NOVIEMBRE: Entre la arbitrariedad y el abuso de poder

Noviembre transcurrió signado por la aprobación de la inconstitucional “Ley contra el odio, por la convivencia y la intolerancia” llevada a cabo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que contempla castigar hasta con 20 años de prisión, cierre de medios y bloqueo de portales web la libre expresión e información.

Esta “Ley” castiga el discurso de odio, pero no establece categorías claras para calificar expresiones de este tipo, sin embargo establece condenas sumamente duras. Está caracterizada por su extensa vaguedad y representa una clara amenaza puesto facilita la arbitrariedad en su aplicación, dada que su aplicación queda a discrecionalidad del Estado.

La ANC sin facultad para la aprobación de leyes, crea este instrumento regresivo vulnerando aún más el derecho a la expresión, participación, asociación que tienen los venezolanos y que contravienen y desconocen los estándares nacionales e internacionales.

En un contexto crítico a nivel social, económico y político, y mientras el Estado busca consolidarse con practicas totalitaristas que cercenan libertades e impiden la consolidación de espacios de participación y encuentro por el bien de la democracia, continúan los periodistas siendo blanco de ataques, hostigamiento y persecución.

Destaca el caso de la agresión a la sede de El Nuevo País y la Revista Zeta, por parte de grupos violentos afectos al oficialismo e identificados con el movimiento 4F, quienes usaron un esmeril para acceder a las instalaciones del diario, causando destrozos y pintando consignas gubernamentales en portones, alegando que el edificio será convertido en viviendas para sus familias.

La arremetida contra los medios impresos trasciende el límite de la violencia cuando noviembre, el diario El Mío se convierte en el 5to periódico que deja de circular en el país en lo que va de año, la decisión corresponde a la imposibilidad de adquirir papel prensa para continuar informando la realidad del estado Anzoátegui, labor que venía realizando durante los últimos siete años.

El ejercicio del periodismo no solo se ve afectado por el cierre de medios, sino que también el uso de la fuerza pública para impedir el libre acceso a la información y la cobertura de hechos de importancia para el país se hizo una constante en noviembre, en Caracas funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodian la sede de la Asamblea Nacional, negaron el acceso a los periodistas que a diario realizan la cobertura de la fuente parlamentaria. La prohibición se lleva a cabo cuando los comunicadores tomarían declaraciones de los Diputados de la Unidad en relación a la reestructuración de la deuda anunciada por Nicolás Maduro el día de ayer en cadena nacional.

Asimismo, el reportero gráfico del medio digital La Patilla, Juan Peraza fue interceptado por tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fuertemente armados, mientras éste se encontraba en los alrededores de la casa del líder político de Voluntad Popular, Leopoldo López, con el objetivo de registrar imágenes sobre el operativo de seguridad que habría, a propósito del reciente escape del alcalde, Antonio Ledezma.

El reportero explica que fue llevado a la sede del Sebin en El Helicoide, y luego de una verificación exhaustiva de sus datos, revisión de su celular y de un interrogatorio que duró más de seis horas fue puesto en libertad.

Otro caso que nos deja noviembre, es el del reportero gráfico del portal Dólar Today, Jesús Medina, quien durante 50 horas estuvo desaparecido desde el sábado 04 de noviembre tras denunciar que fue amenazado luego de publicar imágenes sobre la situación de reclusión en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “Tocorón”. Medina aseguró que durante esas horas fue torturado y amenazado de muerte.

La arbitrariedad y el abuso de poder no solo viene de los cuerpos de seguridad, sino que el mismo Nicolás Maduro utilizó el sistema de medios públicos en esta oportunidad para hostigar al periodista español Jordi Évole quién realizó la entrevista para el programa Salvados del canal Antena 3. Maduro aseguró sentirse como si estuviese detenido en la cárcel de Guantánamo (Cuba) bajo una interpelación con electricidad.

Del mismo modo, Diosdado Cabello a través de la web oficial del programa de televisión “Con el mazo dando” transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), acusa a la Organización No Gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza de iniciar los “preparativos para una nueva oleada de protestas  para el saboteo de las venideras elecciones municipales”. La publicación explica que la ONG invita a los jóvenes través de las redes sociales y whatsapp a participar en cursos sobre Lucha no violenta y el Arte de la Protesta y asegura que este acto corresponde a “una campaña en contra de Convivencia Pacífica y la Tolerancia” y hace un llamado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a atender el caso.

El penúltimo mes del año también trajo consigo las amenazas de Tarek William Saab a los opositores que decidieran no participar en las elecciones municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicando que el Ministerio Público iniciará un proceso de investigación en el que podrían ser imputados por delitos de “conspiración” todos aquellos que decidan no participar o llamar a la abstención.

Desde Espacio Público exigimos sea garantizado el derecho a la libre expresión e información, lo que incluye el libre ejercicio del periodismo  y condenamos cualquier acción que pretenda criminalizar la educación en derechos humanos, pues la misma representa un mecanismo genuino de expresión. Asimismo, reprobamos la aplicación de “Ley contra el odio” por considerar que contraviene las exigencias en materia de derechos humanos, en especial la libertad de participación, asociación, reunión, expresión y enseñanza.

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