Reporte: cobertura de protestas durante el 19 de abril

En el marco de la cobertura informativa de las movilizaciones simultáneas en Venezuela, convocadas por sectores oficialistas y de oposición, Espacio Público registró[1] siete (7) casos de impedimento de la labor periodística, en los que se totalizan ocho (8) víctimas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y medios de comunicación.

En tempranas horas de la mañana, el sitio web de VivoPlay, que transmite en vivo las movilizaciones, presentó bloqueos parciales desde distintas operadoras, la única forma de acceso es mediante el cambio del DNS. De forma simultánea, el portal web de noticias Sumarium presentó la misma irregularidad.

Captura de pantalla de Sumarium

 

Captura de pantalla de VivoPlay

Eduardo Galindo, periodista del portal web Senderos de Apure y colaborador de Circuito Radio Rumbos, fue golpeado cuando realizaba cobertura a las movilizaciones en el estado Apure[2].

El reportero gráfico Arnoldo Arcaya, del Diario 2001, fue intimidado y hostigado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando hacía algunas fotografías de un despliegue policial en Tazón, una de las entradas a la ciudad de Caracas[3]. Un funcionario de la GNB le indicó que no podía hacer fotos allí y fue escoltado para que se retirara del lugar.

En el estado Bolívar, la periodista del Correo del Caroní, Pableysa Ostos, denunció a través de su cuenta en Twitter[4] que fue amenazada por un GNB para impedir que grabara una detención. “Tú siempre vas al comando, bueno nos vemos allá”, de esta forma se dirigió el funcionario a la periodista.

En el estado Portuguesa, el equipo de El Periódico de Occidente fue agredido y robado por grupos armados, cuando cubrían las movilizaciones en las adyacencias de la Gobernación del estado. Al periodista Sergio Niño, le fue robado su bolso y partida su tableta; mientras que al fotoreportero Octavio Fernández, le rompieron la cámara[5].

Gabriela Aguilar, corresponsal de El Pitazo en Aragua, le impidieron el acceso al Palacio de Justicia de Maracay[6]. La decisión fue ordenada por la Comisario Jefe de la policía del estado Aimara Aguilar. La funcionaria amenazó con quitarle el carnet, fotografió a la periodista y el vehículo donde se trasladaba.

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