Al cumplirse un mes del doble terremoto registrado el 24 de junio de 2026 (de magnitudes 7.2 y 7.5), se mantienen las omisiones institucionales y los vacíos en la atención a las familias damnificadas.
Según los últimos reportes oficiales difundidos por el Ejecutivo Nacional, las cifras superan las 5.300 personas fallecidas y más de 16.700 heridas. Sin embargo, la brecha entre los pronunciamientos del Estado y los testimonios recabados sobre el terreno evidencia un patrón sistemático de fallas en la gestión de la emergencia:
1. Respuesta extemporánea de Funvisis e ineficiencia inicial
Uno de los puntos más críticos denunciados por la ciudadanía y organizaciones de Derechos Humanos está en la tardanza y opacidad en los reportes sismológicos oficiales.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) omitió detalles oportunos y emitió boletines técnicos preliminares con retraso injustificado, provocando que durante las primeras horas críticas tras el movimiento telúrico la población dependiera exclusivamente de agencias e institutos geológicos internacionales (como el USGS de EE. UU. y el EMSC europeo) para conocer la magnitud y profundidad real del evento.
Pese a que Funvisis contabilizó más de 1.445 réplicas 1, comunidades costeras de La Guaira y zonas altas de Caracas han reportado eventos perceptibles que no fueron reseñados a tiempo en la red pública, lo que impidió que la población tomara medidas informadas de evacuación preventiva.
Además, el Gobierno decretó tardío el duelo nacional: el 1 de julio con una duración de siete días, es decir, una semana después de la catástrofe.
2. Contradicciones y falta de transparencia en la cifra de víctimas y desaparecidos
El Estado venezolano incurrió en una evidente restricción del derecho de acceso a la información pública, consagrado en normas constitucionales e internacionales:
- Ausencia de un registro público de desaparecidos. Este retraso refleja falta de claridad oficial sobre el verdadero alcance de los desaparecidos bajo los escombros. En contraposición, la respuesta gubernamental mantiene el foco en la gestión de los campamentos transitorios y la atención de las personas afectadas 2.
- Retardos e insalubridad en la identificación forense. Familiares que acuden a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Bello Monte y en la morgue improvisada en Los Silos, en La Guaira, denuncian trabas para acceder a pruebas científicas (ADN y peritajes odontológicos), derivando en demoras injustificadas para la entrega de cuerpos.
No fue sino hasta el 21 de julio que el Senamecf convocó a los familiares de las víctimas a realizarse pruebas voluntarias de ADN para agilizar los procesos de identificación 3. El manejo de los cuerpos recuperados de los escombros no ha sido transparente ni ha seguido el mismo protocolo: a unos les ponían códigos, a otros el nombre escrito en un tapabocas que colgaban de la bolsa o se lo escribían en cualquier parte del cuerpo con un marcador, de acuerdo a los testimonios. Tampoco el traslado fue riguroso, pues en medio de la desesperación las familias se llevaban los cuerpos en sus vehículos. También los medios registran denuncias de pérdida de cadáveres una vez reconocidos por los familiares 4, lo que constituye una grave omisión en el deber de custodia y protección de los derechos de las víctimas y sus deudos. La respuesta institucional tras la emergencia evidenció graves fallas estructurales y omisiones operativas por parte del Estado venezolano, el cual saltó estándares internacionales fijados para el manejo de cadáveres en situaciones de catástrofe. En lugar de garantizar un proceso sistemático, ágil y respetuoso, la actuación se caracterizó por la improvisación, la opacidad y la dilación injustificada.
- Recientemente el Ministerio de Salud publicó un boletín epidemiológico parcial (del 28 de junio al 4 de julio), pero omite datos concretos como tipo de traumatismos que se atendieron en los hospitales de campaña, datos específicos sobre la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica (diarreas agudas, amebiasis) en los 107 campamentos transitorios. A pesar de los anuncios de fumigación en parroquias como Caraballeda o Macuto, el hacinamiento y las fallas en el suministro de agua potable elevan el riesgo epidemiológico sin que existan cifras claras sobre contagios.
