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Mecanismos internacionales para la promoción de la libertad de expresión

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL DÉCIMO ANIVERSARIO: DIEZ DESAFÍOS CLAVES PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA PRÓXIMA DÉCADA

Image(Washington el 2 de febrero de 2010) El Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante de la Organización para  la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP ),  

Reunidos en Washington el 2 de febrero de 2010, con la colaboración de ARTÍCULO 19, Campaña Mundial para la Libertad de Expresión (ARTICLE 19, Global Campaign for Free Expression) y el Centro para la Libertad y la Democracia (Centre for Law and Democracy);

Recordando y reafirmando nuestras Declaraciones Conjuntas del 26 de noviembre de 1999, el 30 de noviembre de 2000, el 20 de noviembre de 2001, el 10 de diciembre de 2002, el 18 de diciembre de 2003, el 6 de diciembre de 2004, el 21 de diciembre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 12 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2008;

Enfatizando, una vez más, la importancia fundamental de la libertad de expresión, que incluye los principios de diversidad y pluralismo, tanto en si misma como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos y elemento fundamental de la democracia.

Reconociendo que en los últimos diez años, desde la adopción de nuestra primera Declaración Conjunta en noviembre de 1999, se han logrado significativos avances encaminados a lograr el respeto de la libertad de expresión, incluso en lo que respecta al derecho de acceso a la información y al acceso masivo a Internet;

Preocupados ante los enormes desafíos que aún persisten para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como la existencia de sistemas jurídicos restrictivos, presiones comerciales y sociales, así como la falta de tolerancia a la crítica de parte de los sectores que detentan el poder.

Advirtiendo que algunos de los desafíos históricos de la libertad de expresión aún no han sido abordados con éxito, y a la vez han surgido nuevos obstáculos como resultado de cambios tecnológicos, sociales y políticos;

Concientes del gigantesco potencial que ofrece Internet como herramienta para ejercer la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información;

Atentos a las medidas adoptadas por algunos gobiernos para restringir el acceso a Internet y su negativa a reconocer el carácter único de este medio, así como a la necesidad de que las normas que lo regulen respeten la libertad de expresión y otros derechos humanos;

Destacando que, si bien en los últimos diez años se han incrementado notablemente los esfuerzos globales de protección y promoción de la libertad de expresión, resulta necesario que los gobiernos y otros actores oficiales, las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional presten más atención a estos esfuerzos;

Celebrando el significativo desarrollo de los estándares internacionales relativos a la promoción y protección de la libertad de expresión durante los últimos diez anos alcanzado por las organizaciones internacionales y la sociedad civil;

Adoptamos, el 3 de febrero de 2010, la siguiente Declaración sobre Diez Desafíos Claves para la Libertad de Expresión en la Próxima Década:

1.    Mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios de comunicación

El ejercicio de facultades ilegítimas que permiten la indebida injerencia de los gobiernos en los medios de comunicación, pese a ser una modalidad histórica de restricción de la libertad de expresión, continúa representando un grave problema. Si bien este control se manifiesta de diversas maneras, algunos de los aspectos más preocupantes incluyen:

a)    Influencia o control político sobre los medios de comunicación públicos, de modo que éstos funcionen como portavoces del gobierno en lugar de medios independientes encargados de fomentar el interés público.
b)    Los requerimientos de registro para los medios impresos o para el uso de o acceso a Internet.
c)    El control directo del gobierno sobre el otorgamiento de licencias o la regulación de la radiodifusión, o la supervisión de estos procesos por un organismo que no mantiene, tanto en la ley como en la práctica, una real independencia respecto del gobierno.
d)    El abuso en la distribución de la publicidad del Estado o en el ejercicio de otras facultades estatales para influir en la línea editorial.
e)    La propiedad o control significativo de los medios de comunicación por parte de líderes políticos o partidos.
f)    Los procedimientos abiertos contra medios de comunicación independientes basados en motivaciones políticas.
g)    El mantenimiento de normas obsoletas -como las leyes de sedición o la exigencia de la “veracidad” de las noticias- destinadas a criminalizar las críticas al gobierno.

