Lo público es privado – Persecución a trabajadores públicos

Por Andrea Garrido V1Una imagen de los ojos de Chávez corona muchos edificios públicos, una especie de Gran Hermano venezolano que vigila constantemente, desde las alturas. Al interior de ministerios, empresas estatales, hospitales y otros entes controlados por el Poder Ejecutivo, esa mirada se reproduce en jefes que desaprueban la crítica y castigan a trabajadores públicos que se atreven a alzar su voz contra las precarias condiciones de trabajo, o en rechazo al gobierno.

Durante los períodos presidenciales de Hugo Chávez se multiplicó el número de ministerios, lo que aumentó el gasto público y la fuerza de trabajo dependiente del Estado. Entre 1989 y 1999 el crecimiento del sector público fue de 14,5%, mientras que entre 1999 y 2009 se cuadriplicó, al llegar a 69,16%[1]. Según estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Gasto Público venezolano creció de 28% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año 2000, a un 41% del PIB en el año 2015[2], durante la presidencia de Nicolás Maduro.

Los últimos números publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en 2015, indican hay más de 2.500.000 empleados públicos[3], lo que implica que casi el 20% de la población que trabaja en Venezuela, lo hace en este sector[4]. A esta cifra hay que sumarle al menos 235.000[5] efectivos militares activos cuyo sueldo y comida en la mesa depende del Estado.

Con la llegada de la hiperinflación[6] en 2018, el salario mínimo perdió aún más poder adquisitivo, y se redujo al equivalente medio kilo de queso o a un cartón de huevos. Los empleados públicos se hicieron más dependientes de los beneficios sociales como bonos a través del carnet de la patria o la caja de alimentos a mínimo costo suministrada por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para poder sobrevivir y sostener a sus familias, por lo que hablar contra el gobierno implica un alto riesgo.

El coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato indicó en el año 2017 que había al menos 3 millones de empleados públicos que cobraron sueldo mínimo[7], un monto que no alcanzaba ni alcanza para satisfacer las necesidades básicas en un país con elevada inflación.

La falta de medicamentos, escasez de rubros básicos y fallas constantes de los servicios públicos afectan a toda la población. La Emergencia Humanitaria Compleja[8] es silenciada por el gobierno en medios de comunicación social tradicionales a través de diversos mecanismos que pretenden evitar que se conozca lo que sucede, mientras que se infunde miedo en trabajadores y funcionarios públicos para que se autocensuren y no se filtre ninguna información que discrepe de la línea editorial del gobierno y evidencie la crisis.

La Constitución Nacional, en sus artículos 51, 132, 141 y 143, establece que la administración pública está obligada a presentar rendiciones sobre cómo, cuándo y en qué invierten los recursos, además de mostrar los frutos de su gestión, producto del trabajo de millones de venezolanos. Sin embargo, la opacidad reina y la población está privada de cifras oficiales clave como la inflación, y de informes de gestión que den cuenta sobre cómo se gasta el dinero público.

Frente la opacidad del sector público y en medio de la crisis, la ciudadanía ha sido fundamental para transmitir la realidad sobre lo que ocurre en las empresas y entes que maneja el Estado, sea como visitantes, pacientes o como empleados. Mientras tanto, los periodistas continúan insistiendo en publicar historias, imágenes o videos que evidencian la decadencia de los entes y empresas administradas desde el Ejecutivo.

En 2018 muchas personas alzaron su voz desde la administración pública pese al temor a perder su empleo o beneficios: enfermeras, bomberos, médicos, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, trabajadores de las empresas básicas o expropiadas por el Gobierno, profesores… Desde Espacio Público se contabilizaron al menos 72 trabajadores públicos y funcionarios que fueron víctimas de persecución, hostigamiento e, incluso, detenciones por protestar o mostrar la precaria situación en la que cumplen con su trabajo; la prisión y amenazas constantes son las respuestas de un gobierno autoritario que prohíbe la libre circulación de información.

A pesar del miedo

“Ellos han tratado de manifestar lo que ocurre y ahora viven una terrible situación de acoso”

Germán Rojas Loyola[9]

Trabajar en entes y empresas públicas se convirtió en sinónimo de aplaudir al Gobierno, así sea obligatoriamente. Para conservar el trabajo los jefes obligan a empleados a ir a las manifestaciones públicas en apoyo a Nicolás Maduro o a las iniciativas que promueve, incluso mediante el uso de listas de control de asistencia y el monitoreo por horarios del turno en que cada grupo debe presentarse en el lugar de la convocatoria.

