Sesion CIDH

Sociedad civil increpa al Estado en la audiencia de la CIDH

Durante el desarrollo del 165° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Montevideo, Carlos Correa, Director de Espacio Público develó algunos casos de violencia e impunidad de la justicia militar sobre civiles como también el manejo a discreción del espectro radioeléctrico por parte del Estado, el cierre de medios por razones políticas, la delicada situación de los medios de comunicación y participación política.

Durante la crisis que sufrió Venezuela en 2017 miles de ciudadanos se volcaron a las calles en masivas manifestaciones que fueron reprimidas por el Estado y sus fuerzas de orden público, en consecuencia, se registró un aumento significativo de las violaciones a los Derechos Humanos. El balance respecto al derecho a la libertad de expresión entre enero y septiembre de 2017, fue de 634 casos/situaciones para un total de 887 violaciones.

Estas cifras representan un aumento del 259% respecto al mismo periodo del año 2016, ubicando el 2017 como el periodo con mayor cantidad de violaciones a los derechos registradas en los últimos años, superando incluso el 2014, que con 350 casos se mantuvo como el ciclo más adverso para la práctica periodística y la libre difusión de información. Ambos periodos conflictivos se enmarcan en masivas jornadas de protestas de calle.

El ataque directo a representantes de la presa durante las manifestaciones se incrementó no solo en el lugar de las coberturas, sino también en la aplicación de sanciones administrativas y posteriores cierres de medios que constituyen un patrón que viene repitiéndose desde hace años y que ha convertido el periodismo en un oficio de alto riesgo en el país.

Violencia e impunidad. Justicia Militar

La arremetida contra reporteros en las zonas de protesta tanto por cuerpos de seguridad como por grupos paraestatales escala algunas veces en agresiones físicas a fin de impedir el registro la demanda ciudadana así como la represión por parte de la fuerza pública. De allí que la intimidación este en el primer lugar con 268 ocurrencias, seguida de las agresiones con 208. Donde destacan los casos de Gabriel Osorio, Alejandro Ledo, María Beatriz Lara, Carlos Julio Rojas, Santiago Guevara y Dan Zambrano, comunicadores agredidos en el ejercicio de sus funciones.

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Actualmente son tres los comunicadores sometidos a jurisdicción militar y encarcelados desde julio de 2017: Geovanny Nava, Alberto Cabrera y Antonio Media, siendo este último estudiante de periodismo. Alrededor de este caso existen un amparo constitucional y recursos y diligencias en jurisdicción militar llevados a cabo por la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) y ningún recurso ha sido efectivo. Tampoco la denuncia ante el Ministerio Público ha surtido efecto. Los afectados aún están siendo procesados en jurisdicción militar con restricciones de visitas y se desconoce sus condiciones actuales de reclusión y estado de salud.

Asimismo, Cincuenta y nueve (59) personas resultaron detenidas por registrar o difundir información, la mayoría durante cobertura de manifestaciones públicas entre los meses de abril y julio.

Espectro radioeléctrico y cierre de medios

En lo que constituye un claro patrón de violencia institucional el Gobierno continúa usando las instituciones del Estado para aplicar sanciones y restricciones administrativas con el objetivo de seguir cerrando espacios. En 2017 han salido del aire ocho canales de televisión, 49 emisoras y 17 medios impresos han dejado de circular por falta de papel prensa, tres de ellos indefinidamente. Las vías suelen ser las mismas: el Gobierno censura a través de restricciones indirectas utilizando como brazo ejecutor entes estatales. Adicionalmente se han registrado casos donde emisoras de radio cierran porque no pueden reponer equipos que han sido robados.

Acceso a la información, medio ambiente y extractivismo

Durante el año 2017 Espacio Público ha realizado un total de 31 peticiones de información, amparándose en los artículos ya nombrados de la Constitución Nacional. Las referidas peticiones han sido enviadas a distintos entes regionales, municipales y nacionales: Hidrobolivar, Hidropaez, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV), Ministerio para el Poder Popular de Ecosocialismo y Agua, Instituto Nacional de Parques (Inparques), Ministerio para el Poder Popular de Comunicación e Información (MINCI), gobernación del Estado Aragua, Consejo Legislativo del Estado Aragua, Alcaldía del Municipio Girardot de Aragua, Autoridad Única de Saneamiento del Lago de Valencia, Hidrocentro, Protección Civil del estado Aragua, Corposalud del estado Aragua, Defensoría del Pueblo e HidroPortuguesa, por distintos casos de violación en distintos niveles.

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Lago de Valencia

Son al menos 14 comunidades del estado Aragua las afectadas: La Punta, Mata Redonda, Palma Real, José Casanova Godoy, La Esmeralda, La EsmeralditaRómulo Gallegos, Las Vegas 1, Aguacatal 1, Aguacatal 2, Brisas del Lago, correspondientes al municipio Girardot, además de Paraparal 1, Paraparal 2 y Santa Inés del Municipio Francisco Linarez Alcántara.

Estas comunidades padecen constantes inundaciones, problemas con el suministro de servicios públicos básicos como agua potable y luz, así como graves problemas de saneamiento producto de la alta contaminación del Lago de Valencia.

De no ser tomadas medidas concretas, la caída del muro culminaría en una tragedia en la cual gran parte de las viviendas de la zona quedarían destruidas y muchas personas estarían en riesgo de perder la vida. El acceso oportuno a la información ha sido una gran deuda de las instituciones del Estado con estas comunidades, lo que ha aumentado el nivel de riesgo en el que se encuentran.

 

Medios de comunicación y participación política

En un contexto electoral este ecosistema de medios no garantiza el debate público y afecta de modo sustantivo la efectiva participación política. Las prácticas de hostigamiento a los medios y periodistas se mantuvieron en la reciente jornada electoral, que incluyeron dificultades para la acreditación de los periodistas y 16 casos de hostigamiento al trabajo informativo.

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El mayor daño radica en una sociedad con mayores dificultades para debatir e informarse sobre los temas de interés público. Adicionalmente se mantiene la amenaza de nuevas regulaciones restrictivas emanadas desde la Asamblea Nacional Constituyente y la aplicación de procedimientos administrativos que pueden derivar en el cierre de otros medios.

El Estado responde

Ante el cuestionamiento de las Organizaciones de la sociedad civil y los comisionados de la CIDH, los representantes del gobierno ofrecieron cifras de conflictividad que no publican en sus informes ni en sus sitios web, también aprovecharon para señalar a los medios de llevar adelante una “conspiración psicológica y mediática para alimentar un espiral de violencia” y refiriéndose a la Asamblea Nacional Constituyente afirmaron que “los poderes constituidos no podrán impedir las decisiones de la ANC”.

 

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