Radicalización de la violencia impune

Misleiby González1.

Durante 2017 Espacio Público registró un incremento de 173 % en violaciones al derecho a la libertad de expresión aunado al aumento en 166 % de casos en relación al mismo periodo en 2016. Todo esto en el contexto de una profunda crisis política, social y una fuerte inestabilidad económica que trajo como consecuencia la movilización de miles de personas en todo el país para exigir el restablecimiento del hilo constitucional, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojara de sus funciones a la Asamblea Nacional (AN).

En el monitoreo de más de 100 días de protestas se identificaron patrones que evidencian las ausencia de garantías para el derecho a la libertad de expresión y la manifestación pacífica. En su Informe País, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)describe la situación de Venezuela de la siguiente forma:

se documentan severas restricciones a este derecho, que incluyen censura y cierre de medios de comunicación, ataques a periodistas, y en general patrones de hostigamiento y criminalización de quienes emiten opiniones políticas o difunden información que no encuentra aprobación estatal.

La intimidación, agresión y censura ocupan los primeros puestos cuando contabilizamos el número de violaciones, el uso desproporcionado de la fuerza pública fue el mecanismo usado por el gobierno para impedir la cobertura de lo que sucedió en las calles venezolanas. Al respecto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) detalló que:

Las fuerzas de seguridad han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva y realizado detenciones arbitrarias de las personas que participan en manifestaciones. También se documentó la existencia de patrones de malos tratos, que en ocasiones podrían llegar a constituir tortura, malos tratos y violaciones graves del derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las personas detenidas en relación con las protestas .

En consecuencia, el ejercicio del periodismo se volvió peligroso en el marco de las manifestaciones de calle llevadas a cabo entre abril y julio. En este periodo se documentaron el 69 % de los casos/situaciones.

Se registraron 74 privaciones ilegítimas de libertad, 77 robos entre intentos y consumados, 14 ataques contra sedes físicas, bienes o propiedades de medios de comunicación y periodistas, retenciones-requisas en sitio de cobertura, además de desapariciones forzadas cortas o prolongadas; contra periodistas, trabajadores de la prensa e infociudadanos. Éstas son algunas de las violaciones comunes que cercenaron el ejercicio del derecho en 2017 y que bien sea por acción u omisión contrarían al marco normativo compatible con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos humanos.

En el proceso de documentación y acompañamiento de 1002 violaciones y más de 700 casos, se identificó una serie de patrones asociados a restricciones en el que destaca: un discurso gubernamental que no solo desmerita el papel de los medios sino que ataca constantemente la labor periodística, esta situación se convierte en política de Estado, cuando las violaciones van más allá del acto ejercido por funcionarios o grupos de irregulares armados afectos al gobierno y escala a las instituciones que utilizan mecanismos legales y políticos para perseguir la opinión disidente.

Otro patrón repetido es que la gran mayoría, las investigaciones de casos de violaciones y abusos de poder (con agresores plenamente identificados) no fueron completadas. El sistema de justicia se muestra incompetente para procurarla, pasando por alto que no solo vulneran drásticamente la libertad de pensamiento y opinión del periodista o infociudadano sino que afectan de manera colectiva el derecho que tiene toda la sociedad de dar y recibir información.

Entre las víctimas de estas acciones destaca el caso de la periodista Elyangélica González quien fue agredida durante los enfrentamientos entre manifestantes, grupos civiles armados y fuerzas de seguridad la mañana del 31 de marzo. La corresponsal de Caracol Radio de Colombia y la cadena Univisión fue retenida, amenazada y golpeada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en presencia de sus colegas periodistas, manifestantes y otros cuerpos de seguridad.

Vino un Guardia Nacional y dijo quítale el teléfono, me lo partió. Me agarraron entre 10 GNB, eran cuatro mujeres y seis hombres. Me golpearon por todas partes, me halaron el cabello, me tenía cargada uno por una pierna y otro por la otra pierna, me daban patadas, todavía se me cae el cabello, señaló la periodista.

