“Ciudadana
Gabriela Ramírez
Defensora del Pueblo.-
Nosotros, miembros de la Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Periodistas, corporación gremial que ampara a los comunicadores sociales de Venezuela, acudimos a usted mediante el presente comunicado para hacer un llamado a la institución que representa para que se aboque de manera urgente a conocer los aspectos relacionados a la escasez de papel periódico que viene afectando de manera sensible a los medios de comunicación impresos en nuestro país.
Vale la pena recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla en su artículo 280 que la defensoría del pueblo «tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas.”
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo está obligada a ser uno de los entes garantes de la libertad de expresión en nuestra nación. Citando nuevamente la carta magna es oportuno recordar que el texto constitucional reza en su artículo 57:
«Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura».
Asimismo la Convención Americana sobre Derechos Humanos plasma en su artículo 3 “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
La libertad de expresión de los ciudadanos venezolanos se ve amenazada ante la imposibilidad de los medios impresos de adquirir las divisas necesarias para la compra de una materia prima imprescindible como lo es el papel.
Esta limitación ha traído como consecuencia, según un estudio del Instituto Prensa y Sociedad, que al menos 31 periódicos a lo largo y ancho del territorio nacional hayan tenido que limitar la cantidad de páginas en sus diferentes ediciones, lo que acarrea una reducción en la cantidad y calidad de los contenidos que son de interés público. Al mismo tiempo, esta situación ha llevado al cierre de diez medios impresos, mientras que dos dejaron de circular los fines de semana. A la postre, esta situación traerá como consecuencia la clausura de otros.
Cada vez que un medio de comunicación deja de circular, decenas de familias se ven afectadas por la pérdida de puestos de trabajos y otros cientos se ven vulnerados al no poder recibir información «plural, veraz y oportuna».
Cabe destacar que nuestro gremio ha acudido en respaldo de los medios impresos, ante los entes responsables del otorgamiento de divisas, y que dichos entes han soslayado de manera reprochable los reclamos formulados.
Ciudadana Defensora del Pueblo, ante los planteamientos aquí esgrimidos, siendo usted una de las responsables de defender los derechos de todos los venezolanos por igual nos preguntamos:
¿Resulta democrático que la adjudicación y liquidación de divisas para la compra de papel periódico no sea un tema prioritario para el gobierno nacional?
¿Qué va a pasar con las casi 40.000 familias que se quedarían sin sustento económico en caso de cerrar otros medios de comunicación impresos? ¿Acaso estas familias no están amparadas por la carta magna?
¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos venezolanos a comprar el medio de comunicación de su preferencia y a recibir la información de lo que acontece en el país mediante contenidos que recojan las voces de todos los actores de la vida nacional?
¿Puede estar la Defensoría del Pueblo al margen de esta coyuntura?
El CNP es una institución nacida en democracia; por ende, nuestras actuaciones van de la mano de acudir a toda aquella institución que esté en el sagrado deber de darnos una respuesta.
No podemos perder la ocasión para denunciar ante su organismo los recientes señalamientos formulados por Nicolás Maduro, presidente de la República, quien afirmó el pasado viernes 7 de febrero:
“Ustedes se dan cuenta que ellos –los medios– están en contra del Plan de Pacificación y están frotándose las manos porque en Venezuela no se cumpla con un plan que pacifique el país. Están apostando al fracaso del Plan de Pacificación, los dueños de los grandes medios de comunicación de la burguesía, todos: El Nacional –lo tuve que nombrar–, El Universal, la llamada cadena del Bloque de Armas… Todos, todos, todos apuestan al fracaso del Plan de Paz Nacional que estoy yo echando andar, todos, todos ellos. Les va a llegar su hora porque en el Plan de Pacificación yo voy a hacer un conjunto de normas, me van a llamar dictador, no me importa, voy a hacer normas muy estrictas para que se acabe el amarillismo y la campaña y la propaganda».
Ante este señalamiento el Colegio Nacional de Periodistas debe ser enfático y aclarar que no somos los reporteros ni son los medios de comunicación los que han fomentado la violencia ni perpetrado los miles de asesinatos que se vienen registrando trágicamente en nuestro país en la última década.
De antemano rechazamos cualquier pretensión del gobierno nacional por disfrazar el combate al «amarillismo» como un mecanismo de censura para que los venezolanos estén desinformados sobre el grave problema de inseguridad que aqueja a nuestra patria”.
Fuente
Colegio Nacional de Periodistas, 10 de febrero de 2014.