Sociedad Civil destaca las violaciones del Gobierno de Maduro en la audiencia de la CIDH

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Durante el desarrollo del 172° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Kingston, Jamaica, el director de Espacio Público, Carlos Correa y su equipo develaron algunos casos de violación a la libertad de expresión, violencia de funcionarios de seguridad hacia los ciudadanos en las diferentes ciudades del país, cierre de medios y bloqueos de plataformas en Internet.

Espacio Público documentó 252 casos durante el primer cuatrimestre del año 2019. Durante el mes de enero totalizó 71 casos, febrero 72, marzo 64 y abril con 45 casos, respectivamente

La cifra final de las denuncias derivadas de éstos cerró en 522 violaciones al derecho a la libertad de expresión, las cuales afectaron a 334 personas que, en su mayoría son periodistas, medios de comunicación y trabajadores públicos

67 personas fueron detenidas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El mayor número de víctimas son periodistas y trabajadores de la salud. Estos últimos por denunciar públicamente la emergencia humanitaria compleja que ocurre en Venezuela.

Al menos 11 periodistas extranjeros fueron deportados de Venezuela sin respeto al debido proceso. Entre ellos resaltan los casos de Jorge Ramos, quien se disponía de realizar una entrevista a Nicolás Maduro y fue abruptamente interrumpido, detenido y posteriormente deportado.

El número de casos registrados en este cuatrimestre representa un incremento del 193% respecto a los casos registrados en el mismo período del año 2018. El número de violaciones perpetradas representa un incremento del 314% en relación a las violaciones registradas en el mismo período de 2018.

 

Violencia estatal

La violencia directa contra periodistas se evidenció en el año 2000. La violencia hacía coro al discurso oficial y los funcionarios sumaban impunidad cómplice.

En este tiempo empezó el diseño, de modo deliberado o por el sentido táctico de la acción gubernamental, de una política pública que considera a los medios y periodistas como enemigos. Ello no era una mera declaración inconsecuente. Tuvo consecuencias y derivó en una reducción máxima en el ecosistema comunicativo nacional.

Cierre de medios

El martes 30 de abril durante las manifestaciones registradas en varios puntos del país, el canal BBC transmitía los acontecimientos y capturó cuando una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana atropelló de manera intencional a un grupo de personas que se encontraban en la urbanización La Carlota, Caracas. Mientras que CNN (en inglés) transmitió cómo grupos civiles armados dispararon contra manifestantes en la zona de Chacao, también en Caracas. Estas transmisiones ocasionaron que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenara de inmediato la salida del aire de estos dos canales de las cableoperadoras.

Con el bloqueo de la señal de BBC y CNN en inglés suman seis las televisoras internacionales censuradas entre enero y abril de este año. Deutsche Welle en español, Canal 24hrs de Chile, Antena 3 y National Geographic fueron censuradas en Venezuela por transmitir información sobre la crisis en el país.

También por orden de Conatel, cuatro estaciones de radio salieron del aire por transmitir los acontecimientos del 30 de abril y 1ero mayo: Radio Caracas Radio, Radio Criolla

 

Bloqueos en Internet

El Estado venezolano aplica esquemas de bloqueos de portales web y ataques de denegación de servicio (DDOS). Espacio Público registró 28 bloqueos y 5 ataques cibernéticos a distintos portales web (19) durante el primer cuatrimestre del año 2019. Estos bloqueos aumentaron luego de la jornada de protestas que comenzó el 23 de enero de 2019.

La empresa estatal Cantv, principal proveedora de Internet en Venezuela, es la empresa que realiza los bloqueos discrecionales de portales de noticias web críticos y redes sociales.

 

 

Zonas silenciadas

En 10 estados del país: Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Sucre, Monagas y Barinas las personas no cuentan con una oferta informativa plural e independiente y carecen de medios  impresos.

 

Todo comenzó en la era de Chávez

El director de Espacio Público, Carlos Correa, destacó en la audiencia que en mayo de 1999, a inicios del gobierno de Hugo Chávez Frías, se comenzó a restringir el acceso a los periodistas a la sede del Palacio de Miraflores,  donde está el despacho de presidente de la República.

Veinte años  (1999 al 2019) de un gobierno cuyas élites consideran a la libertad de expresión como incompatible con su proyecto político. Espacio Público ha documentado más de 3.800 casos. Cerca de 1.700 en los 14 años gobierno de Hugo Chávez Frías  y más de 2.100 casos en los 6 años de Nicolás Maduro Moros.

En la actualidad persiste este pulso entre la sociedad y las pretensiones gubernamentales. Es una disputa asimétrica, allí la sociedad tiene que enfrentar activamente a la desinformación. Este es un momento en el que cada vez más hay violencia institucional y acción directa de funcionarios en contra de los periodistas y personas.

 

El Estado responde

Ante el cuestionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y los comisionados de la CIDH, el comité representante del Gobierno del presidente (E), Juan Guaidó, reiteró a la comisión permanente de la OEA el compromiso del Estado de hacer cumplir los derechos humanos, el restablecimiento de las garantías constitucionales. También agregó que investigarán a los responsables de las violaciones de derechos humanos que se han cometido por el gobierno de Nicolás Maduro. “Estas violaciones no se van a olvidar aunque existe un régimen de facto. Se atribuirá la responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes cometan esas violaciones”, puntualizó Mariano de Alba, representante.

De Alba destacó que la Asamblea Nacional establece la creación de una comisión de la verdad y la propuesta de lineamientos para la reparación de las víctimas, junto con la presencia de organismos internacionales para los fines democráticos. También concretar el cese de la usurpación, mantener diálogo con las víctimas y las ONG de derechos humanos para cumplir con las obligaciones del Estado y garantizar la dignidad en Venezuela.

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