Editor de El Nacional interrogado nuevamente por trabajos de investigación

José Gregorio Meza, editor del diario El Nacional, fue interrogado por segunda vez el 26 de enero, tras una citación informal de la Fiscalía a la  a la oficina 94 nacional, presuntamente a causa de publicaciones sobre los hermanos Santiago y Ricardo Morón Hernández, venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América y acusados por presuntos vínculos con Nicolás Maduro Guerra, diputado e hijo de Nicolás Maduro Moros. ¹

Meza asistió a la entrevista en compañía de dos de sus abogados, de Espacio Público, para ser interrogado por el fiscal principal, Renny Amundarain, quien les indicó que la citación respondía a una denuncia de dos particulares por instigación al odio, pero que no podía confirmar que esa fuera la acusación pues no tenía certeza; en consecuencia, continuaría con la investigación para verificar los hechos. Otra persona que trabaja en el medio de comunicación también fue citada e interrogada.

Durante la entrevista el fiscal afirmó que la investigación surge por una publicación “que es fuerte y que sirve de base para que las personas ataquen a quienes son mencionados en el escrito”; sin embargo, se negó a revelar cuál es el artículo. Todo esto suma violaciones al debido proceso, pues Meza, en calidad de testigo, tiene el derecho de conocer los hechos que lo involucran en el proceso de investigación para poder dar un testimonio claro y preciso, y el derecho de estar informado sobre los motivos por los que está siendo citado. 

La defensa, ejercida por Espacio Público, mencionó al fiscal superior las irregularidades en el proceso, entre ellos, la inspección a la vivienda y el traslado de Meza a la sede del CICPC, sin orden de inspección y sin citación; el despojo de su cédula de identidad y celular; la incomunicación durante tres horas mientras lo entrevistaba; y los actos intimidatorios de los funcionarios del CICPC y del fiscal auxiliar, que además no estaban plenamente identificados.

Ante la denuncia hecha por la defensa sobre las actuaciones ilegales, el fiscal ignoró los hechos e indicó que todo se debe a una confusión o falta de experiencia del personal de fiscalía, lo que supone la aquiescencia de estas actuaciones por parte del fiscal y su negativa en responsabilizar a los funcionarios implicados. Por el contrario, enfatizó que en su departamento todos los actos están dentro del marco legal y que bajo el supuesto de una vulneración por parte del cuerpo de seguridad, hay que dirigirse ante la sede del cuerpo de investigaciones.

Luego devolvió el teléfono celular a Meza, aún cuando el decomiso de su celular no debió suceder y mucho menos ser sujeto a una confiscación que duró más de 12 horas, sin orden judical, lo que implica una violación a su privacidad. 

Continuidad de la investigación

Existe una falta de garantías y seguridad jurídica para Meza, aunque funcionarios argumentan que la citación fue en calidad de testigo, el trato es el de un imputado. Además, a Meza le indicaron que de ser necesario la fiscalía 94 Nacional lo volvería a citar “para conversar”, lo que responde a un práctica estatal que busca perseguir e intimidar.

Durante el hostigamiento que inició el 25 de enero han ocurrido diferentes violaciones al debido proceso, igualmente estos interrogatirios son mecanismos intimidatorios que se convierten en advertencias para otras personas que trabajan en los medios de comunicación y funcionan como una medida coercitiva que evita la publicación de información e investigaciones críticas al gobierno.

El periodismo libre e independiente es uno de los pilares de las sociedades democráticas, la persecusión a Meza y otros trabajadores de El Nacional afecta también la posibilidad de que la ciudadanía conozca hechos de corrupción o irregularidades y, por lo tanto, que exijan cambios en el gobierno y sus políticas en la administración pública.