La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión sin ser molestados por las opiniones; sin embargo, en julio de 2017 la Organización No Gubernamental (ONG) Provea[10] documentó al menos 212 denuncias de amenazas de despidos en las instituciones del Estado por expresar discrepancias con el gobierno de Maduro y negarse a votar en el acto electoral convocado ilegalmente para elegir a miembros de la asamblea nacional constituyente[11] (ANC).

En 2018 la persecución escaló y se concretó en al menos 59 detenciones a funcionarios y empleados públicos (11 mujeres y 55 hombres) por manifestar su descontento por las condiciones de trabajo, o por opinar en contra del Gobierno. Este tipo de intimidaciones violan el derecho a la libertad de expresión y además tienen un carácter inhibitorio para quienes trabajan en la administración pública, empresas o, incluso, en las fuerzas de orden público, cuando se somete al miedo por un despido a cerca de 2.750.000 venezolanos.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE o Relatoría Especial) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que el uso del derecho penal por funcionarios públicos para intimidar y criminalizar la crítica

“es una práctica abiertamente contraria a los principios y estándares en materia de libertad de expresión, en particular, cuando la criminalización es producto de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”[12].

Las detenciones se dieron por causas diversas, pero resaltan las relacionadas con temas que se debaten en la opinión pública como las fallas en el servicio eléctrico, deficiencia de transporte y funcionamiento de las empresas básicas. Uno de los estados que más ha sufrido las fallas de electricidad y que se caracteriza por tener altas temperaturas es el Zulia, cuyos habitantes deben soportar cortes por más de 48 horas.

Después de una semana con interrupción por largos períodos el ex presidente de Enelven (filial de Corpoelec), Ciro Portillo, denunció el 24 de abril que las fallas en el suministro de energía en la entidad eran producto de la falta de mantenimiento de las plantas eléctricas. Tres días después el gobernador del Zulia, Omar Prieto, dijo que denunciaría a Portillo ante el Ministerio Público “por perturbar la tranquilidad de los zulianos diciendo que nos vamos a quedar sin sistema eléctrico” y para que explicara “por qué conoce tanto sobre el sabotaje y los daños que tenemos en el sistema eléctrico regional”[13].

En el estado Carabobo fue detenido por motivos similares Elio Palacios, secretario general del Sindicato Único de la Clase Trabajadora de Corpoelec[14]. El 14 de febrero el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo capturó tras alertar sobre un «próximo apagón»[15] que afectaría a todo el país, debido a la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y la falta de mantenimiento en varias subestaciones. Fue acusado por difundir “información falsa” destinada a “causar pánico y zozobra en la ciudadanía”.

Otro caso que ilustra esta persecución fue la detención de seis trabajadores de Venalum el 13 de diciembre, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la GNB, irrumpieron en las instalaciones de esta empresa básica, golpearon y robaron a varios de los empleados en represalia por la participación en protestas exigiendo aumento de salario y dotación de insumos a los hospitales[16].

De las 72 víctimas del sector público perseguidas por expresarse, al menos a cinco les aplicaron la inconstitucional normativa contra el odio[17] emanada de la ilegítima ANC, entre ellos están los bomberos del estado Mérida que difundieron un video donde comparan a un burro con Maduro, y un empleado del Metro de Caracas que se quejó en su Facebook porque el sueldo no le alcanzaba para comprar jabón para lavar su uniforme[18].

Las maestras Yarxenys del Carmen González Seijas y Yalexi Coromoto González Seijas fueron detenidas arbitrariamente el 27 de julio por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Guárico, en el centro del país. Se les acusó de ser las presuntas autoras de publicaciones difundidas en Facebook contra dirigentes oficialistas de la entidad[19].

El hermano de las víctimas, Carlos González, explicó que a Yarxenys y Yalexi se les acusó de divulgar irregularidades en la administración pública de la entidad en la página de Facebook “La Escoba de Guayabal”. Narró que más de 40 funcionarios de diferentes componentes de orden público se presentaron en la vivienda encapuchados y con armas de guerra bajo instrucciones del gobernador y sin una orden judicial.

