Desde el estado Trujillo, occidente de Venezuela, se han denunciado detenciones y desapariciones forzadas de ciudadanos y ciudadanas médicos, comerciantes y agricultores, que tienen trabajo de incidencia en la defensa de los derechos humanos y han sido voces críticas al gobierno actual.
Hommel Torres y Pedro Andrade son los casos más recientes, personas a quienes sus familiares vieron por última vez el domingo 21 de septiembre de 2025.
Ambos fueron detenidos -de acuerdo a la versión de quienes asumieron la vocería- en el cruce fronterizo Tienditas, en dirección a Cúcuta. Una tercera persona que iba manejando el vehículo en el que se trasladaban también se encuentra desaparecida y su identidad está por verificarse.
El día 10 de septiembre, Torres y Andrade dejaron en un sitio de la vía pública (un punto emblemático de la ciudad Valera, en Trujillo), por donde pasaría la vuelta al Táchira, una pancarta con un texto alusivo a la exigencia de transparencia de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
Unas horas más tarde, detuvieron a los esposos Elizabeth Rodríguez y Juan Torres, ambos médicos, cuando se dirigían a su sitio de trabajo 1, y allanaron la vivienda de Pedro.
“Entraron a la casa más de 100 funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado y le exigieron a su mamá, la señora María de 71 años, que lo llamara para que se entregara. Ese día la detuvieron, se llevaron también a la hermana y al sobrino adolescente de Pedro. Les quitaron los teléfonos a la familia y a vecinos próximos a la casa, mientras desvalijaron toda la propiedad llevándose hasta ropa interior”. 2
Luego de poner la pancarta, Andrade recibió un aviso de amenaza, por eso se desvió y no fue a su casa.
Solo durante la primera semana de enero de 2025 las detenciones políticas en Venezuela comenzaron a darse de forma reiterada. Trujillo se convirtió en el estado con más arrestos: nueve durante esos días.
Reconocidos en Trujillo
Torres emigró a Perú en 2018, pero luego del fallecimiento de su esposa hace un poco más de cinco años tuvo que regresar al país. Tiene dos hijos adolescentes quienes están bajo su tutela.
Fue trabajador de la Alcaldía de Valera en donde hizo esfuerzos por defender los derechos laborales y, actualmente, se dedica al comercio.
Su activismo político lo inició a los 15 años. Comenzó como dirigente estudiantil en los espacios de la educación media, siguió en la universidad y, ahora, estaba haciendo incidencia en las comunidades con actividades deportivas y culturales, y apoyando a reorganizar a trabajadores informales, tarea que empezó en Perú.
Andrade, por su parte, es técnico medio en Deporte, padre de una niña de 13 años, soltero y siempre se ha dedicado a laboral la tierra, es agricultor desde muy joven. Cursó la carrera de Estudios Políticos en la UCV. No la terminó por problemas económicos y familiares.
Se regresó a Trujillo, y continuó haciendo activismo desde la política opositora para la defensa del voto y movilización. “En respuesta recibió amenazas y fue hostigado por autoridades vinculadas a la gobernación del Estado”. 3
¿Es un delito colgar una pancarta?
El artículo 57 de la Constitución Nacional consagra que “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.
“Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra ni los mensajes discriminatorios ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.
También en su artículo 143 establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular”.
“Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.
El contenido de una pancarta no contempla un delito principalmente porque la exigencia está apegada a lo que consagra la Constitución Nacional, hay una expresión realizada por un medio artístico y el contenido es una exigencia de información que es de interés público, y no puede estar sometida a censura.
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 4, en su artículo 19, señala que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 5
Este enunciado indica que la difusión de la expresión puede ser de diversas formas entre ellas la artística. Por tanto, una pancarta puede ser considerada arte, pero en el caso de la actividad en la que participaron Torres y Andrade fue el medio seleccionado para expresarse, para mostrar su opinión o exigencia.
También, el artículo 21 de ese pacto internacional reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
Ahora bien, el artículo 23 de la Constitución Nacional da el carácter de jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales firmados, suscritos y ratificados por el Estado venezolano, lo que incluye este pacto internacional.
No obstante, lo anterior se convierte en letra muerta, cuando desde las instituciones del Estado se usa una violencia discursiva y una represión sistemática contra quienes ejercen de forma legítima sus derechos.
“Las altas esferas del gobierno emplean una retórica que estigmatiza y criminaliza a sectores de oposición, real o percibida. Miembros de la sociedad civil independiente, periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, son calificadas sistemáticamente como ‘traidores’, ‘agentes extranjeros’ o ‘desestabilizadores’, sin ningún tipo de evidencias legales ni bajo investigación judicial formales.
“Este lenguaje no solo busca deslegitimar a quienes disienten, sino que también crea un ambiente de hostilidad y miedo, e intenta validar la persecución y las detenciones arbitrarias”. 6
En riesgo la libertad de expresión
La persecución y las detenciones arbitrarias por motivos políticos se está intensificando en Venezuela, tal como alertó este lunes 22 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU; pero también se está menoscabando el derecho que tienen los y las ciudadanos de difundan información y de mostrar públicamente su posición política.
“Prácticamente, en el estado Trujillo, el que diga algo malo sobre alguien, y más vinculado a estos líderes comunitarios, como jefes de calle, corre el riesgo de ser detenido”, 7
Desde Espacio Público, además de abogar por el respeto e integridad de la familia venezolana, exigimos el cese la política de persecución, hostigamiento e intimidación a quienes tienen una expresión contraria al gobierno actual. Pensar y opinar diferente es un ejercicio de libertad, es una garantía democrática, que debe hacerse sin temor a represalias.
*En esta nota se omiten los nombres, a petición de las fuentes, para resguardar la integridad total de las personas y de sus familias que permanecen en Trujillo.
- Efecto Cocuyo, 14 de septiembre de 2025. Denuncian detención arbitraria de los esposos Elizabeth Rodríguez y Juan Torres. Recuperado en https://efectococuyo.com/politica/denuncian-detencion-arbitraria-de-los-esposos-elizabeth-rodriguez-y-juan-torres-en-trujillo/[↩]
- Entrevista telefónica con un allegado a cargo de la vocería [↩]
- Entrevista telefónica con allegado a la familia y encargado de la vocería [↩]
- Naciones Unidas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado en https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights [↩]
- Idem [↩]
- Espacio Público, julio 2025. A un año del 28J: Represión no es silencio. Informe especial. Recuperado en https://espaciopublico.ong/a-un-ano-de-28j-represion-no-es-silencio-informe-especial/ [↩]
- Testimonio de una activista vía telefónica [↩]