RCTV debe volver a los televisores venezolanos

El 27 de mayo de 2007 RCTV se vio obligado a apagar su señal. Hoy, 27 de mayo de 2016 se cumplen nueve años de censura a este medio de comunicación, al cual se le ha impedido salir nuevamente al aire a pesar de haber vencido judicialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los efectos de esta censura marcaron además un inicio para la era de autocensura en Venezuela, ya que muchos otros medios y personas sienten el temor de que por criticar al gobierno podrían tener consecuencias similares.

El Estado Venezolano violó el derecho a la libertad de expresión. Así lo estableció firmemente la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 7 de septiembre de 2015. Esta sentencia logró demostrar la manera en la que el gobierno venezolano al no renovar su concesión a RCTV, tenía la verdadera intención de silenciar las voces críticas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y allí señala que los Estados no pueden restringir este derecho por vías indirectas, tales como el abuso en los controles oficiales.  La no renovación de la concesión a un medio de comunicación efectivamente podría responder a razones legítimas, sin embargo declaraciones públicas del entonces Presidente Hugo Chávez dejaron demostrado con claridad que la orden gubernamental era no renovar la concesión a este medio por tener opiniones contrarias al gobierno, que a criterio del Presidente, estaban “al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República”.

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La negativa de RCTV de modificar su línea editorial crítica al gobierno después del golpe de Estado del 2002 no constituye una razón válida para que se le castigue con la no renovación de la concesión, pues se trata del derecho a expresar críticas legítimas contra el gobierno. El argumento de que RCTV era un medio “golpista” pierde toda validez al no haberse sancionado internamente a este medio por la supuesta promoción de la irrupción del orden constitucional. De esta forma queda demostrado que el gobierno nacional castigó a RCTV como consecuencia de una línea editorial crítica al gobierno.

Sin embargo en esta sentencia la Corte Interamericana no sólo apunta elementos sobre la obligación de los Estados de no castigar a los medios por su línea editorial, sino que desarrolla las obligaciones positivas en torno a garantizar la pluralidad de medios en una sociedad democrática. Así, la Corte establece que los ciudadanos tienen derecho de acceder a información y a ideas desde una diversidad de posturas. Este pluralismo de ideas no se puede medir a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de que “las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas desde posturas divergentes sin que exista una única visión o postura”. Es este elemento justamente el que debe considerarse al momento de otorgar concesiones sobre el espectro radioeléctrico. Los Estados tienen la obligación de asegurarse de otorgar concesiones a medios de diversas tendencias, de forma que todas la opiniones y voces tengan un lugar para expresarse y ser oídas. El gobierno venezolano no garantizó esta pluralidad de medios al negar la renovación de la concesión a RCTV.

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La sentencia ordenó así que Venezuela debe restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 a RCTV, y deberá garantizar que exista un proceso abierto, independiente y transparente para el otorgamiento de las concesiones, garantizando una pluralidad de medios.

Casi un año después de la sentencia, su ejecución no se ha realizado por parte del gobierno venezolano.  La Asamblea Nacional, ha exhortado el cumplimiento de las decisiones de instancias internacionales de derechos humanos, y está trabajando sobre un Proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el cual ya fue aprobado en primera discusión. De aprobarse una reforma de esta Ley, podrían establecerse mejores garantías de independencia para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la cual podría restablecer la señal de RCTV y despolitizar los procesos de otorgamiento de concesiones.

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