En otros casos la decisión gubernamental es la censura previa, que impide que los trabajadores puedan expresarse con libertad en las redes sociales u otras plataformas de gran alcance basadas en Internet. En febrero el consultor jurídico de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Alexis Chacón, emitió un comunicado en el que se prohibió a todos los empleados de la empresa estatal “usar, y seguir a personas en las redes sociales, (Twitter, Facebook o cualquier otra) salvo las únicas autorizadas por la Corporación como de carácter oficial”. El mes anterior había sido detenido Argenis Prieto, un ingeniero de la empresa que denunció la persecución del Sebin[20].

Alrededor de 136.000[21] ciudadanos se vieron afectados por esta medida restrictiva impulsada por una de las principales empresas del Estado, al evitar el libre acceso a una de las fuentes de información consultada con mayor frecuencia en el país (según datos de Medianálisis). En el comunicado se amenaza a los trabajadores con “sanciones disciplinarias o despido” en caso de no seguir las instrucciones, alegando que buscar y/o publicar la información que a cada ciudadano le plazca “atenta gravemente contra la seguridad y la estabilidad operacional de la empresa”[22].

El Cuerpo de Bomberos del municipio Iribarren, en el estado Lara, tomó una medida similar el 6 de marzo: prohibir al personal administrativo y operativo emitir «cualquier tipo de declaraciones o informaciones, ya sean impresas, digitales o electrónicas, a cualquier medio de comunicación”[23] sobre el servicio de la institución. Se puede presumir que la censura responde a que en enero el conductor del programa oficialista “Zurda Konducta” atropelló a cuatro bomberos y el video del hecho fue compartido por vías digitales.

Uniformados exigen sus derechos

Pocas veces se conocen casos de militares o miembros de las diferentes fuerzas de orden público que señalan las dificultades económicas que atraviesan o el descontento respecto a la situación venezolana. A pesar de ser, por ley, cuerpos apolíticos, las Fuerzas Armadas han sido minadas con educación socialista-marxista e inclusive a sus miembros se les obliga a gritar consignas a favor del gobierno chavista y en contra de la oposición. Un ejemplo clave son los lemas “Patria, socialismo o muerte, ¡venceremos” instaurado por el presidente Hugo Chávez, que después de ser diagnosticado con cáncer cambió a “viviremos y venceremos”.

Los militares ocupan numerosos cargos de la administración pública que debería estar destinada a civiles, como ministerios y viceministerios; dirigen empresas de producción de bienes básicos incautadas por el gobierno, e incluso se encargan de la importación y distribución de alimentos. La filiación política oficialista se coló a cargos inferiores y se impone como una orden defender los intereses del Gobierno y no la constitución y las leyes.

Miembros de la GNB, Sebin, Dgcim y policías locales fueron los responsables de la represión a manifestantes pacíficos que marcharon en contra del Gobierno en 2017, y evitaron que múltiples protestas de 2018, generalmente por fallas en los servicios básicos, crezcan o se desarrollen libremente. La imagen de estos efectivos está comúnmente asociada con el uso de la fuerza en contra de la ciudadanía que reclama sus derechos: sea en colas para comprar alimentos o en protestas.

El Gobierno ha cuidado que se mantenga en la opinión pública la imagen de filiación de las Fuerzas Armadas con los dirigentes políticos que detentan el poder, lo que incluye silenciar los casos en que las tropas se quejan de la situación en que tienen que hacer su trabajo, o expresan su descontento ante las políticas públicas. En 2018 suman al menos 23 funcionarios de cuerpos de orden público víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de expresión.

Los militares venezolanos, en su mayoría, son delgados, pequeños, con una imagen física débil. En enero de 2018 el diario Tal Cual registró declaraciones de madres de oficiales que perdieron 24 y 15 kilogramos de peso[24] mientras prestaban servicio. Por redes sociales se difundieron videos de protestas dentro de los establecimientos castrenses que exigían alimentación de calidad y mejores sueldos.

En Fuerte Tiuna efectivos de la GNB explicaban en una llamada al ministro para el Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, que el dinero se les acaba “en una ida y venida a casa” y además que no gozan de “ningún beneficio”: “Yo no llevo ni una harina a la casa”[25]. En uno de los videos difundidos en redes sociales se puede escuchar a los militares decir: “la comida no sirve para nada”, “queremos beneficios, más nada”[26], y luego evidencia la corrupción cuando uno de los militares afirma, respondiendo a Padrino López: “No, ¿qué bolsas? El comandante, las bolsas (de comida) ahorita las está sacando de su oficina para otro dormitorio. Ahorita es que está cagao y las está sacando”[27].