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2.    Difamación penal

Otra amenaza habitual a la libertad de expresión son las leyes penales que criminalizan la difamación, como las leyes de desacato, o las que penalizan la calumnia y la injuria. Pese a que la difamación ya ha sido despenalizada en cerca de diez países, estas normas aun continúan vigentes en otros Estados. Si bien todas las leyes que criminalizan la difamación son problemáticas, los principales rasgos de estas leyes que nos preocupan son los siguientes:

Otra amenaza habitual a la libertad de expresión es la vigencia de leyes que tipifican la difamación (aunque este delito ya fue eliminado en cerca de diez países), el desacato y las calumnias e injurias. Si bien todas las leyes que criminalizan la difamación son problemáticas, las razones que motivan nuestra especial preocupación son las siguientes:

a)    Estas normas no suelen exigir a quienes las invocan que prueben elementos claves del delito, como la falsedad de las afirmaciones y la intención dolosa.
b)    Se trata de leyes que sancionan incluso declaraciones respecto de hechos verdaderos; la mera publicación de reportes fieles sobre declaraciones de entes oficiales; o la simple expresión de opiniones.
c)    Algunas de estas leyes protegen la ‘reputación’ de organismos públicos, de símbolos patrios o del Estado mismo.
d)    Estos regimenes jurídicos no exigen a las figuras y funcionarios públicos que muestren frente a la crítica, un grado de tolerancia mayor al que se espera de los ciudadanos comunes.
e)    En otras oportunidades, las leyes de difamación protegen creencias; escuelas de pensamiento; ideologías; religiones o símbolos religiosos; e ideas.
f)    El uso del concepto de difamación colectiva para penalizar expresiones que no se encuadran en la categoría estrecha de instigación al odio.
g)    La existencia de sanciones excesivamente severas, como penas de prisión o condenas en suspenso, pérdida de derechos civiles –incluyendo el derecho a ejercer el periodismo- y multas exorbitantes, por la comisión de estas conductas.

3.    Violencia contra periodistas

La violencia contra periodistas continúa representando una amenaza muy grave para la libertad de expresión. En 2009 se registraron más asesinatos de periodistas por razones políticas que en cualquier otro año de la última década. Particularmente, se encuentran en riesgo los periodistas que cubren problemas sociales, incluyendo crimen organizado o narcotráfico, que critican al gobierno o a los sectores de poder, que cubren violaciones a los derechos humanos o corrupción, o que trabajan en zonas de conflicto. Reconociendo que la impunidad genera más violencia, estamos particularmente preocupados por lo siguiente:

a)    Estas agresiones no reciben la atención que merecen y no se asignan recursos suficientes que permitan prevenirlas o –cuando se producen- investigarlas y juzgar a quienes las perpetran.

b)    No se reconoce la necesidad de adoptar medidas especiales para abordar estas agresiones, que no solo suponen un ataque contra la víctima sino que además vulneran el derecho de las demás personas a recibir información e ideas.

c)    La ausencia de medidas de protección para periodistas que han sido desplazados como resultado de estas agresiones.

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4.    Limites al derecho de acceso a la información

Durante los últimos diez años, el derecho de acceso a la información ha sido reconocido ampliamente como un derecho humano básico, incluso por los tribunales regionales de derechos humanos y otros organismos autorizados. Actualmente existe una cantidad récord de países que han sancionado leyes que hacen efectivos estos derechos. La adopción de cerca de 50 leyes en los últimos diez años demuestra que esta tendencia positiva continúa. No obstante, aún subsisten importantes desafíos. Las cuestiones que nos preocupan particularmente son:

a)    El hecho de que la mayoría de los Estados no ha aprobado leyes que garanticen el derecho a la información.
b)    Las leyes deficientes que se encuentran vigentes en numerosos Estados.
c)    El enorme desafío que supone la implementación práctica del derecho a la información.
d)    La falta de transparencia en torno a las elecciones, en un contexto electoral en el que la necesidad de transparencia es particularmente importante.
e)    El hecho de que muchas organizaciones intergubernamentales no han hecho efectivo el acceso a la información respecto de la información que poseen en tanto que organismos públicos
f)    La aplicación de leyes de reserva a periodistas u otras personas que no son funcionarios públicos, por ejemplo para responsabilizarlos por publicar o diseminar información reservada que les ha sido entregada.

5.    Discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión

La igualdad en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión continúa siendo la excepción, en tanto los grupos históricamente menos favorecidos —como mujeres, minorías, refugiados, personas indígenas y minorías sexuales— aún luchan para que se tengan en cuenta sus opiniones y para poder acceder a la información que les concierne. Las cuestiones más preocupantes son:

a)    Los obstáculos a la creación de medios de comunicación por grupos históricamente menos favorecidos.
b)    El uso indebido de leyes sobre expresiones que instigan el odio para impedir que grupos históricamente menos favorecidos participen en debates genuinos sobre sus problemas e inquietudes.
c)    La ausencia de medidas de autorregulación adecuadas para abordar:
i.    La reducida proporción de miembros de los grupos históricamente menos favorecidos entre los trabajadores de los principales medios de comunicación, incluidos los medios públicos.
ii.    La cobertura insuficiente por parte de medios de comunicación y otras organizaciones de temas relevantes para los grupos históricamente menos favorecidos.
iii.    La difusión masiva de información estereotipada o peyorativa respecto de grupos históricamente menos favorecidos.

