Rodolfo Lisk y Francisco Martínez fueron detenidos, el pasado 3 de enero, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas (Cicpc), por la presunta difusión de un video en el que se observa un crimen ocurrido en el centro comercial El Sambil.
Funcionarios de la Subdelegación Chacao, detuvieron a Lisk y a Martínez, en las instalaciones de El Sambil y en el municipio Rafael Urdaneta de Ocumare del Tuy, respectivamente, luego de que las experticias telefónicas los señalaran de ser los responsables de la difusión de un video de seguridad en el que un hombre lanza al vacío a una niña y luego se suicida.
De acuerdo con la información publicada por el director del Cicpc, Douglas Rico, el motivo de la detención es que la difusión del video “afecta el bienestar emocional de los familiares de los fallecidos”. Recordamos a las autoridades esa no es razón para detener a una persona. No existe en el ordenamiento jurídico venezolano ninguna Ley o artículo que castigue la difusión de información, justamente porque los tratados internacionales y principales estándares protegen la libertad de expresión como derecho humano.
La detención de estos ciudadanos vulnera de forma sostenida sus derechos fundamentales a la integridad personal y el debido proceso, no solo por la desproporción de la medida sino porque fueron privados de libertad injustamente solo por ejercer de manera legítima su libertad de expresión.