El 11 de enero cuatro funcionarios de la GNB, Neomar Brito, César Balzán, Jesús Bermúdez y Nervis Rincón, fueron trasladados a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por participar en estas protestas exigiendo sus derechos.

El 24 de mayo Paul Machado, teniente de la GNB, fue sentenciado a cuatro años y diez meses de cárcel por cortar su carnet de la patria, documento de identificación de un sistema de beneficios del Gobierno. El 17 de mayo de 2017 fue grabado en una protesta mientras criticaba al Alto Mando Militar, las políticas gubernamentales e invitaba a mantener la lucha “de sables en las unidades militares”. Su abogado señaló que Machado estuvo recluido un mes en el Dgcim y fue víctima de malos tratos y tortura.

La persecución se traduce en la cárcel como castigo que además coacciona a compañeros y otros miembros de la GNB para que no protesten ni hagan públicos sus reclamos por temor a represalias. Sin embargo, la difusión de material audiovisual en protesta por las críticas condiciones laborales continuó en el año y, como resultado, otros 15 miembros de la GNB fueron apresados en agosto acusados de traición a la patria.

El 21 de septiembre algunos miembros del Destacamento 351 de San Fernando de Apure difundieron un video donde muestran la inundación de las instalaciones del puesto fronterizo Buenavista El Meta, debido a fuertes lluvias[28]. El agua alcanzaba el nivel de las rodillas y llegó a los dormitorios, cocina y áreas comunes. Cuatro días después los superiores engañaron a los efectivos, que resultaron detenidos al asistir a un llamado para, supuestamente, entregarles electrodomésticos en el destacamento[29].

La investigación o circulación de información de interés público también fue sancionada. El 6 de febrero detuvieron a Frank Valera, Pedro Rosales y Yerson Hevia en San Cristóbal, en el estado andino de Táchira. Los oficiales adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) averiguaban los registros policiales del entonces presidente, Nicolás Maduro, y del constituyentista de la ilegítima ANC, Diosdado Cabello, figuras relevantes de la administración pública y sancionados internacionalmente por violar la ley.

Los tres oficiales fueron privados de su libertad acusados por revelación indebida de data o información de carácter personal, ultraje contra personas investidas de autoridad pública y agavillamiento (asociación para delinquir) por ingresar “sin autorización al sistema y averiguaron la vida del tren ejecutivo”[30].

Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio social porque sus acciones inciden en el desarrollo del país, las acciones privadas y anteriores a su designación son de interés para la sociedad en el ejercicio de la contraloría. Igualmente los funcionarios públicos están obligados por el derecho de acceso a la información, incluyendo a quienes forman parte de los poderes públicos, de los órganos creados o controlados por el gobierno, que operan con fondos públicos o desarrollan funciones públicas[31].

La salud en la mira

La crisis de salud pública deja a diario fallecidos en centros asistenciales por falta de medicamentos, escasez de insumos clínicos, infecciones intrahospitalarias, fallas de equipos de diálisis o en los servicios básicos como la electricidad, falta de personal y por la desatención a pacientes por cualquiera de las situaciones antes señaladas. El Estado es responsable de garantizar la salud pública, y no cumple.

La situación afecta de manera más crítica a quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar los insumos que les solicitan en los hospitales o para tener una atención médica privada, que no garantiza que se disponga de todas las medicinas, reactivos o implementos médicos para atender de manera efectiva las necesidades.

Trabajadores de salud fueron constantemente perseguidos y hostigados durante el año 2018 por exhibir a la opinión pública la realidad que se vive en hospitales y centros asistenciales: amenazas de despido, eliminación de beneficios, acoso y prisión se hicieron comunes entre quienes exigieron mejoras en sus condiciones de trabajo.

En Nueva Esparta los médicos y trabajadores de la salud del Hospital de Juan Griego, municipio Marcano, fueron hostigados el 29 de enero. Ese día habían pautado una asamblea para denunciar la escasez de insumos y otros problemas del centro asistencial, pero la reunión no pudo llevarse a cabo porque la alcaldesa Karina Aguilera recorrió el hospital indicando que “ante la guerra económica que ha afectado la calidad de la atención por falta de medicamentos, ella se mantendrá ayudando a quien lo necesite”[32].

