Image

Nelson Bocaranda enfrenta tres demandas que hacen el ruido de veinte

Image El periodista venezolano, autor de los conocidos Runrunes, tiene tres procesos judiciales abiertos por políticos que rechazan informaciones publicadas bajo su firma

Las demandas interpuestas contra el periodista Nelson Bocaranda son tres, según informó el mismo reportero. Sin embargo, por el ruido mediático que ha producido cada una de ellas, pareciera que este profesional de los medios venezolanos enfrentara una veintena de procesos legales.

Aunque las demandas en contra del periodista han sido presentadas, indiferentemente,  por políticos de la oposición y del gobierno, las causas que han llevado a estos actores a entablar un proceso contra Bocaranda se repiten en cada caso. Actualmente, el reportero debe responder ante los tribunales por una demanda entablada por el ex alcalde de El Hatillo, Alfredo Catalán, y su hermano; otra del diputado oficialista Reinaldo García; y por una averiguación abierta por el gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño. Todos le acusan de publicar información falsa sobre ellos.

A través de los conocidos Runrunes, que el periodista publica periódicamente en el diario El Universal y difunde a través de su programa de radio en la emisora Onda 107.9FM, Bocaranda suele develar entretelones gubernamentales, casos de supuesta corrupción, o detalles de la vida y obra de los políticos. Información, que según insiste el reportero, proviene de fuentes confiables o de pruebas concretas que ha logrado obtener.

Demanda contra Conatel por censurar a CNN en Venezuela

Caso Catalán

La demanda más avanzada, de las tres que enfrenta Bocaranda, es la interpuesta por el ex alcalde de El Hatillo Alfredo Catalán y se hermano el ex concejal Héctor Catalán, pertenecientes al partido opositor Proyecto Venezuela. En este caso, el periodista es culpado de difamación e injuria agravadas.

Los hermanos Catalán acusan al periodista de haberles acusado, infundadamente y en numerosas ocasiones, de corrupción, tanto cuando estaban en sus cargos como al haber terminado sus respectivos períodos. La primera audiencia prevista en los tribunales para este caso, debió haberse realizado el pasado 19 de mayo, pero fue suspendida, al igual que otra audiencia posterior. Ante tanto retraso, los demandantes incluso pidieron que se prohíba la salida del país al reportero.

Bocaranda señala que actualmente está esperando que “culmine la rotación de jueces y que para la audiencia prevista para el próximo 7 de julio sí haya un juez establecido”. Además, el periodista destaca que no teme ir a juicio porque tiene “en las manos pruebas de la corrupción ejercida por los hermanos Catalán, mientras estaban en sus cargos”.

Caso Reinaldo García

El diputado oficialista de la Asamblea Nacional Reinaldo García también demandó a Bocaranda por difamación. Este caso responde a una publicación específica hecha por el periodista en su columna Runrunes del 5 de febrero de 2009, en la que el reportero escribió que el legislador había llevado a un grupo de policías a la sinagoga de Maripérez para que irrumpiera en sus instalaciones. Cuestión que es negada por García.

Pretensión totalitaria anunciada: la regulación de redes sociales (II)

Esta denuncia fue oficialmente presentada a Bocaranda el pasado 17 de junio de 2009 y, a partir del lunes 22 de junio siguiente tenía previsto asistir a los tribunales para conocer la causa. El periodista destaca que, en este caso la información de que el diputado oficialista estuvo presente durante el ataque a la sinagoga no la inventó él, como señala el legislador, sino que “la dijo un testigo del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas”.

Caso José Gregorio Briceño

El 15 de septiembre de 2008, el gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño, ordenó recoger la edición del diario El Sol de Maturín, según denunció el diputado monaguense Conrado Peñaloza. La razón que dio el mandatario regional para haber recogido el medio impreso, fue que en el mismo se habían publicado declaraciones del periodista Nelson Bocaranda, en las que afirmaba que tenía pruebas de Briceño estaba involucrado en el famoso caso del maletín con 800 mil dólares que fue descubierto en Argentina.

El gobernador monaguense acusó públicamente al periodista de difamación y pidió auxilio legal a los tribunales. Bocaranda, por su parte,  destaca que este caso se trata de una averiguación, y no de una demanda como tal.
 
El periodista señala que está consciente de la finalidad que se persigue al interponer demandas en su contra y el pasado 18 de mayo envió un mensaje a la red digital Twitter , en el que decía: “Siguen cercándome con demandas. Ésta es para dictar sentencia rápida y al tener dos por difamación eliminan juicio en libertad”.

Agresiones a periodistas no cesan

Escrito por Lissy De Abreu Gallego

Revise también

“Ley contra el odio” en Venezuela amenaza la libre expresión en América Latina

Las organizaciones abajo firmantes rechazamos la aprobación en Venezuela el pasado 8 de noviembre de …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *