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Marzo: entre apagones y detenciones

El tercer mes del año cerró con 133 violaciones a la libertad de expresión, que corresponden a 62 casos, entre los que destacan la intimidación y la censura. El foco está puesto en los periodistas y los medios, y tienen como principales victimarios a las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad, funcionarios y grupos de civiles violentos.

Las cifras de este primer trimestre del año evidencian un incremento notable en el número de violaciones, alcanzando 204 casos que corresponden a 420 violaciones, 60 de ellas fueron detenciones a trabajadores de la prensa. Los datos de este primer trimestre multiplican a los del primer trimestre del año pasado: en el número de casos casi se triplica (de 72 a 204), un 183% más, mientras que en el número de violaciones subió en 259% (de 117 a 420).

Desconectados y a oscuras

Todo esto, en un contexto de violencia estructural consecuencia del colapso de los servicios públicos. En marzo, el país vivió la representación más extrema de la restricción a la libertad de expresión que ha enfrentado en los últimos años: dos grandes apagones que interrumpieron la rutina comunicacional e informativa de los venezolanos. El primero de ellos, se registró el jueves 7 de marzo, poco antes de las 5 de la tarde, 22 estados del país sufrieron las consecuencias de la falla por más de 70 horas. Las consecuencias fueron muchas, el colapso de los servicios públicos fue inmediato; venezolanos inundaron las calles para regresar a sus casas, pues al menos en Caracas, el principal medio de transporte, el Metro, depende de la electricidad, la red bancaria se vio interrumpida, así como los servicios de telefonía e Internet.

Las operadoras móviles Movistar, Movilnet y Digitel funcionaron de forma intermitente, por lo que los usuarios hicieron uso de las redes sociales para reportar la información mientras transcurrían las horas. No así, la conexión de ABA, Cantv, cuya señal funcionó de forma entrecortada en algunas zonas y colapsó en la mayor parte del país.

La segunda falla ocurrió el  lunes 25 de marzo a la 1:20 pm, y afectó a 23 estados. Al igual que el primer apagón, paralizó la vida de los venezolanos dejándolos incomunicados por más de 24 horas, persistiendo las fluctuaciones durante el resto de la semana.

Durante los días de apagones, la plataforma de videos YouTube fue bloqueada, como parte de una medida llevada adelante por Cantv. La particularidad de este bloqueo es que fue más extenso en comparación con oportunidades anteriores cuando se ejecutaba solo cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, realizaba alocuciones en vivo.

Con las fallas eléctricas las radiobases de las operadoras de servicios se vieron perturbadas quedando inoperantes, dejando a los venezolanos sin acceso a Internet. Según reportes de VE Sin Filtro, solo el 26.5 % de los tracerouters de pruebas de Internet Intel se completan. La misma fuente indica que el tráfico a Google cayó en un 82 % según una comparación realizada con el tráfico a la página de días anteriores.

Por su parte, el observatorio de Internet, Netblocks, aseguró que, con el restablecimiento parcial del servicio eléctrico, la conectividad a Internet en Venezuela se ubicó en 20 %, siendo afectado por las nuevas interrupciones que ralentizaban recuperación. Luego de los apagones y con jornadas de protestas en la calle, la ciudadanía venezolana permaneció desconectada.

La estabilización del servicio de telefonía luego del apagón se logró con algunos inconvenientes, las redes móviles persistieron frágiles e intermitentes y usuarios a través de la red social Twitter reportaron la caída del servicio ABA en algunas zonas del país, ante estas limitaciones recordamos a las autoridades que la afectación del servicio restringe el normal desarrollo de las actividades de los venezolanos: puntos de ventas, transacciones comerciales, recargas a celulares, sistemas de pagos bancarios y llamadas telefónicas. En un contexto restrictivo como el venezolano donde el ciudadano se informa a través de la red, resulta particularmente grave que el 80 % de la población no tenga acceso a medios de comunicación y redes sociales, incidiendo el normal flujo de información y manteniendo en una sensación de blackout.

Cobertura en Radio y TV

Los principales noticieros de los canales de televisión en señal abierta; GlobovisiónVenevisión y Televen, no han realizado una cobertura plural. Lo poco que se informa sobre el hecho prioriza la versión oficial. En el caso de la radio, algunas emisoras transmitieron programas especiales sobre el hecho, pero con el paso del tiempo se vieron imposibilitadas a conectar la señal y mantenerse operativas debido a que las plantas eléctricas agotaron su capacidad.

