AP Photo/Fernando Llano

Noviembre: entre robos y detenciones

El penúltimo mes del año inició con la excarcelación de Carlos Julio Varón y Ricardo Antonio Prieto, los Bomberos de Mérida, que estuvieron detenidos injustamente 48 días acusados por la presunta grabación de un video satírico sobre Nicolás Maduro. El Tribunal decidió juzgarlos fuera de la cárcel, pero les impuso medidas cautelares de presentación cada 30 días, prohibición de salida del estado, de utilización de redes sociales y de dar declaraciones públicas.

La arbitrariedad volvió a ser una constante en el proceso que enfrentan estos bomberos, cuando ya cumplido el lapso legal para que la Fiscalía 5ta del Ministerio Público (MP) presentara el acto conclusivo, el Tribunal Segundo en funciones de Control del estado Mérida ordenó el traslado de los bomberos al Circuito Judicial de la ciudad para celebrar la audiencia y en la misma, se les realizó el cambio en la calificación de los delitos, siendo imputados por vilipendio contra el Presidente e instigación pública, los cuales están previstos en el Código Penal en sus artículos 147 y 285.

bomberos liberados octubre 2018
Carlos Varón y Ricardo Pietro

Carlos Julio Varón y Ricardo Antonio Prieto estuvieron detenidos por grabar un vídeo satírico, donde exigen mejores condiciones de trabajo y comparan a un burro con Maduro. El humor es una forma de expresión a la que todos tenemos derecho, protegido en la Constitución Nacional y en la legislación internacional. Además, los funcionarios públicos están sujetos a una mayor exposición y escrutinio debido al cargo que ocupan. Los bomberos fueron detenidos sin orden judicial y presentados ante un juez vencidas las 24 horas del plazo establecido por la Ley.

Grabar y difundir un video ejerciendo el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y social, a través del humor, no es motivo de detención ni es un delito. Los bomberos no solo son víctimas de una detención arbitraria, sino que ahora se les acusa de un delito que contraría los estándares internacionales del derecho a la libertad de expresión.

La causa que enfrentan los bomberos de Mérida debe ser sobreseída, pues no existe delito en la expresión, nuestra exigencia al Juez Segundo de Control Penal Carlos Manuel Márquez Vielma es que se someta a los principios de legalidad, independencia e imparcialidad, y decrete de inmediato la libertad plena de los bomberos Carlos Julio Varón García y Ricardo Antonio Prieto Parra.

¡Prohibido exigir! Por pedir internet los meten presos

La protesta y la crítica resultan incómodas para el gobierno, es por ello que es una prioridad el silencio y el ocultamiento de cualquier registro existente de la realidad venezolana. La lógica restrictiva los lleva a la violación recurrente de los derechos de quienes exigen tener el mínimo de condiciones de vida digna.

En el estado Aragua, efectivos de la policía detuvieron a tres dirigentes vecinales que protestaban frente a la Gobernación exigiendo el restablecimiento del servicio de internet en 18 comunidades del sur de Maracay que se mantienen aisladas desde hace más de dos meses.

Lisette Meneses Suárez, José Manrique Morillo y Didí Cecilia Booz Olivo, líderes vecinales de Paraparal y Los Cocos, fueron detenidos por la Policía de Aragua (Poliaragua), cuando se encontraban junto a más de 60 vecinos frente a la sede de la Gobernación de Aragua solicitando una audiencia al gobernador, Rodolfo Marco Torres o a la secretaria de gobierno, Mary Romero donde exigirían le fuera cumplida la promesa de la recuperación de la planta telefónica ubicada en el sector La Esmeralda, cuya falla mantiene a los municipios Girardot y Linares Alcántara sin teléfono ni internet.

Nadie debe ser detenido por protestar, la manifestación pública es una de las formas esenciales de ejercer la libertad de expresión y la libertad de reunión, permite el intercambio de ideas y es una forma de exigir reivindicaciones sociales. Esta supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, libertad de expresión y el derecho al libre flujo de opiniones e información.

Van siete en un año

Noviembre sumó cuatro emisoras de radio víctimas de la inseguridad, sus frecuencias arropan a los estados Apure, Lara y Cojedes. El Estado no ha sido capaz de cumplir con el deber establecido en las leyes venezolanas y normas internacionales que los insta a garantizar la seguridad integral de los bienes públicos y privados, y a los periodistas.

En el caso de Apure, radio Frontera 91.9 FM y Periquera 101.7 FM quedaron sin señal luego de que delincuentes desvalijaran las instalaciones de la planta transmisoras ubicada en el sector Pueblo Viejo de Guasdualito.

En el robo fueron sustraídos los transmisores, los enlaces de recepción estudio – planta, procesadores de audio y aires acondicionados, pero además de eso los delincuentes cortaron los cables de transmisión. El director de Radio Frontera, Williams Martínez, explicó que debido al robo, la programación musical y de entretenimiento de ambas emisoras se verían interrumpidas. Recordó que el hecho afecha a 24 trabajadores y deja sin la posibilidad a los usuarios de sintonizar la primera emisora que transmitía en frecuencia modulada desde el año 1994.

El estado Lara vivió el robo que delincuentes le propinaron a Radio Fe y Alegría 97.5 FM la madrugada del jueves 22 de noviembre. Dos monitores plasma, el procesador de audio, un microondas y una computadora auxiliar, fueron los equipos robados del medio de comunicación radial, dejándolo fuera del aire temporalmente.