La agresión quedó documentada en vídeos que fueron rápidamente viralizados a través de las redes sociales. En declaraciones realizadas a los medios presentes, González aseguró que durante el ataque se limitó a exigir que la dejaran hacer su trabajo. “Era lo único que podía hacer, lo único que les podía gritar, que era periodista y que era mi trabajo, pero me trataron como una delincuente“.

La arremetida del Estado contra la expresión de disidencia se extiende a todos los sectores pero se encuentra especialmente focalizado en periodistas, reporteros gráficos y cualquier trabajador de la prensa a fin de impedir la cobertura de los hechos que resulten incómodos o críticos al gobierno. Espacio Público realizó el acompañamiento legal del caso del ciudadano Manuel Orlando Rada, quien fue agredido y robado por funcionarios de la GNB el 29 de mayo cuando se encontraba en la avenida principal de Las Mercedes, en Caracas, a la espera del periodista Luis Miguel Núñez, a quien Rada trasladó durante las coberturas para el canal de televisión TV Venezuela.

Rada se vio obligado a tirar la moto al piso a causa de la agresión cuando fue interceptado por efectivos de la GNB, luego corrió hacia un estacionamiento cercano mientras le disparaban perdigones. Tras intentar refugiarse en vano detrás de un vehículo, los funcionarios se acercaron a donde estaba y lo golpearon repetidamente con la culata de las escopetas, lo que le provocó fisuras en el cráneo así como graves lesiones en el resto del cuerpo.

Francisco Bruzco Crónica Uno fotógrafo
Francisco Bruzco

Otro grupo atacado fue el de los reporteros gráficos, en los registros suman 119 víctimas entre la que destacan casos como el de Francisco Bruzco, reportero gráfico del portal digital Crónica.Uno quien realizaba cobertura del enfrentamiento entre manifestantes y la GNB en la autopista Francisco Fajardo el 31 de mayo, cuando un contingente de la GNB lo abordó a él y a otros cinco reporteros gráficos.

Durante el ataque, los efectivos de la GNB que se encontraban del lado del aeropuerto La Carlota alertaron a otro contingente que los estaban grabando, esto causó un forcejeo entre funcionarios y reporteros para arrebatarles los equipos de trabajo. La pugna entre el reportero y los GN se prolongó hasta que unos diez funcionarios lograron despojarlo de sus pertenencias, entre ellas su bolso con objetos personales, el celular y dinero en efectivo, así como también su equipo de trabajo periodístico.

Las circunstancias de muchos incidentes indican que los ataques tenían por finalidad impedirles cubrir las protestas. Los periodistas fueron objeto de disparos de perdigones de plástico o cartuchos de gas lacrimógeno, incluso cuando eran fácilmente identificables por sus chalecos y cascos y a pesar de que permanecían a los márgenes de las protestas mismas. Algunos de ellos escucharon órdenes de los mandos de la GNB de apuntarles con cañones de agua o cartuchos de gas lacrimógeno.

Los casos de 2017 no representan hechos aislados, ni una circunstancia excepcional en la política de Estado llevada a cabo por el gobierno de Venezuela. Es el reflejo de un problema estructural, caracterizado por la arbitrariedad con la que pueden actuar los cuerpos de orden público a margen de toda legalidad y con un poder judicial carente de independencia e imparcialidad, por lo cual no existe sentencia a favor de las víctimas.

Los delitos cometidos por funcionarios de la GNB son de extrema gravedad pues fueron cometidos durante el ejercicio de labores periodísticas, por lo que dichas acciones tuvieron como objetivo impedir la difusión libre y plural de información, lo cual constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, la Carta Magna establece en su artículo 23 que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, así como en su artículo 19 expresa que es deber del Estado venezolano garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, y el respeto y garantía de los mismos por parte de los órganos del Poder Público.

Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por Venezuela, consagra en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión. Mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este mismo derecho en su artículo 13. Es por ello, que estos hechos resultan preocupantes pues no solo se está frente a la comisión de un delito, sino que también los funcionarios quebrantaron su deber constitucional de proteger, velar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

Los tres casos antes citados acudieron ante los organismos encargados de impartir justicia en el país y al tiempo del cierre de este informe no habían recibido ninguna respuesta a pesar de que al momento de realizar la acción legal presentaron pruebas gráficas que dejan en evidencia a los responsables.

