Libre expresión condicionada en elecciones

Por Ricardo F. Rosales Roa1

En 2017 hubo cuatro eventos electorales en Venezuela. i) El 16 de julio, un plebiscito nacional, convocado por la Asamblea Nacional y otros actores de la vida nacional bajo la consigna de la “consulta popular”; ii) el 30 de julio, una votación para designar los miembros de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Consejo Nacional Electoral “a solicitud” del Ejecutivo Nacional; iii) el 15 de octubre, las elecciones regionales vencidas desde octubre de 2016; y iv) el 10 de diciembre, las elecciones municipales.

El evento i) representó un acto político, no institucional, de organización y participación voluntaria; el evento ii), un acto político de pretensiones institucionales con resultados de facto; y los eventos iii) y iv), procesos electorales en sentido estricto. Aun con sus diferencias de forma y legitimidad, en un contexto de emergencia humanitaria y creciente conflictividad política y social urge valorar el papel que jugó el Estado en relación con las garantías a la libertad de expresión y a los derechos al sufragio y la participación política sobre cada uno de estos eventos.

Este artículo tiene la intención de analizar y comparar las lógicas restrictivas (físicas, institucionales y/o verbales) que utilizó el Estado contra la libertad de expresión a través de cuatro tipos de eventos electorales y mencionar las implicaciones generales sobre el ejercicio de otros derechos conexos como el voto o la participación política. También se propone comparar el evento i), relativo a una consulta política de la oposición, respecto a los eventos ii) iii) y iv), referentes a procesos electorales, dos legítimos y otro de hecho.

Una doble hipótesis anima construir esta propuesta. Por un lado, las particularidades de cada evento electoral incidieron en que el Estado otorgara preferencia a ciertas lógicas restrictivas para controlar la libertad de expresión; por el otro, el evento i) al no disputar ningún cargo de poder, se respondió con lógicas más institucionales contra la libre expresión, lo cual se conectó con un propósito, enfoque y discurso diferentes desde el poder político.

El artículo se divide en tres partes. La primera relata en orden cronológico los hechos individuales y contextuales relevantes de cada evento electoral. La segunda compara estos eventos desde las lógicas restrictivas a la libertad de expresión, destaca las similitudes y diferencias que operan en cada caso. La última sintetiza las conclusiones.

1. Reporte individualizado de los eventos electorales

i. La consulta popular

En medio de las protestas del 2017 la Asamblea Nacional y diversos sectores del país convocaron a un plebiscito nacional el 16 de julio con la consigna de la “consulta popular”.

El llamado a participar se realizó el 3 de julio en el marco del primer evento público que reunía a la disidencia política luego de un balance sobre la represión contra las protestas. La consulta se planteó como una respuesta nacional a la arremetida presidencial de una Asamblea Nacional Constituyente (en lo sucesivo “ANC”) entendida como una iniciativa autoritaria del gobierno.

El entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, leyó un comunicado:

(…) En la Constitución cabemos todos, en la Constituyente solo cabe Maduro. Que se active Hora Cero, convocamos a todo el pueblo a decidir cuál es la vía de la nación. En virtud del artículo 5, 333 y 350 de la Constitución convocamos este 16 de julio a elegir futuro del país. Queremos que el pueblo decida si rechaza o desconoce la Constituyente.

El 7 de Julio el gobierno nacional anunció que realizaría un simulacro electoral para la ANC el 16 de julio, fecha que coincidía con el plebiscito nacional. El 10 de julio el Consejo Nacional Electoral (en adelante “CNE”) oficializó una feria constitucional para ofrecer material informativo sobre candidatos y cómo votar el 16 de julio.

El 12 de julio la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (en adelante “Conatel”) prohibió a los medios denominar como “consulta popular” al plebiscito. Al día siguiente Espacio Público interpuso una petición de información para exigir respuestas al organismo sobre si existió una decisión formal y, de ser el caso, publicarla. La petición no fue contestada.

Conatel advirtió a representantes de medios de “tener cuidado con el tratamiento de esta cobertura”. El organismo consideró que el plebiscito era una actividad al margen de la Constitución que estaría sujeto a sanciones. La medida de censura se extendió a cualquier información o mensaje de promoción relacionado a la actividad de la oposición.

Medios de comunicación y políticos extranjeros llegaron al país de cara al evento convocado. El 16 de julio en una cadena nacional el presidente Nicolás Maduro calificó al plebiscito nacional como una “consulta interna entre unos partidos de la derecha”. También invitó a los venezolanos y venezolanas a participar en el simulacro de la ANC.

El 16 de julio se desarrolló bajo estas restricciones. El balance de la jornada dio cuenta de una cobertura limitada que no reflejó el alcance del evento, en el que se estima participaron más de 7 millones de personas. La mayoría de los medios tradicionales (radio y televisión) no realizaron operativos para su difusión, como suele hacerse en eventos de esta naturaleza. El plebiscito encontró espacio reducido en los medios. El tiempo al aire fue menor a 30 minutos en comparación con la cobertura que recibió el simulacro de la ANC, al cual se sumaron los canales estatales.

