Retenciones arbitrarias de periodistas por informar

Los días 23, 24 y 25 de junio, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) interrogó a tres periodistas: Román Camacho del medio digital La Patilla y Yosselin Torres y Darvinson Rojas de El Pitazo. El propósito de los funcionarios era que los reporteros revelaran sus fuentes, a fin de conocer el origen de un video filtrado en redes sociales relacionado con el caso del Banco Central de Venezuela, donde un hombre armado irrumpió en la sede estatal.

El primero en colgar este vídeo en las redes sociales fue Camacho. La tarde del jueves 23 de junio los funcionarios del Sebin se llevaron arbitrariamente al reportero para que rindiera declaraciones en El Helicoide, sede del Sebin.

En medio del interrogatorio el periodista fue obligado a entregar su teléfono celular, pero no lo tenía en ese momento, estaba en su casa; los funcionarios lo llevaron a su residencia para que lo buscara y pudieran revisarlo. El artículo 48 de la Constitución Nacional protege el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas.

Al finalizar el interrogatorio, los funcionarios le indicaron que habían terminado pero que debía permanecer en el lugar. Los cuerpos policiales deben en todo momento respetar la integridad de la persona que interrogan, sin retrasos innecesarios, ni maltratos físicos o psicológicos. El interrogado no está obligado a confesar ni a inculparse a sí mismo, así como el agente policial no puede someterlo a un trato tal que cause que su capacidad de decisión y juicio se vea alterada.

Por el mismo caso, y también bajo irregulares condiciones, el Sebin interrogó en los dos días siguientes a la periodista Yosselyn Torres y Darvinson Rojas de El Pitazo, para cómo habían obtenido el video, es decir: que relevaran sus fuentes.

De acuerdo al testimonio de Torres, el viernes 24 de junio, fue contactada vía telefónica por Ronald Navarro, subinspector de la Brigada 2 perteneciente a la División de Investigaciones Estratégicas. Al acudir a la sede, los funcionarios le hicieron creer que esperarían a su abogado para realizar en su presencia el interrogatorio, sin embargo luego le indicaron que este no había entrado por temor cuando en realidad le fue impedido el acceso y pretendían aislarlo. Ninguno de los funcionarios presentes en el interrogatorio se identificó. El Sebin insistió en que la periodista revelará la fuente del video, además de ser interpelada sobre su forma y dinámicas de trabajo. Si bien no fue incomunicada ni hubo agresiones físicas, quien lideraba el interrogatorio la intimidó al aseverar que él podía ir a la casa de cualquier persona a las tres de la mañana y sacarlo. Además de reiterar que lo ha hecho en otras oportunidades.

El 25 de junio, Darvinson Rojas acudió a la sede del Sebin tras ser contactado por la mencionada División de Investigaciones Estratégicas. Le impidieron el acceso a sus abogados. Tras insistir se le permitió el ingreso a uno de los asesores legales, hasta el área de recepción. A mitad de interrogatorio, los funcionarios reciben la llamada del fiscal Heiker Campione quien ordena la retención del teléfono celular. A pesar de que el funcionario Francisco Vivas confirmó al abogado Marino Alvarado que el Ministerio Público ordenó la incautación del celular, esta instancia lo desmintió a través de su cuenta de Twitter. El teléfono celular de Darvinson Rojas fue retenido y hasta el momento no ha sido regresado. El 27 de junio, Campione fue relevado del caso y sustituido por la fiscal Lucila Hurtado.

Aunque no hubo amenaza o restricción directa, a Rojas le preguntaron dónde se encontraba el día anterior ya que de acuerdo al rastreo del teléfono celular, el dispositivo siempre estuvo en el mismo lugar. Esta situación confirma el uso de agentes públicos de inteligencia para espiar a ciudadanos de forma arbitraria e ilegal.