6.    Presiones económicas

Existen distintas presiones comerciales que amenazan la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público, que usualmente son costosos de producir. Las cuestiones más preocupantes son:

a)    La creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con posibles y preocupantes graves consecuencias para la diversidad de los contenidos.
b)    La fractura del mercado publicitario, y otras presiones comerciales que se traducen en la adopción de medidas de reducción de costos, como menor proporción de contenido local, entretenimiento de bajo nivel intelectual y reducción del periodismo de investigación.
c)    El riesgo de que los beneficios de la transición a las frecuencias digitales sean absorbidos en gran parte por los medios existentes, y de que otros usos, como las telecomunicaciones, operen en detrimento de una mayor diversidad y acceso y de los medios de interés público.

7.    Apoyo a emisoras públicas y comunitarias

Las emisoras públicas y comunitarias pueden desempeñar un rol sumamente importante al ofrecer una programación de interés público y complementar el contenido ofrecido por las emisoras comerciales. De este modo pueden contribuir a la diversidad y responder a la necesidad de información del público. Sin embargo, ambas enfrentan obstáculos. Las cuestiones más preocupantes son:

a)    Los obstáculos cada vez más frecuentes al financiamiento público de las emisoras públicas.
b)    La existencia de numerosos medios públicos que no tienen una misión pública claramente definida.
c)    La falta de reconocimiento legal específico para el sector de las emisoras comunitarias sobre la base de criterios adecuados al sector.
d)    La decisión de no reservar frecuencias suficientes para las emisoras comunitarias ni crear mecanismos adecuados de financiamiento.

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8.    Seguridad y libertad de expresión

Si bien históricamente se ha abusado del concepto de seguridad nacional con el fin de imponer restricciones injustificadamente amplias a la libertad de expresión, este problema se ha agravado como resultado de los atentados de septiembre de 2001 y las consiguientes iniciativas de lucha contra el terrorismo. Las cuestiones más preocupantes son:

a)    Las definiciones vagas y/o excesivamente amplias de términos clave como seguridad y terrorismo, así como de las actividades que se prohíben (como brindar apoyo en materia de comunicaciones al “terrorismo” o al “extremismo”), la “apología” o “promoción” del terrorismo o extremismo, y la mera repetición de las declaraciones formuladas por terroristas.
b)    El abuso de términos vagos con el fin de restringir expresiones críticas u ofensivas, como la protesta social, que no suponen incitación a la violencia.
c)    Las presiones formales e informales a los medios para que no difundan información sobre terrorismo, con el argumento de que esto podría promover los objetivos de los terroristas.
d)    El uso más amplio de técnicas de vigilancia y un menor control de los operativos de vigilancia, que inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho de los periodistas a proteger a sus fuentes confidenciales.

9.    Libertad de expresión en Internet

El inmenso potencial que ofrece Internet como herramienta para promover el libre intercambio de información e ideas aún no ha sido aprovechado plenamente dados los esfuerzos de algunos gobiernos para controlar o limitar este medio. Las cuestiones más preocupantes son:

a)    La fragmentación de Internet a través de la imposición de cortafuegos (firewalls) y filtros, y de requisitos de registro.
b)    El bloqueo estatal de sitios Web y de dominios que permiten el acceso a contenidos generados por usuarios o redes sociales, por razones sociales, históricas o políticas.
c)    El hecho de que ciertas corporaciones que proveen servicios de búsqueda, acceso, mensajería instantánea, publicación u otros servicios de Internet no realizan esfuerzos suficientes para respetar el derecho de quienes usan esos servicios a acceder a Internet sin interferencias, por ejemplo, motivadas en razones políticas.
d)    Las normas que permiten que ciertos casos, particularmente sobre difamación, puedan ser juzgados en cualquier sitio, lo cual conduce a una situación de “mínimo común denominador”.

10.    Acceso a tecnologías de información y comunicación

Si bien Internet ha ofrecido a miles de millones de personas posibilidades de acceso a la información y a herramientas de comunicación sin precedentes, la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo aún no tienen acceso a Internet o sólo tienen un acceso limitado. Las cuestiones más preocupantes son:

a)    Las estructuras de precios que imposibilitan el acceso de los sectores pobres a Internet.
b)    La omisión de extender la conectividad a todo el territorio, lo que deja a los usuarios rurales sin acceso.
c)    La asistencia limitada a centros de tecnología de la información y comunicación comunitarios y otras opciones de acceso público.
d)    Esfuerzos insuficientes de capacitación y educación, en especial en sectores pobres, rurales y entre la población mayor.
 

Frank LaRue
Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión                

Miklos Haraszti
Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación

Catalina Botero
Relatora Especial de la OEA para la Libertad de Expresión

Faith Pansy Tlakula
Relatora Especial de la CADHP sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información

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