Caracas, 26 de julio de 2017
Espacio Público exige al gobierno venezolano permitir y garantizar que los funcionarios públicos puedan libremente acudir o no a votar en las elecciones del próximo 30 de julio así como participar en huelgas, paros y protestas pacíficas de su preferencia.
En el contexto de la convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y con diversas protestas sociales en desarrollo, los funcionarios públicos son amenazados. Por una parte, se obliga a los funcionarios a votar por los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Por otro lado, se impide a los trabajadores del sector público participar en protestas sociales pacíficas contrarias al gobierno y se les obliga a participar en convocatorias de manifestaciones a favor del gobierno. De forma particular, se les obliga a acudir a sus trabajos en los días en los que se convoca huelga nacional por sectores contrarios al gobierno.
Con respecto a la obligación que pretenden imponer a los funcionarios públicos para que acudan a votar por los candidatos a la ANC aun en contra de su voluntad, debemos resaltar que el voto es un derecho y no una obligación en Venezuela. El artículo 63 de la Constitución Nacional establece que el sufragio es un derecho, el cual se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas, y por lo tanto, la persona puede decidir libremente cuándo ejercerlo.
El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General No. 25, señala que “Las personas con derecho de voto deben ser libres de votar a favor de cualquier candidato y a favor o en contra de cualquier propuesta que se someta a referéndum o plebiscito, y de apoyar al gobierno u oponerse a él, sin influencia ni coacción indebida de ningún tipo que pueda desvirtuar o inhibir la libre expresión de la voluntad de los electores. Estos deberán poder formarse una opinión de manera independiente, libres de toda violencia, amenaza de violencia, presión o manipulación de cualquier tipo”
Las instituciones públicas deben garantizar que no se aplicarán sanciones ni presiones de ningún tipo contra quienes decidan o no ir a votar en las elecciones del próximo 30 de julio. El Estado deberá garantizar que no se creen listas de electores que sirvan como mecanismo de discriminación en contra de las personas.
El derecho a huelga se contempla en el artículo 97 de la Constitución Nacional y en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e incluye específicamente a todos los trabajadores del sector público y del privado. Asimismo, es parte del derecho a la manifestación pública y constituye un acto de protesta pacífica legítima en una sociedad democrática. No puede impedirse a los trabajadores del sector público que ejerzan su derecho a participar en huelgas o paros, a no ser que se relacionen con servicios esenciales en el estricto sentido del término.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al respecto de las huelgas políticas de carácter nacional establece que “el principio que el Comité de Libertad Sindical ha mantenido en reiteradas ocasiones es la legitimidad de las huelgas de ámbito nacional, en la medida que tengan objetivos económicos y sociales y no puramente políticos; la prohibición a huelga sólo podría ser aceptable, con respecto a los funcionarios públicos, que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o con respecto a los trabajadores de los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población)”. (OIT, 1996, párrafo 492).
En este sentido, exigimos al gobierno venezolano que:
- Se abstenga de obligar a los funcionarios públicos a participar en las elecciones del próximo 30 de julio sobre la ANC.
- Se abstenga de impedir la participación de los funcionarios públicos en actividades de protesta como paros o huelga pacífica.
- Se abstenga de tomar represalias o medidas de presión contra quienes participen en actividades de huelga, paros o protesta pacífica y contra quienes se abstengan de votar en las elecciones del próximo 30 de julio.