Resalta el operativo realizado por Radio Nacional de Venezuela (RNV), perteneciente al Sistema Nacional de Medios Públicos, quien se mantuvo en transmisión continua con locutores repitiendo el discurso oficial e insistían en atribuir la autoría del hecho al Gobierno estadounidense y al presidente de la AN, Juan Guaidó, dejando a un lado la información referente a un plan de contingencia o las medidas que tomaría el Ejecutivo Nacional para enfrentar esta crisis.

El domingo 10 de marzo abrió con la noticia del ataque a la emisora Trujillo Stereo 102.5 FM, el cual fue destruida su planta eléctrica de emergencia que le permitía permanecer al aire. Según el Diario El Tiempo, era la única emisora comercial que prestaba servicios en el estado Trujillo luego de ocurrido el apagón.

Agresiones a periodistas

Marzo también fue un mes de agresiones, el 7 de marzo impidieron el paso hacia el interior del Hospital Dr. Raúl Leoni de Ciudad Guayana al equipo periodístico del Diario Primicia. El personal de vigilancia del recinto hospitalario expresó que los periodistas “tienen prohibida la entrada”.

Durante la cobertura a la manifestación oficialista convocada por Nicolás Maduro, el pasado 9 de marzo, el equipo de El Pitazo formado por la periodista Daisy Galaviz, el fotógrafo Ronald Enrique y dos motorizados, fue robado en la avenida Libertador de Caracas.

El mismo día, pero en el sector Las Minas de Baruta, la periodista Florantonia Singer, corresponsal de El País, en Venezuela, fue despojada de su teléfono celular cuando realizaba un recorrido mostrando las afectaciones del apagón nacional.

En la Asamblea Nacional (AN), grupos civiles violentos agredieron y hostigaron a los equipos de prensa que se encontraban realizando la cobertura de la sesión ordinaria del martes 26 de marzo, los equipos de TV Venezuela Noticias, VivoPlay TVReutersNTN24 fueron agredidos y robados por  personas violentas que estaban afuera del Palacio Legislativo.

Poco más tarde, los periodistas de Efecto CocuyoCrónica Uno, El EstímuloEl PitazoVPI TV y otras agencias de noticias se vieron en la obligación de permanecer encerrados en el interior de la AN tras la amenaza de posibles agresiones por parte de estos grupos. Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), destacados en la AN, no hicieron nada para contener a los violentos e impedir el ataque.

¡Retenciones y detenciones a la orden del día!

Rafael González estaba trabajando como productor con el equipo del canal CNN en Español y fue detenido por sujetos no identificados cuando hacían una cobertura en el aeropuerto de Maiquetía. Desde la 1:00 pm del 14 de marzo se encontraba desaparecido, más de 40 horas que se desconocía su paradero. Su hermana, Mayra González, explicó a Espacio Público que se presentaron en las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela y El Helicoide, sin obtener respuestas sobre el paradero de su hermano. Además su abogada, Andrea Santacruz, afirmó en declaraciones a la prensa: “se ha ido a distintos sedes de distintos cuerpos policiales e insisten que no está allí. Está privado de libertad, en contra de su voluntad sin que el estado indique dónde está, cuál es su situación”, lo que constituye una desaparición forzada.

No fue sino hasta el lunes, 18 de marzo, cuando familiares de González recibieron noticias. El Tribunal 50 de Control dictó privativa de libertad imputándole los delitos: asociación para delinquir, falsa atestación e instigación. Andrea Santacruz, abogada del trabajador, confirmó que Rafael González fue trasladado de nuevo a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, donde permanecerá los próximos 45 días, mientras espera una acusación del Ministerio Público (MP).

El 6 de marzo, el periodista estadounidense, Cody Weddle, fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) después de hacer un allanamiento en su residencia. Weddle estuvo reportando los hechos recientes de Venezuela como corresponsal del portal Local 10 News, de Miami y para otros medios de comunicación como ABC News, CBC, Miami Herald y Telegraph.

Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentó en la vivienda de Weddle en la mañana del 6 de marzo, con una supuesta orden de allanamiento, presuntamente de un tribunal militar, donde se le acusaba de traición a la patria. La vulneración de morada se realizó con el vigilante y la conserje del edificio como testigos. Cerca de las 8:30 de la mañana los funcionarios salieron de la residencia con los equipos de trabajo de Weddle y detuvieron al periodista, quien llevaba una maleta grande al dejar el edificio1. Trascendió que los funcionarios también tendrían el pasaporte, otros documentos de identidad y dinero en efectivo de Cody.