- Tampoco ha informado sobre el estatus real de la red hospitalaria. Persiste la falta de un informe detallado sobre la capacidad operativa de los centros asistenciales en La Guaira, Caracas, Aragua y Miranda. La falta de información pública sobre el ingreso de heridos derivó en el colapso de las emergencias de hospitales centinela en la capital (como el Hospital Universitario de Caracas o el Pérez Carreño), que ya enfrentaban desabastecimiento severo de insumos. En ese mismo boletín se refiere al funcionamiento de los hospitales de campaña internacionales, con unas cifras parciales que frente al reporte oficial diario no representan la realidad 5.
- El reporte gubernamental tampoco aclara cuál es el plan de contingencia para garantizar la continuidad de tratamiento a pacientes en hemodiálisis, enfermos oncológicos e insulinodependientes que perdieron sus medicamentos o cuyas unidades de atención resultaron dañadas. Asimismo, la respuesta en salud mental se ha limitado a una línea telefónica (0800-AYUDA-01), omitiendo datos sobre el despliegue de brigadas psicosociales en el terreno para atender cuadros de duelo masivo y trauma en niños y adultos mayores. También creó un mecanismo para la localización de personas desaparecidas (www.localizapacientes.com).
3. Respuestas oficiales
El gobierno venezolano, a través de balances del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Vicepresidencia Ejecutiva, centró su discurso en:
- Militarización de la ayuda. Con el despliegue de más de 30.000 efectivos policiales y militares para labores de orden público e inspección 6.
- Rechazo a los cuestionamientos. Declaraciones oficiales donde la administración tilda las denuncias sobre la opacidad y lentitud de la respuesta como una “matriz politizada”, afirmando haber distribuido miles de toneladas de alimentos e insumos de agua en zonas afectadas. Esta postura se vio agravada por restricciones a la cobertura periodística en las morgues e infraestructuras colapsadas y el mantenimiento de bloqueos informativos, configurando una clara violación al derecho a la información (artículo 58 constitucional) y vulnerando el deber de transparencia que debe regir toda gestión de desastres según los estándares internacionales.
La respuesta humanitaria no puede reducirse al control de la fuerza pública o al reparto discrecional de alimentos, sino que debe garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, la información es crucial para salvar vidas. Quienes se encuentran en las zonas afectadas, e incluso fuera del país, necesitan información precisa sobre réplicas sísmicas, rutas de evacuación, centros de atención y disponibilidad de servicios públicos, ubicación de heridos y listas de desaparecidos; pero a la fecha, al menos 65 portales informativos permanecen bloqueados 7.
¿Qué otras cosas ha hecho el Estado a un mes de los terremotos?
De acuerdo con las autoridades nacionales, fueron habilitados 107 campamentos transitorios para la atención de personas afectadas, con una capacidad instalada de 27.950 personas y una ocupación de 23.122 personas. Hasta el 21 de julio, 41 campamentos se encuentran instalados en Caracas, 28 en La Guaira, 28 en Miranda y 10 en Aragua. Del total de población alojada, 12.123 personas estánse encuentran en La Guaira, 8.508 en Caracas, 1.816 en Miranda y 675 en Aragua 8.
No obstante, informar únicamente la cantidad de refugiados o de carpas instaladas es insuficiente. Para que la gestión de refugios cumpla con los derechos humanos y la transparencia operacional, el Estado debería informar de forma pública e individualizada, por ejemplo, cómo y hasta cuándo se desarrollará el plan Venezuela Renace.
La población refugiada tiene derecho a saber cuánto tiempo permanecerá en el campamento temporal y cuáles son las fases fijadas para la transición a una vivienda digna; también cuál es la metodología para adjudicar viviendas definitivas o soluciones habitacionales (¿prioridad a familias con niños, ancianos, personas con discapacidad?), evitando el uso político o discrecional de las entregas.
Otra información importante que facilitará la aplicación de políticas públicas acertadas es explicar y permitir que la prensa libre constate las condiciones internas, salubridad y dignidad en los campamentos, ofreciendo un desglose de la población vulnerable: cifras públicas sobre la cantidad de niñas, niños, adultos mayores, lactantes, embarazadas y personas con discapacidad o enfermedades crónicas alojadas en los 107 campamentos, algunos de ellos gestionados bajo control policial y militar.