El secretario de información y difusión de la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Germán Rojas Loyola, señaló al respecto: “Ellos han tratado de manifestar lo que ocurre y ahora viven una terrible situación de acoso. Hay intentos de intervención municipal, sus coordinadores y jefes siguen tratando de tapar esos huecos para que no se sepa la realidad, hay amenazas de despido, diferentes tipos de acoso. También mensajes subliminales, mensajes directos a personas, alcaldes que se han acercado a los centros ofreciendo cosas y en algunos casos han logrado amedrentar”[33]

Las protestas del sector salud continuaron y con ellas las restricciones a la prensa: agresiones en las inmediaciones de un hospital en Catia, Caracas[34]; en Trujillo encerraron a los periodistas de medios independientes en un cuarto mientras el gobernador reinauguraba el área de Medicina Interna[35]; y hubo múltiples restricciones de acceso a la fuente[36]. Tal es la situación en contra de los medios de comunicación que en el Hospital Pediátrico de Barquisimeto Agustín Zubillaga, las autoridades amenazaron a los pacientes con desalojarlos si continuaban leyendo un trabajo de investigación de La Prensa de Lara que reseña la proliferación de una bacteria en ese centro de salud[37].

El mes de abril fue turbulento en el Hospital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) José Antonio Vargas (conocido como La Ovallera) en el estado Aragua. El día 20 detuvieron de forma arbitraria al patólogo Yan Sandoval; del jefe de Traumatología, Domingo Rodríguez; y de otro trabajador no identificado, sin orden judicial ni explicaciones[38]. En consecuencia varios empleados protestaron frente al hospital, por lo que la directora y familiar del ministro de Salud, María Eugenia Pérez Chejade, abrió un expediente administrativo a cuatro personas y prohibió a médicos, enfermeras y trabajadores hacer declaraciones a la prensa, amenazados con ser despedidos[39].

Estas arbitrariedades respaldadas por el Poder Judicial en contra de la ley, evidencian su obediencia al Ejecutivo en el interés de silenciar las críticas por las fallas y decadencia del sistema de salud pública. Las violaciones a la libertad de expresión se agravan en la situación de crisis humanitaria compleja que vive Venezuela al sumarse a la falta de información oficial.

En junio el ministro de Salud, Luis López, amenazó al líder sindical Pablo Zambrano por estar al frente de las protestas: “Cuando te pongan los ganchos, no te quejes. Tú eres el que fomenta las protestas en el sistema de salud, eso es sabotaje”[40]. Al mes siguiente siete médicos fueron despedidos del Hospital General Dr. Egor Nucete, en el estado Cojedes, después de una protesta donde el personal reclamaba la falta de insumos para la atención de emergencias en el hospital[41].

Derechos para resistir

A pesar del miedo, trabajadores públicos manifiestan su descontento, arriesgan el trabajo y la libertad por exigir los derechos que les corresponden y dotación de equipos o insumos para atender a la población. El derecho a la libertad de expresión se cuela por las hendiduras del poder, a pesar de las amenazas y detenciones. Ante la imposición de expresiones de apoyo al poder, las denuncias públicas hacen frente a las arbitrariedades, dejan de manifiesto y suben el costo a las lógicas despóticas.

 


[1] Infobae (17 de junio de 2015), El chavismo duplicó el número de empleados públicos. Disponible en https://www.infobae.com/2015/06/17/1735856-el-chavismo-duplico-el-numero-empleados-publicos/

[2] Diario Las Américas (7 de diciembre de 2017), Tamaño del Estado venezolano. Disponible en https://www.diariolasamericas.com/opinion/tamano-del-estado-venezolano-n4138845

[3] 2.527.771 personas. Infobae (17 de junio de 2015), El chavismo duplicó el número de empleados públicos. Disponible en https://www.infobae.com/2015/06/17/1735856-el-chavismo-duplico-el-numero-empleados-publicos/

[4] El INE ubica en 13,1 millones de personas que trabajaban en Venezuela en el 2015, bien sea en el sector formal o en el informal de la economía. Más en http://contrapunto.com/noticia/analisis-los-trabajadores-independientes-ganan-terreno-en-venezuela/

[5] Ministerio del Poder Popular para la Defensa (2018) Fuerza Armada. Disponible en: http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/fuerza-armada/

[6] La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional informó que la tasa de inflación registrada en el año 2018 fue de 1.698.488,2%.

