Amnistía Internacional aseguró que esta ley podría obstaculizar la labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, por lo que instó al gobierno a garantizar los derechos a la libertad de asociación y expresión.
La organización advierte que el proyecto "deja la puerta abierta para que el Ejecutivo nacional regule lo que pueden y no pueden hacer las organizaciones no gubernamentales (ONG)".
Las normas internacionales garantizan el derecho de las organizaciones de derechos humanos a definir el alcance de su trabajo, incluso a solicitar, recibir y utilizar recursos para poder llevar a cabo su labor. El trabajo de los defensores de derechos humanos es fundamental en el país", señala Nuria García, investigador por Venezuela en Amnistía internacional.
Fuente: El Universal