta Sala en la sentencia N° 808 del 02 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos establece que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”
El presidente en su solicitud argumentó que ya que los actos emanados por la AN son nulos mientras esta se mantenga en desacato a la Sala Electoral del TSJ, resulta imposible realizar la presentación del presupuesto nacional ante la Asamblea Nacional. En este sentido, el Presidente de la República se encuentra en la obligación de garantizar al pueblo estabilidad económica para el año fiscal 2017.
La Sala Constitucional estableció que en base al artículo 1 del citado Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica el Presidente goza de atribuciones para “adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias que permitan asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.” Asimismo, existe una imposibilidad jurídica de someter el presupuesto 2017 al control de la Asamblea Nacional ya que todas sus actuaciones son nulas a tenor de lo decidido por el TSJ.
El parlamento es símbolo de pluralismo como manifestación de la democracia y constituye una de las instancias intermediarias en la que se erigen las distintas manifestaciones reconocibles de la opinión pública. Los parlamentarios son representantes de los ciudadanos a los que éstos les otorgaron el voto para discutir los temas de interés público dentro de la Asamblea Nacional, incluido el presupuesto que se servirá de los recursos de todos los venezolanos.
El Parlamento se constituye como el lugar de encuentro entre los ciudadanos y el Estado, entendido como una prolongación de la acción individual en el espacio público. La voluntad popular queda expresada por la opinión de sus representantes, los diputados de la Asamblea Nacional.
Considerando lo anterior, la negación del Tribunal Supremo de Justicia y del Presidente Nicolás Maduro Moros, a que el presupuesto sea discutido por la Asamblea Nacional, constituye una violación al derecho a expresarse de todos los venezolanos, una violación a la voluntad popular y respeto al voto, una violación a la Constitución Nacional, una violación al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y una violación al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificados todos por Venezuela.
Desde Espacio Público manifestamos nuestro contundente rechazo a esta decisión violatoria a los preceptos Constitucionales, donde resulta evidente que la Asamblea Nacional posee el mandato y la atribución excluyente constitucional para ejercer el control sobre el Presupuesto Nacional. También se debe aclarar que la Constitución constituye la ley primordial, en el sentido de que ninguna decisión del Poder Judicial puede desaplicar los artículos que en ella se consagran.