Con la censura en medios tradicionales sólo los medios digitales ofrecieron cobertura bajo las limitaciones de acceso a la web en el país. Pese a las restricciones, ciudadanos y periodistas compartieron fotos, videos y contenidos diversos sobre la consulta a través de internet.

El 17 de julio los canales Venevisión y Televen fueron blancos de la descalificación del Presidente de la República por transmitir declaraciones que ofrecieron cinco expresidentes que actuaron como observadores internacionales de la jornada: “vergüenza debería darle a los dueños de Venevisión y Televen, pegarse a la ofensa contra nuestra propia patria (…) ¿Como que se pusieron otra vez a conspirar en el golpismo?”.

ii. La votación a la ilegítima ANC

El Presidente de la República convocó unilateralmente a una Asamblea Nacional Constituyente el 1° de mayo de 2017 con lo que despojó al pueblo venezolano de su derecho constitucional a decidir sobre este asunto. Luego de un “exhorto” presidencial al CNE, el 7 de junio éste informó que la votación a miembros a la ANC se celebraría el 30 de julio.

El 29 de Julio el CNE emitió los “Lineamientos de cobertura de medios de comunicación en centros de votación”, en los que prohibió a los medios ingresar a los centros electorales sin acreditación especial, y a transmitir dentro de los centros de contingencia (Poliedro de Caracas y Palacio del Deporte de Los Teques, estado Miranda). El Consejo exigió a los periodistas guardar una distancia de 500 metros para resguardar a electores(as). Esta actuación ocurrió luego de la habilitación de centros de contingencia y reubicación de electores.

Las acreditaciones fueron negadas a los medios Correo del Caroní, El Pitazo, Vivo Play, La Patilla, Analítica.com, Notiminuto, así como a la prensa extranjera, entre ellos al periodista Jorge Lanata, deportado del país el 27 de julio, quien se sumó a los periodistas del SIC Notícias de Portugal, Luis Garriapa y Odacir Junior. Tras los lineamientos del CNE, ninguno de estos casos fue atendido.

Durante el evento, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, llamó al canal Venevisión para reclamar la falta de cobertura de la jornada: “ha habido como menos cobertura de lo que ustedes normalmente hacen”. Ello no obstó a que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) evitaran la cobertura en varios sitios del país.

El periodista de Venevisión, Euclides Sotillo, fue retenido y arrastrado por la GNB, rodeado por encapuchados e intimidado; en Altamira, Caracas, la PNB disparó a quemarropa contra la periodista Mariana de Barros y el equipo de Vivoplay. Los funcionarios también hurtaron motos de equipos de prensa y las quemaron, entre las cuales estuvo la del periodista Héctor Antolínez del portal digital ContrapuntoVzla.

La votación se realizó en el contexto de estas limitaciones. En la noche del 30 de julio el CNE anunció que participaron más de 8 millones de personas. El 2 de agosto la empresa Smartmatic, encargada del conteo de votos electrónicos en Venezuela, informó que existía una diferencia de al menos un millón de votos menos respecto al resultado ofrecido por el Consejo.

Mientras transcurría el evento se dieron manifestaciones de rechazo que resultaron en personas fallecidas. Según el Ministerio Público, “10 personas perdieron la vida durante las manifestaciones del 30 de julio”.  Otras fuentes informaron sobre 16 personas, además de registrarse numerosas personas lesionadas.  Asimismo, “se reportaron 2 agentes de policía muertos y 4 en grave estado de salud en el estado Táchira”.

El 31 de julio, el presidente Nicolás Maduro acusó a Venevisión y Televen de promover “terrorismo mediático” por no cubrir el evento de la ANC. “Pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y Televen. ¿Tendremos que tomar decisiones severas contra ustedes? Ayer sacaban las campañas más infames de violencia, ignoraron al pueblo que estaba votando“. El 11 de agosto Conatel abrió un procedimiento contra estos canales.

Cuatro días después de la votación, el CNE publicó los resultados en su página web sin detallar los sufragios por candidatos, centro de votación, ni votos nulos, desempeño que contrastó con los eventos anteriores. El voto nulo se ofreció como opción de protesta ante presiones oficiales contra empleados públicos y beneficiarios de programas sociales.

iii. Las elecciones regionales

Las elecciones regionales eran deuda constitucional desde octubre de 2016 y se llevaron a cabo el 15 de octubre de 2017 luego de que el Ejecutivo Nacional disolviera con represión la ola de protestas contra el gobierno e impusiera la ANC como poder supraconstitucional que eliminó de hecho la institucionalidad democrática y las garantías a los derechos.

