Las distintas organizaciones de la CONAPRO hemos recibido varias denuncias, desde el 12 de febrero de 2014, sobre el comportamiento violento de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, policías regionales y otras fuerzas estatales. Igualmente registramos tolerancia o aceptación ante hechos violentos propiciados por terceros, incumpliendo sus obligaciones en resguardo de la integridad de quienes ejercen profesionalmente los derechos consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Otro hecho recurrente es la expropiación o decomiso de cámaras, celulares, memorias digitales y otros soportes de imágenes y videos realizados en el ejercicio de su labor periodística. Estos hechos vulneran el derecho al trabajo, la propiedad intelectual y a la intimidad protegidos en el ordenamiento interno y los tratados internacionales. Adicionalmente hemos documentado situaciones en las que manifestantes, de diversas posiciones políticas, descalifican y agreden a los trabajadores de los medios
Durante las manifestaciones y situaciones de conflicto “el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad.”[1]
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como la CRBV, protegen ampliamente el ejercicio de la libertad de expresión, por ello, es imperativo que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales que están ocurriendo en Venezuela actualmente
Ante esta situación:
1.- Exigimos a las autoridades competentes en los ámbitos nacionales, estadales y municipales que instruyan a sus funcionarios acerca de sus obligaciones en la protección de la integridad de los periodistas, reporteros gráficos y técnico.
2.- Al Ministerio Público que adelanten las investigaciones para establecer las responsabilidades y superar la situación de falta de justicia.
3.- Solicitamos a los manifestantes, de todas las orientaciones políticas, que cese la descalificación y violencia contra los periodistas, quienes realizan labores profesionales de cobertura
CONAPRO
[1]Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Declaración conjunta sobre violencia contra periodistas y comunicadores en el marco de manifestaciones social, 13 de septiembre de 2013.