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Monitor Legislativo: Asamblea Nacional debe retomar su función legislativa

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Previo al inicio del segundo periodo legislativo de la Asamblea Nacional los integrantes de Monitor Legislativo exhortan a los diputados integrantes del Parlamento a no continuar desnaturalizando la función básica del Poder Legislativo.

Además desde Monitor Legislativo se recuerda que es vital que los integrantes del Parlamento superen el discurso de insultos y descalificaciones de los últimos meses y opten por ofrecer a los venezolanos un debate orientado al bienestar del país.

La labor del Parlamento en los próximos meses debe enfocarse a resolver las omisiones legislativas en torno a la designación del Contralor General de la República. El Paramento también adeuda (desde el pasado 28 de abril) el nombramiento de tres rectores (y sus respectivos suplentes) representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional Electoral. Además debe asumir perentoriamente la designación de ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Las organizaciones que integran a Monitor Legislativo exhortan a los diputados electos el 26 de septiembre de 2010 para un periodo de cinco años a cumplir con la obligación de representar a sus electores y regiones en el Parlamento. Hasta la fecha 13 diputados principales han dejado sus curules para asumir otros roles dentro del Estado. A esta cifra se unen 17 diputados que aspiran a convertirse el próximo 8 de diciembre en alcaldes, por lo que en caso de resultar electos faltarían al compromiso asumido al momento de presentar sus candidaturas para ocupar una de las 165 curules de la Asamblea Nacional.

Prioridad: Ley de Fronteras

Para las organizaciones que integran a Monitor Legislativo las prioridades legislativas del Parlamento deben orientarse a la aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras. El análisis desarrollado por Control Ciudadano sobre este tema indica que la referida Ley está prevista en el artículo 15 de la Constitución, desarrollada como indispensable para la seguridad y defensa nacional, en el artículo 327 de la carta magna y sobre la cual el constituyente estableció en 1.999, a través de la Disposición Transitoria Sexta que debía aprobarse en un plazo de dos años con carácter prioritario, a partir de la aprobación de la Constitución.

Para Control Ciudadano resulta “impostergable, moral y constitucionalmente la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Fronteras”. En su informe la organización sostiene que la frontera “es un sector clave en la Seguridad y Defensa Nacional, que afecta a 10 estados fronterizos (Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas (por los límites internacionales que genera la costa del municipio Maturín), Sucre, Nueva Esparta y Falcón), en los cuales habita más del 36 % de la población nacional, representando más del 70 % del territorio patrio, conformado por hombres y mujeres que desde hace más de una década esperan por asignaciones económicas especiales a ser incluidas en la mencionada Ley Orgánica de Fronteras que el parlamento se negado a discutir”.

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El pasado 27 de junio Control Ciudadano y Monitor Legislativo presentaron ante la sala Constitucional del Tribunal Supremo una acción popular de inconstitucionalidad por omisión legislativa para obligar al parlamento nacional a que redacte y apruebe la Ley Orgánica de Fronteras, la cual a la fecha ni siquiera ha sido admitida. En materia de seguridad y defensa también debería recordar el parlamento nacional que está pendiente discutirse y aprobarse la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada Nacional, prevista en el artículo 328 de la Constitución, una norma llamada a honrar el régimen de seguridad social integral propio de la familia militar venezolana

Prioridad: Ley de Ilícitos Cambiarios, Ley contra monopolios, Ley de Arrendamiento y Restitución de la Propiedad Privada

Para los integrantes de Un Estado de Derecho la Asamblea Nacional debe enfocar en cuatro prioridades:

1. Reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios (para abrir el mercado cambiario y facilitar el acceso a divisas sin depender del Gobierno)

2. Ley contra los Monopolios (para poner límites al tamaño del Estado en la economía y diversificarla)

3. Ley para la Restitución de la Propiedad Privada (para restablecer los derechos de propiedad y entregar indemnizaciones a las víctimas de tomas contrarias a Derecho)

4. Ley de Reforma de la Ley de Arrendamientos (para equilibrar derechos de las partes y limitar la discrecionalidad de la Administración frente a los contratos de arrendamientos)

Prioridad: Acceso a la información

Desde Espacio Público se exhorta al Parlamento a promover una ley de acceso a la información pública para hacer posible el ejercicio del derecho de las personas a acceder a la información, conforme a las garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados internacionales vigentes ratificados por Venezuela.

