Detienen a dirigente sindical por defender derechos laborales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron el 15 de enero a Jean Mendoza, secretario general del sindicato de la transnacional chilena Masisa, por reclamar a la empresa el incumplimiento del contrato colectivo de los trabajadores.

El arresto se llevó a cabo en el Centro Comercial Costa Atlántico en Puerto Ordaz, estado Bolívar, cuando Mendoza sostenía una reunión con trabajadores. La acusación contra el dirigente la realizó la administración de Masisa, acusándolo de “instigación al odio” y “asociación para delinquir”. 

El sindicalista había comenzado sus denuncias contra la empresa en el año 2018 por incumplimiento de beneficios contractuales firmados ese año, razón por la cual, en julio de 2021 realizó una denuncia ante el Ministerio Público.

Se  espera que sea presentado ante el Tribunal Quinto de Controles el 17 de enero. 

En solidaridad con el dirigente, sindicalistas y diversos movimientos emitieron su rechazo a la medida. Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores de Bolívar (Fetrabolívar), declaró a Espacio Público que la detención de Mendoza es una violación de la libertad sindical y de los derechos de los trabajadores de reclamar las reivindicaciones laborales. ¹ 

Del mismo modo, Rolando Muñoz, trabajador de la Corporación Venezolana de Guayana Bauxilium, defensor de los derechos humanos y Secretario General e integrante del Movimiento 23, denunció el arresto del sindicalista a través de su cuenta de Twitter: 

“Acaban de llevarse detenido al compañero de trabajo y hermano Jean Mendoza trabajador de la empresa Masisa por defender los derechos laborales, el patrón lo acusa de instigación al odio y se evidencia una vez más la arremetida contra la dirigencia sindical“ expresó. ²

El encarcelamiento de Jean Mendoza se suma a la larga lista de arbitrariedades y persecución que viven los trabajadores y sindicalistas. En julio de 2021, la Coalición Sindical de Venezuela informó que  en los últimos 10 años ha habido 151 detenciones a líderes sindicales en el país y que en la mayoría de los casos no se han cumplido con ninguno de los procedimientos penales establecidos en la Constitución. ³ 

Del mismo modo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) pudo registrar al menos 300 denuncias de trabajadores que fueron despedidos por no apoyar la elección de la asamblea nacional constituyente (anc) en 2017. Medidas de esta índole han sido propias del poder público desde 2002, al encontrar el gobierno nacional una “férrea oposición” en el ámbito de los representantes de los trabajadores. ⁴ 

El derecho a trabajar y a formar sindicatos son esenciales para la incidencia colectiva en una sociedad. Su persecución atenta contra la libertad de asociación, que es también un instrumento para lograr el pleno disfrute de otras garantías, ya que facilita el ejercicio y la defensa de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Todas las personas tienen derecho a la asociación y de alzar su voz de manera colectiva, este derecho es una herramienta para ser miembros activos de la sociedad y agentes de cambio.