“Consideramos que este robo es bastante extraño ya que directamente ingresaron a nuestros estudios, se llevaron equipos de transmisión y por esta razón estamos fuera del aire”3, destacó el coordinador de esta emisora Rosénder Evíes.

Con el robo se ven afectados 865 estudiantes, pues esta emisora es utilizada por profesores  para facilitar el proceso pedagógico del sistema educomunicativo que se lleva a cabo en el estado Lara. Así como también se ve afectada la programación informativa, educativa y de entretenimiento que tenía Radio Fe y Alegría 97.5 FM, con 28 programas al aire para los larenses.

El caso de Class 98.7 FM fue similar: los delincuentes ingresaron y tumbaron algunas de las puertas protectoras y robaron equipos menores de recepción de señal el pasado 4 de noviembre en San Carlos, estado Cojedes.

Rafael Oviedo, vicepresidente de la emisora, informó en una entrevista a Espacio Público: “Por cuarta vez en lo que va de año hemos sido víctima de robo a la sede de nuestra empresa. No pudieron ingresar [los delincuentes] al área de redacción, ni estudios al aire ni de grabación, pero tumbaron dos puertas e ingresaron a la azotea, donde están las antenas que mandan la señal a la planta transmisora”.

Las personas que ingresaron sin permiso a la azotea de la sede del medio de comunicación se llevaron las repetidoras de Digitel que dan la señal a la zona de San Carlos, las antenas de DirecTV; en general, las herramientas que necesita la emisora para enviar la señal al Circuito Unión Radio.

Que nadie diga lo que pasa aquí

La construcción de una hegemonía que permita darle continuidad a un discurso garante de una realidad parcializada está en peligro si los periodistas independientes hacen algún tipo de esfuerzo por contrastar la verdad oficial, es por eso que son objetivo del gobierno, que actúa por medio de sus cuerpos de seguridad amenazando, intimidando, hostigando e incluso deteniendo a trabajadores de los medios.

Fue el caso de Tiago Henrique Da Silva, Fernanda Kraide Camuzzo y Álvaro Fernández Fernández, periodistas de la revista Late, quienes fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando realizaban un trabajo especial sobre el proceso migratorio hacia Brasil en Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

La detención de los dos periodistas brasileros y el periodista español se llevó a cabo la noche del lunes 12 de noviembre, permaneciendo incomunicados por más de 24 horas, a propósito del hecho la revista Late publicó en su portal web que: “el equipo periodístico cubría la crisis migratoria en zona fronteriza brasileño-venezolana y la militarización de la frontera en el estado brasileño de Roraima”.

Late informó que los periodistas se encontraban cruzando desde Pacaraima, en Brasil, a Santa Elena de Uairén, en Venezuela, cuando fueron retenidos por los GNB, que los mantuvo incomunicados, para ser liberados después de 24 horas.

El periodista español, Álvaro Fernández Fernández, relató a Late que durante las 24 horas de detención recibieron un trato amable, alimentos y colchones para dormir, sin embargo, fueron requisados e interrogados con el fin de determinar qué hacían en la zona. Nunca se les informó el por qué de la detención.

El mismo drama lo vivió Wilfredo Álvarez, reportero gráfico del Diario Primicia, cuando realizaba algunas imágenes de la fachada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en Tumeremo, estado Bolívar, cuando fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Álvarez fue liberado media hora después, pero los efectivos de la Dgcim borraron el material que había realizado y se quedaron con su bolso personal y uno de los lentes del equipo fotográfico que el medio le asignó para cubrir la pauta.

Civiles ante la justicia militar

El periodista alemán, Billy Six, fue imputado por rebelión y espionaje ante un Tribunal Militar por fotografiar “muy cerca” a Nicolás Maduro. Six había sido detenido en la península de Paraguaná y trasladado sin orden judicial a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide en Caracas.

“Six se encontraba en Venezuela investigando actividades de narcotráfico, contrabando de combustible y material estratégico, trata de personas y hasta el mismo éxodo hacia las islas del Caribe, delitos y realidades presentes en esta parte del territorio venezolano” explica nuestro aliado en el estado Falcón, Gerardo Morón.

El alemán habría ingresado a Venezuela desde Colombia, recorriendo la frontera por Maicao cuando prestó su teléfono a varias personas que iban en el transporte público; luego de la detención, estas personas fueron llamadas a declarar en calidad de testigo sobre su vínculo con el periodista. A pesar de que la detención se llevó a cabo en el estado Falcón, Morón indicó que “ninguna fuente judicial se dio por enterada de tal arresto, incluso de las entrevistas o interrogatorios a quienes recibieron las llamadas del número telefónico del europeo”.

El gobierno venezolano ha sostenido una política represiva que criminaliza el ejercicio del periodismo, donde la detención arbitraria y el enjuiciamiento en tribunales militares develan un patrón utilizado contra quien busca y difunde información, ideas u opiniones que cuestionan el discurso oficial y que, en consecuencia, revelan detalles sobre la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país.

Frente a la pretensión de imponer el silencio, el pensamiento único y la hegemonía que potencia el autoritarismo, está la denuncia ciudadana sustentada, el trabajo periodístico responsable e independiente y la firme convicción de que esta lucha es por la dignidad humana.

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