Además de esas informaciones oficiales, la ciudadanía también tiene derecho a conocer el diagnóstico real de la infraestructura vital (represas, redes eléctricas, puentes y carreteras) y a contar con cronogramas transparentes de reconexión por sectores. La omisión de esta información no solo mantiene a las comunidades expuestas a brotes epidémicos y riesgos viales por fallas de infraestructura no reportadas, sino que paraliza la reactivación económica y profundiza la vulnerabilidad de las familias afectadas.
Sector educativo sin información
Lo mismo ocurre con las actividades escolares, que permanecen suspendidas en los estados afectados: Aragua, Carabobo, Falcón, La Guaira, Distrito Capital y Miranda.
Tras el doblete sísmico, la presidenta (e), Delcy Rodríguez, anunció la emergencia nacional hasta el lunes 29 de junio, incluyendo la suspensión de actividades escolares que se extendió por una semana más.
Ante esto, el Ministerio de Educación anunció un plan de contingencia para las zonas afectadas y que el calendario original cambiaría por la nueva prioridad, con el fin de garantizar la integridad física y el acompañamiento a estudiantes y profesores en las regiones golpeadas: municipio Vargas en La Guaira; municipio Libertador en Distrito Capital; municipios Chacao, Baruta, El Hatillo, Sucre, Plaza, Zamora, Acevedo, Brión, Buroz, Páez, Andrés Bello y Pedro Gual en Miranda; Santiago Mariño, Girardot, Ocumare de la Costa de Oro y Tovar en Aragua; Juan José Mora, Puerto Cabello, Naguanagua y Valencia en Carabobo; y el municipio José Laurencio Silva en el estado Falcón.
Este plan de contingencia estableció, en principio, la suspensión definitiva de las clases en las zonas antes mencionadas, mientras que en los otros estados del país se retomó el curso de las actividades el lunes 6 de julio con la presunta incorporación de la gestión de riesgos como tema de estudio y para “brindar soporte socioemocional a través de un cronograma de cierre organizado”.
El año escolar terminaba oficialmente el viernes 17 de este mes, mientras que otras actividades —como revisiones de expedientes y recuperaciones académicas en el nivel de bachillerato— serían del 20 al 23; los actos de promoción y entrega de títulos se fijaron del 29 al 31 de julio con actos estrictamente protocolares y discretos por el duelo que enluta a miles de familias.
En vista del abrupto cierre del año escolar 2025-2026, son diversas las interrogantes que surgen desde el sector educativo: no existen datos reales desde el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa (antigua Zona Educativa) de La Guaira, Miranda, Distrito Capital y Aragua sobre cuáles son los planteles afectados, cifras de estudiantes y profesores fallecidos, cifras de docentes y alumnos que emigraron de La Guaira hacia otras ciudades de Venezuela, así como tampoco datos de personas afectadas psicológicamente.
José Rodríguez*, un profesor que labora en la parroquia Antímano de Caracas, aseguró que en esta zona existen 66 colegios, de los cuales 49 resultaron con afectaciones tras el doblete sísmico. Sin embargo, no existe información oficial sobre cuál será el plan de recuperación de estos planteles, planteando interrogantes críticas: ¿Quién se va a encargar? ¿El colegio? ¿El Estado? ¿Los padres y representantes? ¿Hasta cuándo podrá esperar un colegio para iniciar las reparaciones? ¿Cuántos estudiantes de La Guaira se reubicarán en Caracas?
A esta situación se le suma que tampoco se menciona la cantidad de estudiantes que quedan desasistidos porque sus colegios no están en condiciones aptas. “¿Cómo será la atención cuando inicie el año escolar? ¿Será una modalidad a distancia?”. El docente comenta que una de las recomendaciones que recibieron por parte de los bomberos es que no se deben hacer reparaciones en un lapso de dos a seis meses debido al riesgo de pérdida estructural ante posibles réplicas. “Hay vacío de información. Tampoco se sabe cuándo comenzaremos el proceso de inscripciones”, agregó.
La docente Gricelda Sánchez, vocera de la organización Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), resaltó que otra de las interrogantes actuales es que se desconoce cuántos colegios fueron habilitados como “campamentos transitorios” (refugios) para atender a las familias sin vivienda.
De acuerdo con Sánchez, en Venezuela existen unas 24.000 escuelas y se requiere saber cuáles y cuántas funcionan como hogares temporales, cuántos profesores resultaron afectados y qué tipo de atención recibirán. “Nada de eso está claro. No hay información oficial del ente rector”, expresó.
