Relatores de Libertad de expresión manifiestan preocupación por censura previa en Venezuela

(Culiacán, Sinaloa, México, 19 de agosto de 2010) La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue, consideran que  la decisión de un tribunal venezolano de prohibir durante un mes a la prensa escrita la publicación de contenidos que puedan ser considerados “violentos” o “agresivos” constituye una medida de  censura previa,  que compromete seriamente el derecho a la libertad de expresión en ese país.

De acuerdo con la información recibida, el viernes 13 de agosto el periódico El Nacional de Caracas publicó una fotografía en su portada que mostraba un grupo de cadáveres apilados, como ilustración de una noticia acerca de “la criminalidad en Venezuela” y “el amontonamiento de cuerpos” en una morgue de Caracas.

El mismo día  la Defensoría del Pueblo de Venezuela presentó ante un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes una Acción de Protección, contra el diario, para ordenarle abstenerse de publicar imágenes “de contenido violento, sangriento o grotescas” que pudieran afectar a menores de edad. Un día después, el Ministerio Público presentó una petición similar y activó una investigación criminal por los mismos hechos.

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En solidaridad con el periódico, el diario Tal Cual publicó la misma fotografía.  En consecuencia, la Defensoría del Pueblo pidió al tribunal extender la acción de protección presentada a todos los medios impresos del país.

El 16 de agosto, el tribunal competente prohibió a El Nacional “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas, imágenes que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes”,  hasta que se decida el fondo de la Acción de Protección. Un día después el mismo tribunal prohibió durante un mes a Tal Cual, “y a todos los medios de comunicación impresos” de Venezuela, “publicar imágenes de contenido violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no, que de una forma u otra vulneren la integridad psíquica y moral” de menores de edad.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo cuando se trate del control legal de espectáculos públicos con el objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido que los límites vagos o imprecisos a la libertad de expresión resultan contrarios a la garantía de este derecho, dado que pueden amparar decisiones arbitrarias que limiten de manera ilegítima la circulación de ideas y opiniones.

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Los relatores de libertad de expresión de la ONU y la OEA manifiestan su preocupación por la decisión del tribunal en mención, dado que la misma configura un acto de censura previa que, además, impone límites de tal vaguedad e imprecisión que impiden que la prensa escrita pueda publicar cualquier información que pueda perturbar o molestar a las autoridades gubernamentales. De mantenerse, esta decisión judicial obligará a los medios de comunicación a abstenerse de informar sobre una amplia gama de asuntos de interés público que la sociedad venezolana tiene derecho a conocer.

La protección del bienestar físico y emocional de la infancia es un objetivo central de la comunidad de naciones, pero este propósito no puede dar lugar a la imposición de medidas de censura previa por fuera del marco establecido por el derecho internacional de los derechos humanos, o a restricciones tan ambiguas que puedan servir de pretexto para impedir la publicación de informaciones e ideas que la sociedad tiene derecho a recibir, pese a ser molestas o incómodas para algunos funcionarios públicos.

Las relatorías para la libertad de expresión de la OEA y la ONU hacen un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que revisen las decisiones adoptadas en contra de los medios de comunicación y restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión.

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Ambos relatores realizan una visita oficial a México que concluirá el 25 de agosto.

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