[7] El Nacional (2 de mayo de 2017) 90% de los trabajadores del sector formal ganan ahora salario mínimo. Disponible en http://www.el-nacional.com/noticias/economia/los-trabajadores-del-sector-formal-ganan-ahora-salario-minimo_180003

[8] Según Civilis: “Se trata de crisis humanitarias graves que suelen ser el resultado de una combinación de factores que van desde inestabilidad política, quiebre y fragmentación del Estado, conflictos y violencia, fracaso de políticas de desarrollo, desmoronamiento de la economía formal, desigualdades sociales y pobreza subyacente; que generan grandes impactos sobre la estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades”. Más en http://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/las-emergencias-humanitarias-complejas-caracter-politico

[9] Secretario de información y difusión de la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Más en http://espaciopublico.ong/medicos-acosados-denunciar-crisis-hospitalaria-nueva-esparta/

[10] Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

[11] El Estímulo (7 de agosto de 2017) Botados por no votar en la constituyente. Disponible en http://elestimulo.com/climax/botados-por-no-votar-en-la-constituyente/

La convocatoria fue ilegal ya que la iniciativa de cambiar la constitución y convocar a una asamblea nacional constituyente surgió del presidente, no del pueblo. Además la votación no cumplió con los parámetros necesarios para ser catalogada como elección libre.

[12] CIDH. Informe Anual 2017. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.OEA/Ser.L/V/II. Doc. 210/17. 31 de diciembre de 2017. párr 1259

[13] El Nacional (27 de abril de 2018) Comercios del Zulia tendrán que usar plantas eléctricas a partir del lunes. Disponible en http://www.el-nacional.com/noticias/servicios/comercios-del-zulia-tendran-que-usar-plantas-electricas-partir-del-lunes_232850

[14] Corporación Eléctrica Nacional

[15] Efecto Cocuyo, 14 de febrero de 2018. Sindicalista de Corpoelec fue detenido por advertir sobre apagón eléctrico nacional. Recuperado el 19/02/2018 en https://goo.gl/iZaXBq

[16] La Prensa de Lara (14 de diciembre de 2018). DGCIM detuvo a trabajadores de Venalum

Disponible en https://www.laprensalara.com.ve/2018/12/dgcim-detuvo-a-trabajadores-de-venalum/

[17] Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Está indicada en este capítulo como “normativa contra el odio” por ser ilegal y haber sido emanada de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano establecido por el gobierno violando la constitución.

[18] Ambos casos son tratados con más detalle en el informe “Detenciones en línea. Presos por usar las redes sociales” sobre detenciones tras el uso de plataformas en Internet.

[19] Espacio Público (24 de agosto de 2018) Detenidas dos profesoras en Guárico por denunciar corrupción. Disponible en http://espaciopublico.ong/detenidas-dos-profesoras-en-guarico-por-denunciar-corrupcion/

[20] Espacio Público (24 de enero de 2018) Detienen a familiares de ingeniero que denunció la situación actual de PDVSA. Disponible en http://espaciopublico.ong/detienen-familiares-ingeniero-denuncio-la-situacion-actual-pdvsa/

[21] Panorama (27 de noviembre de 2017) Nómina de Pdvsa sube 170% y bombeo en caída. Disponible en https://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Nomina-de-Pdvsa-sube-170-y-bombeo-en-caida-20171127-0013.html
Banca y Negocios (14 de febrero de 2018) Unos 10.000 trabajadores de Pdvsa renunciaron en enero. Disponible en http://www.bancaynegocios.com/unos-10-000-trabajadores-de-pdvsa-renunciaron-en-enero/

[22] Espacio Público (21 de febrero de 2018). PDVSA controla el uso que sus trabajadores le dan a las redes sociales. Disponible en http://espaciopublico.ong/pdvsa-controla-uso-trabajadores-le-dan-las-redes-sociales/

[23] Espacio Público (6 de abril de 2018) Prohíben a Bomberos de Iribarren declarar a los medios de comunicación. Disponible en http://espaciopublico.ong/prohiben-a-bomberos-de-iribarren-declarar-a-los-medios-de-comunicacion/#.XEdscGRKj5Y

[24] Tal Cual (11 de enero 2018) El hambre ataca los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional. Disponible en http://talcualdigital.com/index.php/2018/01/11/el-hambre-ataca-los-cuarteles-de-la-fuerza-armada-nacional/