Dicha ley demanda la aprobación de leyes estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. Esta ley debe permitir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.

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Prioridad: ley sobre normas de orden público

También resulta vital promover una ley sobre normas de orden público, el cual tome en cuenta el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

La Asamblea Nacional también debe enfocarse en aadecuar la legislación interna conforme a los parámetros establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[1]. Específicamente, se recomienda realizar algunas reformas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y militar dado que existen algunos tipos de delitos que son manipulados para restringir específicamente la libertad de prensa y de expresión. Estos son los llamados delitos contra el honor y reputación: la difamación, la calumnia y, en algunos casos, la injuria. De esta manera las faltas al honor o reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica. Estos delitos deben desaparecer del COPP y debe quedar protegido el derecho al honor por medio de la vía civil, como lo han sugerido organismos internacionales promotores y defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Prioridad: Ley de administración de los medios públicos

En el caso de los medios públicos resulta necesario promover una ley de administración y control de los medios públicos, es decir, de aquellos medios que son permisionados  por el Estado venezolano en favor de entidades públicas. Dicha ley debe garantizar lo siguiente:

* Que el sistema de radio-televisión de servicio público, promueva la pluralidad de opinión e información propias de una sociedad democrática, así como la construcción de una oferta que mejore la calidad en contenidos y formatos.

* La asignación de frecuencias de radio y televisión que permita una expresión de la pluralidad de los distintos actores políticos nacionales, conjuntamente con una transparente política de distribución de los recursos de la publicidad y propaganda oficial.

* Abstenerse de utilizar la potestad de asignación o suspensión de frecuencias radiotelevisivas como un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación orientado a limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.

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* Mantener la promoción de la industria audiovisual nacional, con el fin de contribuir, mediante una política integral, a enaltecer los valores y expresiones culturales nacionales. Esta política debe incluir la asignación de recursos económicos y el desarrollo de canales y circuitos de distribución.

Promover una ley que garantice la creación de medios de comunicación locales, comunitarios, plurales y alternativos, en un marco de respeto a su autonomía, como mecanismo para garantizar el derecho a la expresión de sectores sociales excluidos y el derecho a una información plural de la sociedad.

Prioridad: Ley de publicidad gubernamental

La Asamblea Nacional también debe enfocarse en promover una ley que regule y controle la publicidad gubernamental en materia de prensa, radio y televisión con el fin deestablecer directrices claras para la distribución de la publicidad oficial a fin de que se siga una administración justa de los fondos destinados a la publicidad.Específicamente se recomienda asegurar, en una propuesta de ley como ésta, que el uso de la facultad de utilizar en cadena a los medios de comunicación para difundir mensajes estatales, se adecue a los estándares internacionales; ello implica revisar el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Prioridad: Internet

Por último, en el caso de Internet, el Parlamento debe enfocarse en velar por una política pública nacional que garantice:

  • Universalidad y accesibilidad: Todos deben tener igual derecho de utilizar Internet de forma libre y segura. Conminan a gobernaciones y alcaldías a promover conexiones wifi en lugares públicos.
  • Diversidad: Promueve la pluralidad de expresiones en Internet y la diversificación de los proveedores del servicio.
  • Neutralidad: Usuarios tienen derecho a acceder a cualquier contenido o servicio.
  • Funcionalidad, seguridad y estabilidad: Implica mejoras en las velocidades de conexión y que los prestadores de servicio hagan públicas sus mediciones de calidad.
  • Privacidad y protección de datos: Es un llamado a que se garantice la privacidad en línea, que incluye no ser vigilado y el derecho a la protección de los datos personales.

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