En la reunión informativa formal sobre Venezuela del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reiteramos que entre 2015 y 2022 se registró el mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión de los últimos 20 años.
En la intervención oral ante el Comité, reiteramos que el Estado venezolano cerró, por acción u omisión, 283 medios de comunicación en los últimos siete años, la mayoría a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
“No existen órdenes judiciales que justifiquen los cierres, Conatel no responde a las solicitudes de actualización de permisos por parte de los medios”.
Espacio Púbico ante el Comité de DD. HH. de la ONU.
Recordamos que, entre 2015 y 2022, 482 personas fueron detenidas arbitrariamente y al menos 86 personas fueron procesadas bajo la “ley contra el odio”, un instrumento inconstitucional que vulnera la libertad de expresión de la ciudadanía y se usa como método de represión y censura.
La mayoría de las víctimas de estos actos fueron periodistas, trabajadores de medios de comunicación, personas que se expresan a través de redes sociales y trabajadores del sector público que cuestionan la gestión del Estado.
Alertamos que la opacidad en Venezuela se mantiene, pese a la aprobación por parte del Parlamento de la “ley de transparencia y acceso a la información de interés público”. En el último año, de 77 peticiones de información enviadas, solo dos fueron respondidas.
“Contrario a los estándares de protección del derecho, esta ley exige una motivación para responder a las solicitudes de información”.
Espacio Púbico ante el Comité de DD. HH. de la ONU.
Sobre el artículo 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, referido al derecho a la privacidad, recordamos que un proveedor privado de servicios de telefonía e internet reconoció que intervino más de millón y medio de líneas telefónicas en 2021.
Además, por órdenes del Estado y su órgano regulador, bloqueó más de 1300 portales web entre 2016 y 2022, la mayoría sin órdenes judiciales, violando el ordenamiento jurídico y el derecho de la población a informarse.
Exhortamos al Comité a mantener su escrutinio sobre el Estado venezolano para exigir efectivo cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos civiles y políticos.