Espacio Público junto a Tinedo Guía, Presidente del Colegio Nacional de Periodistas y Silvia Alegrett en representación de la Asociación Civil Expresión Libre, introdujeron una demanda de protección de derechos e intereses difusos en contra de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) actualmente dirigida por Enrique Quintana, solicitando se restituya la señal de CNN en Español en Venezuela.
La demanda tiene una naturaleza cautelar y exige el cese de la medida dictada por Conatel que afecta la señal de CNN en Español dejándolo fuera de la señal de las operadoras de televisión por cable en el país, violando el derecho a la libertad de expresión e información, establecido en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y cerrando una ventana de transmisión de opiniones e ideas.
CNN en Español salió del aire el 15 de febrero de 2017, luego de la publicación de un comunicado por parte de Conatel en el que se hizo público el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio y las consecuenciales medidas cautelares contra el canal de noticias, la medida se produjo luego de que Nicolás Maduro diera la orden durante una alocución oficial realizada el 12 de febrero de 2017.
La medida se lleva adelante luego de que el canal de noticias realizará un trabajo de investigación sobre la supuesta venta ilegal de pasaportes venezolanos a figuras vinculadas al terrorismo. El trabajo de investigación fue divulgado el 6 de febrero de 2017 y denuncia la trama de la venta pasaportes y visas venezolanas a personas vinculadas con el terrorismo en la embajada de Venezuela en Bagdad dejando en evidencia la participación del vicepresidente, Tareck El Aissami en este acto.
La demanda busca que se declare la suspensión de los efectos de la medida y el restablecimiento de la señal de CNN en Español en las grillas de programación de las operadoras de televisión por cable y que con esto cese la restricción del derecho a la libertad de expresión e información que afecta a la sociedad, especialmente a quienes tienen menos posibilidades de expresarse y acceder a la información tal como lo establece nuestra Constitución.
