(Caracas, 17.12.2019) Espacio Público condena la criminalización judicial e inminente deportación arbitraria de Miguel Ángel Calderón Quintero, venezolano residenciado legalmente en Bogotá, por publicar un video en el que reporta la situación de la calle donde circulaba y señala que en esa área habita el Presidente de la República de Colombia.
Miguel Calderón fue detenido por primera vez el 24 de noviembre de 2019 a manos de fuerzas de seguridad del Estado colombiano, luego de grabar un vídeo cercano a la casa presidencial. Por este hecho, Calderón fue acusado de “espionaje”, según Dejusticia. A las pocas horas, fue trasladado a un avión para ser expulsado a Venezuela en ausencia del debido proceso migratorio. El Juzgado 36 Penal con función de Garantías de Bogotá ordenó suspender la ejecución de la deportación y hasta entonces continuaba el proceso migratorio.
A la fecha de este comunicado, 17 de diciembre de 2019 en horas de la tarde, se repite el mismo procedimiento arbitrario y Miguel tiene programado vuelo en los próximas horas para ser deportado a Venezuela. Calderón es sometido a esta situación pese a gozar de residencia legal en Colombia, estar casado con una ciudadana colombiana y ser padre de una hija colombiana.
Según la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, en este caso se violan los derechos a la libertad personal, debido proceso, libre circulación, unidad familiar e igualdad y no discriminación, ya que la decisión del Estado colombiano estaría fundada en estereotipos negativos contra venezolanos/as en Colombia que generaron irregularidades en perjuicio de Miguel y su familia.
Fuentes de Migración Colombia informaron al medio El Espectador que se trató de una determinación tomada por razones de seguridad nacional, y no de su legalidad en territorio colombiano. “Hay videos y fotografías del señor haciendo seguimientos a la casa del presidente. El viernes (pasado) tomaba videos y fotos. Fue detenido por eso, le quitaron el celular y ahí estaba el material. Por eso se tomó la decisión de expulsarlo del país”, señaló una nota publicada por el diario el 24 de noviembre de 2019.
Espacio Público condena enérgicamente el enfoque de seguridad nacional que prevalece en este caso y advierte que el motivo de la persecución judicial contra Miguel Calderón obedece al ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión. Existe una criminalización contra un venezolano al que se pretende calificar públicamente como un “delincuente” en el contexto de las manifestaciones que tienen lugar en el vecino país. Ello forma parte de un conjunto de agresiones contra venezolanos/as y otros/a extranjeros/as que son utilizados por el Estado colombiano para intentar justificar su relato sobre la defensa de la seguridad nacional.
Este caso no puede ser considerado como seguridad nacional por la mera referencia a videos que divulgan información en torno a la residencia presidencial. Los estándares universales e interamericanos de derechos humanos establecen que cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión, frente a conflictos con la seguridad nacional, debe acreditar un peligro concreto, grave e inminente que derive de la expresión, además de formular una ponderación estricta en el caso. La recurrencia al aparato administrativo y de justicia contra un migrante venezolano por publicar videos, sin ningún esfuerzo argumentativo serio, constituye una flagrante persecución por razones de xenofobia y en represalia a su libertad de expresión, lo cual transversaliza las diversas violaciones a sus derechos humanos.
Exigimos al Estado de Colombia suspender y anular cualquier orden y/o decisión de expulsión contra Miguel Calderón, dejar sin efecto el procedimiento migratorio y reparar debidamente las violaciones a los derechos humanos de este venezolano y su familia. Al mismo tiempo, reiteramos que cese la represión y el hostigamiento contra las manifestaciones y reuniones pacíficas en territorio colombiano.