Uno de los objetivos fundamentales del Estado es garantizar seguridad a sus ciudadanos, a través de la creación de mecanismos eficientes no solo en la prevención del delito sino también procurar un sistema de administración de justicia que cuente con jueces que inspiren confianza en la población. Cuando ambos criterios no son cumplidos se genera un efecto inhibitorio en la sociedad producto de la impunidad.

En este sentido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirma que “cuando tales delitos quedan impunes esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras” lo que contribuye al retroceso de la libertad de expresión en Venezuela.

Los hechos registrados cumplen un patrón progresivo de naturalización de la violencia, y la falta de castigo a los responsables fomenta la impunidad, esto se debe principalmente a la falta de independencia de los poderes públicos al actuar a favor de una parcialidad político partidista. La poca transparencia en sus procedimientos, así como la situación de provisionalidad y la falta de idoneidad en la selección de los fiscales conforman un sistema de justicia que responde a intereses ilegítimos y con operadores coaccionados por el miedo a tomar decisiones contrarias al poder, tomando como precedente el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni.

El Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión indicó que la impunidad constituye un obstáculo fundamental para la protección de la vida y la integridad personal de los comunicadores, “puesto que anima a atentar contra los [y las] periodistas a sabiendas de que no habrá consecuencias legales”.

Entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, sumado a que los principales agresores son emprendidas por figuras de poder del Estado que se intensificó con el aumento de los casos. Estas prácticas constituyen un fuerte retroceso en materia de libertad de expresión y las consecuencias reales se evidencian en la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.

El Estado permite por acción u omisión la impunidad de delitos graves, con el agravante de que estos constituyen una violación de los Derechos Humanos y suman al resquebrajamiento de la democracia.

Una sociedad libre es aquella que está bien informada.

Algunas recomendaciones

En la actualidad son muchas las carencias que posee la sociedad venezolana en materia de derechos humanos. El ejercicio del periodismo, el acceso a la información que tienen los ciudadanos, así como el respeto por la opinión crítica y el derecho a manifestar, se vieron seriamente afectados este 2017. La persecución, hostigamiento, ataques, amenazas y la intimidación a ciudadanos en ejercicio de su derecho a expresarse, fue una constante que marcó el paso de un año convulsionado política y económicamente.

El retroceso en las garantías que el Estado debe ofrecer, estimuló el clima de tensión generado por la fuerte ola represiva que condujo enfrentamientos entre ciudadanos con efectivos de la fuerza pública. Esto trajo como como consecuencia el recrudecimiento de la violencia y posteriormente el incremento en los niveles de impunidad.

Un entorno que no brinde condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo, sumado a un discurso violento que alienta la confrontación y la polarización, limita el derecho que genuinamente tienen los ciudadanos de tomar mejores decisiones basados en la información diversa, plural y libre a la que deberían tener acceso.

Las recomendaciones propuestas enfatizan la necesidad de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, suscritos por Venezuela a fin de garantizar la amplia participación de los ciudadanos y el intercambio de ideas y opiniones propias de las sociedades democráticas.

 Fortalecer lazos de solidaridad y contención activa desde la sociedad civil de cara a las agresiones de periodistas o infociudadanos.

Articular el tejido social que permita mejorar la capacidad de respuesta ante los abusos de poder en contra de quien hace libre uso de su derecho a la expresión.

 Crear mecanismos de protección a periodistas e infociudadanos que les permita ampararse en caso de que se vea limitado o entorpecido el derecho a la libertad de expresión e información.

 Exigir al Estado venezolano la remoción de funcionarios implicados en violaciones directas a la libertad de expresión, además de someterlos a un juicio por los delitos cometidos en ajuste a las garantías del Estado de derecho.

 Condenar públicamente el discurso violento y polarizado que insta al ataque hacia periodistas y medios de comunicación en el país.

Referencias   [ + ]

1. Comunicadora Social, Oficial del Programa deMedios y Responsabilidad Social de Espacio Público.

Este artículo forma parte del Informe Anual 2017, disponible en https://goo.gl/Dxcexs

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