Existe un vacío de información oficial desagregada sobre el impacto real. Por tanto, desde el gremio le exigen al Ministerio de Educación:
- El listado detallado y el estatus técnico (leve, moderado, inhabitable/colapsado) de cada plantel afectado en el ámbito nacional.
- Cifras globales consolidadas sobre docentes, personal administrativo y estudiantes damnificados o fallecidos a escala nacional.
- Cronograma de obras, presupuesto asignado y tiempos estimados para la entrega de escuelas reparadas.
- Lineamientos oficiales claros sobre cómo se adaptará el currículo y los lapsos del año lectivo 2026-2027 en los municipios declarados en emergencia.
Llegado el mes…
El terremoto ya ocurrió, pero la emergencia continúa en pleno desarrollo. Reducir la tragedia a la opacidad, la improvisación, la censura de medios y el aporte de estadísticas parciales no atenúa el impacto del desastre; por el contrario, revictimiza a la población, profundiza la incertidumbre en sectores vitales como la salud y la educación, y obstruye la reconstrucción social.
Responder con transparencia, datos desagregados y políticas públicas auditables no es una concesión política del Ejecutivo, sino un mandato constitucional e imperativo humanitario que, en momentos de crisis, marca la diferencia entre salvar vidas o prolongar el sufrimiento.
Este especial es una aproximación a lo acontecido durante el primer mes de la emergencia en el país, bajo el principio del derecho de acceso a la información pública contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: el Artículo 51 (Derecho de petición y respuesta oportuna), que obliga a las autoridades a emitir respuestas oportunas y adecuadas; y el Artículo 58 (Derecho a la información veraz e imparcial), que garantiza a la ciudadanía el acceso libre, oportuno e imparcial a la información, un pilar fundamental en contextos de catástrofe pública.
*Se usa seudónimo
- Correo del Caroní, 22 de julio de 2026. Funvisis registra 1.445 sismos tras el terremoto del 24 de junio. Recuperado en correodelcaroni.com [↩]
- OCHA Venezuela, 21 de julio de 2026. Terremotos en Venezuela: Reporte de situación #28. Recuperado en https://www.unocha.org/publications/report/venezuela-bolivarian-republic/terremotos-en-venezuela-reporte-de-situacion-28-21-de-julio-de-2026-hora-0900-pm[↩]
- Agencia Venezolana de Noticias, 23 de julio de 2026. Senamecef reitera llamado para identificar cuerpos sin reclamar en la sede de Bello Monte. Recuperado en https://avn.info.ve/senamecf-reitera-llamado-para-identificar-cuerpos-sin-reclamar-en-su-sede-en-la-guaira/ [↩]
- Crónica.Uno, 30 de junio de 2026. Familiares denuncian la desaparición de cadáveres recuperados tras los terremotos. Recuperado en https://cronica.uno/familiares-denuncian-la-desaparicion-de-cadaveres-recuperados-tras-los-terremotos/ [↩]
- Ministerio de Salud. Boletín Epidemiológico Nacional. Recuperado en https://mpps.gob.ve/wp-content/uploads/2026/07/Boletin-Epidemiologico-SEM-26.pdf [↩]
- Asamblea Nacional, 23 de julio de 2026. Más de 30 mil efectivos de seguridad se mantienen desplegados en estados afectados por terremotos. Recuperado en https://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/mas-de-30-mil-efectivos-de-seguridad-se-mantienen-desplegados-en-estados-afectados-por-terremotos [↩]
- El Impulso, 15 de julio de 2026. Organizaciones de prensa exigen levantar restricciones a periodistas durante la emergencia por los terremotos en Venezuela #15Jul. Recuperado en https://www.elimpulso.com/2026/07/15/organizaciones-de-prensa-exigen-levantar-restricciones-a-periodistas-durante-la-emergencia-por-los-terremotos-en-venezuela-15jul/ [↩]
- Contrapunto, 21 de julio de 2026. Balance oficial: 107 campamentos atienden la contingencia en Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua (detalles). Recuperado en https://contrapunto.com/nacional/gestion/balance-oficial-107-campamentos-atienden-la-contingencia-en-caracas-la-guaira-miranda-y-aragua-detalles/ [↩]