[25] Punto de Corte (10 de enero de 2018) (Vídeos+Fotos) Voceros de Guardias Nacionales en Fuerte Tiuna que exigieron beneficios y mejoras salariales fueron enviados al DGCIM. Disponible en http://puntodecorte.com/militares-en-fuerte-tiuna-exigieron-y-asi-les-respondieron/

[26] Espacio Público (17 de enero de 2018) Cuatro Guardias Nacionales son llevados a Dgcim por protestar. Disponible en http://espaciopublico.ong/cuatro-guardias-nacionales-llevados-dgcim-protestar/

[27] Punto de Corte (10 de enero de 2018) (Vídeos+Fotos) Voceros de Guardias Nacionales en Fuerte Tiuna que exigieron beneficios y mejoras salariales fueron enviados al DGCIM. Disponible en http://puntodecorte.com/militares-en-fuerte-tiuna-exigieron-y-asi-les-respondieron/

[28] Venezuela Al Día, (8 de octubre de 2018) Para acallar: Detienen a 15 Guardias por publicar precarias condiciones de su trabajo (Video). Disponible en http://www.venezuelaaldia.com/2018/10/08/acallar-detienen-15-guardias-publicar-precarias-condiciones-trabajo-video/

[29] El Pitazo (9 de octubre) LISTA | Conozca los 15 militares presos en Apure por difundir denuncia sobre malas condiciones laborales. Disponible en http://elpitazo.info/ultimas-noticias/lista-conozca-los-15-militares-presos-en-apure-por-difundir-denuncia-sobre-malas-condiciones-laborales/

[30] Espacio Público (16 de febrero de 2018) Detienen a 3 Cicpc por investigar antecedentes penales de Maduro y Cabello. Disponible en http://espaciopublico.ong/detienen-3-cicpc-investigar-antecedentes-penales-maduro-cabello/

[31] Center for International Media Assistance, Estándares internacionales de libertad de expresión: Guía básica para operadores de justicia en América Latina, agosto 2017. Pág. 30. Disponible en https://goo.gl/gh3xfB

[32] Espacio Público (5 de febrero de 2018) Médicos son acosados por denunciar crisis hospitalaria en Nueva Esparta. Disponible en http://espaciopublico.ong/medicos-acosados-denunciar-crisis-hospitalaria-nueva-esparta/

[33] Ídem.

[34] Espacio Público (22 de febrero de 2018) Agredidos periodistas durante cobertura en un Hospital en Catia. Disponible en http://espaciopublico.ong/agredido-periodista-cobertura-hospital-catia/

[35] Espacio Público (27 de julio de 2018) Periodistas fueron encerrados durante la visita del Gobernador al Hospital de Valera. Disponible en http://espaciopublico.ong/periodistas-fueron-encerrados-durante-la-visita-del-gobernador-al-hospital-de-valera/

[36] Espacio Público (20 de septiembre de 2018) Impiden a periodistas tomar fotos en hospital de Táchira. Disponible en http://espaciopublico.ong/impiden-a-periodistas-tomar-fotos-en-hospital-de-tachira/

[37] Espacio Público (03 de agosto de 2018) Prohíben a pacientes leer La Prensa en el Hospital de Barquisimeto. Disponible en http://espaciopublico.ong/prohiben-a-pacientes-leer-la-prensa-en-el-hospital-de-barquisimeto/

[38] Crónica.Uno, 20 de abril de 2018, Detienen al jefe de servicio de traumatología del IVSS La Ovallera. Disponible en http://cronica.uno/detienen-al-jefe-del-servicio-de-traumatologia-del-ivss-la-ovallera/

[39] El Pitazo (23 de abril de 2018) Directora de La Ovallera abrió procedimientos contra cinco trabajadores por protestar. Disponible en https://goo.gl/cP9zuP

[40] Efecto Cocuyo (11 de junio de 2018) Ministro de Salud amenaza a sindicalista con “ponerle los ganchos” y desacredita a Codevida

Disponible en http://efectococuyo.com/principales/ministro-de-salud-amenaza-a-sindicalista-con-ponerle-los-ganchos-y-desacredita-a-codevida/

[41] La Patilla (30 de julio de 2018) En Cojedes, siete médicos fueron despedidos este #30Jul tras protesta

Recuperado en https://www.lapatilla.com/2018/07/30/en-cojedes-siete-medicos-fueron-despedidos-este-30jul-tras-protesta/

Referencias   [ + ]

1. Comunicadora Social. Coordinadora del Programa de Medios y Responsabilidad Social de Espacio Público.

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