Cody Weddle residía en Venezuela desde el año 2014 y cubrió la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al país el pasado lunes 4 de marzo. Además viajó a San Antonio del Táchira a finales de febrero para registrar las convocatorias del oficialismo y de la AN entorno al ingreso de camiones cargados con asistencia humanitaria internacional desde Colombia. El periodista fue deportado luego de realizársele un procedimiento ilegal.

Liberado Luis Carlos Díaz

Otra detención arbitraria ocurrida el 11 de marzo, fue la del periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz,  excarcelado al día siguiente de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide. Fue desaparecido y presentado ante tribunales en un proceso donde lo acusaron de «instigación pública» por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Le impusieron prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso,¿ y régimen de presentación.

Funcionarios del Sebin habían negado en diversas oportunidades que Díaz estuviese detenido en sus instalaciones. Sin embargo, el periodista fue trasladado a los Tribunales de Control, en La Hoyada, aproximadamente a las 6:40 pm del 12 de marzo, cuando circuló una falsa información  respecto a su liberación. Por diversas fuentes se conoció su paradero y el equipo de defensa de Espacio Público, periodistas y representantes de otras organizaciones de la sociedad civil se dirigieron al sitio para prestarle apoyo.

Horas después de la detención de Díaz, fue llevado esposado a su casa a las 2:30 am en compañía de funcionarios del Sebin, quienes realizaron un allanamiento en la vivienda teniendo al periodista y a su esposa Naky Soto como testigos. Del hogar cargaron equipos de computación, teléfonos celulares, pendrive, bolso, memorias externas, un disco duro externo, así como también otros aparatos electrónicos que todavía permanecen incautados por las autoridades durante la investigación, lapso que podría prolongarse indefinidamente. Adicionalmente, los funcionarios se llevaron de la residencia joyas y dinero en efectivo que no fueron registrados en el acta del procedimiento. Al momento de la publicación de esta nota,  la bicicleta en la que se transportaba Díaz no ha sido devuelta, pues está incluida en la cadena de custodia de la investigación del caso; sin embargo, nos preguntamos: ¿qué relación puede guardar o aportar este medio de transporte?

 

El 14 de marzo, Tomasz Surdel, periodista del medio polaco Gazeta Wyborcza, fue retenido y agredido por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) en Caracas, en medio de un incremento significativo de persecución a periodistas esta semana. Surdel tiene dos meses en Venezuela haciendo cobertura de las protestas en contra de Nicolás Maduro y la situación que acontece. El 14 de marzo estaba conduciendo por la zona de Bello Monte, ubicado en la capital del país, cuando fue abordado por funcionarios de la FAES.

En una nota publicada en el medio Gazeta Wyborcza, relata que “A última hora de la tarde, conducía por Bello Monte [Caracas, capital de Venezuela], cuando los hombres con uniformes negros me detuvieron con pasamontañas en la cabeza. Estaban armados hasta los dientes. Paré el coche”, señaló Surdel en un grupo de WhatsApp.

Los miembros del cuerpo de seguridad detuvieron al periodista internacional, le pidieron sus documentos, y establecieron contacto con “alguien” por la radio para ver “qué hacían” con Surdel. Le pidieron que saliera del auto, seguido de esto, le pusieron un saco en la cabeza y lo golpearon.

“Me golpearon con algo duro, probablemente con colillas, principalmente en la cara. También recibí algunos golpes fuertes en la costilla. Cuando terminaron y sacaron el saco, vi el cañón de la pistola frente a mis ojos”, se lee en la nota publicada por el medio.

La arremetida de la fuerza pública durante el ejercicio de labores periodísticas violentan los estándares de libertad de expresión e información pues dichas acciones tienen como objetivo impedir la difusión libre y plural de información, lo cual constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, la Carta Magna establece en su artículo 23 que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, así como en su artículo 19 expresa que es deber del Estado venezolano garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, y el respeto y garantía de los mismos por parte de los órganos del Poder Público.

Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por Venezuela, consagra en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión. Mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este mismo derecho en su artículo 13. Es por ello que, estos hechos resultan preocupantes pues no solo se está frente a la comisión de un delito, sino que también los funcionarios quebrantaron su deber constitucional de proteger, velar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

Entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, sumado a que los principales agresores son emprendidas por figuras de poder del Estado que se intensificó con el aumento de los casos. Estas prácticas constituyen un fuerte retroceso en materia de libertad de expresión y las consecuencias reales se evidencian en la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.

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