Abuso de poder y violación de privacidad como prácticas de Estado:

Catorce (14) casos de retención arbitraria se han registrado en 2016, hacia periodistas e infociudadanos durante la cobertura o difusión de información sensible para la opinión pública. Los victimarios son cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares. Estas retenciones dan lugar a traslados, interrogatorios, revisión, confiscación de equipos y hostigamiento arbitrario que buscan generar un efecto inhibitorio en periodistas, sus fuentes, y ciudadanos en general al momento de publicar una información u opinión.

En dos oportunidades en lo que va de año, el Sebin fue victimario:

El 6 de enero fue detenido el reportero gráfico Ricardo Cermeño, del portal Mundo 24, a las afueras de la sede del Sebin en el Helicoide, Caracas. Los funcionarios argumentaron como razón para la detención que estaba tomando fotos en el lugar. Cermeño cubriría una rueda de prensa de la ONG Foro Penal Venezolano, que se llevaría a cabo en las puertas del Sebin con presencia de los familiares de presos políticos. El reportero declaró al medio para el cual trabaja que mientras estuvo detenido perdió de vista sus equipos, los funcionarios lo intimidaron preguntándole la dirección de su casa y de su trabajo, así como sus cuentas y claves en redes sociales. Tampoco le permitieron hacer una llamada y antes de dejarlo en libertad, le borraron toda la información que tenía en la cámara.

Por informar en su blog personal sobre el caso de los 28 mineros desaparecidos en la población de Tumeremo, estado Bolívar, funcionarios del Sebin detuvieron el 18 de marzo al periodista Pedro Luis Montilla en Barquisimeto, estado Lara. Luego del allanamiento, la computadora de Montilla fue decomisada por el Sebin, dijeron que la razón de la visita era que él, en una información que publicó, dijo que el Sebin y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tenían vinculación en el caso de los mineros de Tumeremo. Lo detuvieron y lo llevaron a la sede regional del organismo. Una vez en el lugar, aplicaron un cuestionario de 9 preguntas, antes de dejarlo en libertad.

Impedimento de cobertura, eliminación de material audiovisual, retención de equipos, allanamientos sin orden judicial en domicilios o sitios de trabajo, presión para develar las fuentes en interrogatorios, son esquemas de intimidación liderados por el Estado a través de sus cuerpos de seguridad e inteligencia. Esto atenta contra los procedimientos legales establecidos, el derecho humano a la privacidad y la protección de la fuente periodística, reguardada en el octavo principio de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

El uso ilegítimo y arbitrario de los recursos públicos para espiar, seguir, e intimidar la labor periodística queda evidenciado. La exposición mediática de conversaciones privadas a través de los medios públicos, en particular a través del programa “Con el mazo dando” del diputado oficialista Diosdado Cabello[3], revelan la institucionalización de prácticas persecutorias que criminalizan la difusión de información de interés público y el trabajo de las organizaciones civiles, como mecanismo de represalia para generar autocensura en los periodistas y ciudadanos al reiterarles que son impunemente vigilados y no cuentan con garantías para ejercer sus derechos.

Fuentes:

Mundo 24, 06 de enero de 2016, El Sebin se lleva detenido reportero gráfico de @Mundo24_ve. Recuperado el 27/01/2016 en http://goo.gl/3mkqd0

Espacio Público, 18 de marzo de 2016, Sebin dettiene a periodista por informar sobre caso Tumeremo. Recuperado 31/03/2016 en http://goo.gl/C4ceaY Entrevista realizada a Raiza Mogollón.

El Universal, 27 de mayo de 2015, Provea y Espacio Público pidieron a Fiscalía investigar a Diosdado Cabello. Recuperado en http://goo.gl/vFKm71

Efecto Cocuyo, 16 de octubre de 2015, Lorenzo Mendoza confirmó audio con Hausmann y “con economistas de distintas tendencias”. Recuperado en http://goo.gl/qh1S1K

Sebin interroga a periodistas para que revelen sus fuentes

 

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