La cobertura de la jornada se limitó ante la falta de acreditaciones a la prensa para informar sobre el evento. Al menos 12 solicitudes de acreditación a medios y periodistas en los estados Táchira, Yaracuy, Mérida, Distrito Capital y Nueva Esparta fueron negadas o ignoradas por el CNE para la cobertura del evento electoral.

Espacio Público registró 16 casos/situaciones en los que se vulneró el derecho a la libre expresión entre impedimentos de cobertura en centros electorales y sus adyacencias, amenazas de funcionarios del Plan República, agresiones de particulares y un ataque informático. Ello se tradujo en 18 violaciones que sumaron al menos 26 víctimas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos y trabajadores de la prensa en general.

Como parte de las agresiones, en el estado Zulia la corresponsal de Crónica.Uno, Mariela Nava, y su camarógrafo, Jorge Flores, fueron agredidos por un grupo aproximado de 20 personas durante la instalación de las mesas de votación en la Unidad Educativa diocesana Nuestra Señora del Carmen.

En cuanto a amenazas y censura, en el estado Trujillo la periodista Yuliana Palmar, de la emisora de Única 99.9FM, y la infociudadana María Gabriela Herrera, fueron amenazadas durante la cobertura en la escuela Las Llanadas por un grupo de civiles armados, quienes obligaron a Palmar a borrar su material y la apuntaron con un arma hasta que cortó la transmisión con la radio.

iv. Las elecciones municipales

Las elecciones municipales fueron el único proceso electoral que se celebró en el periodo fijado por la Constitución. Estas elecciones se realizaron en el escenario descrito, al que se sumó el recrudecimiento de la emergencia humanitaria, la sanción de una “ley” contra el odio que sanciona la expresión hasta por 20 años de cárcel, y en términos políticos, la victoria del oficialismo en las elecciones regionales.

El proceso se celebró el 10 de diciembre de 2017. A pesar de que el CNE dispuso 32 mil 805 mesas de votación en 14 mil 384 centros electorales, éstos se notaron desiertos. En este contexto de abstención, efectivos del Plan República agredieron e intimidaron a medios y periodistas en diversos centros. Espacio Público registró 10 casos/situaciones que reportaron al menos 11 víctimas entre periodistas y trabajadores de la prensa.

En relación a casos de amenazas, en horas de la mañana un grupo de civiles asediaron a los periodistas que hacían cobertura a la votación del candidato opositor Manuel Rosales: “quedamos secuestrados aproximadamente por 10 minutos, lanzaban artefactos explosivos pirotécnicos y se comenzó a incendiar un monte al lado del Liceo Udon Pérez”.

Como parte de los casos de censura, la periodista Ailyn Hidalgo del Diario Los Andes fue obligada por la GNB a eliminar una fotografía de su celular donde se veía el centro electoral vacío, en el estado andino de Trujillo.

2. Análisis comparativo de los eventos electorales

A continuación un cuadro general de las restricciones a la libertad de expresión que cruza los tipos/categorías de violación al derecho y los cuatro eventos electorales descritos:

El color negro representa al grupo de lógicas confrontacionales, determinadas por las restricciones de tipo físico a medios o sus trabajadores durante la cobertura.

El color gris oscuro encierra al grupo de dinámicas institucionales, que comprenden mecanismos más sutiles como el uso de instrumentos normativos, procedimientos sancionatorios, o dispositivos de confiscación de materiales, sobre el acto de cobertura.

El color gris claro expresa al grupo de hostigamiento discursivo, que pueden ser institucionales si derivan de funcionarios, referidas a insultos o descalificaciones hacia medios o periodistas, en relación con el acto de cobertura o línea editorial de un medio.

Interpretación de los eventos electorales

Consulta popular: primaron lógicas institucionales dirigidas a invalidar ex ante la naturaleza política y democrática del evento como estrategia para desestimular la participación del sector opositor. La acción institucional se enfocó en controlar la generación de opinión pública alrededor del plebiscito nacional. En este sentido Conatel censuró a los medios y les impuso la línea editorial en términos de cobertura y tratamiento informativo, a lo cual contribuyeron discursos descalificatorios de funcionarios, actividades electorales paralelas y la ausencia de espacios para promocionar el evento en lo social.

A diferencia de los otros eventos, la consulta popular registró escasas restricciones físicas y sólo bajo intimidación. Las lógicas confrontativas contra la libertad de expresión se relacionan más con contiendas entre candidatos que con demostraciones de fuerza simbólica y política. No estuvo ningún cargo en disputa, fue menor la confrontación.

La consulta popular también reportó hostigamiento verbal del Presidente de la República. Por su contenido, este hostigamiento se inscribió en el mismo propósito de institucionalizar el desconocimiento e invalidación contra un evento disidente del gobierno.

w Votación ANC: no hubo predominio de alguna lógica restrictiva sino el uso diversificado de todas para alterar el registro y percepción del evento mediante el impedimento de la cobertura y difusión de los hechos. La intención del evento fue estimular la participación. Éste recibió activa promoción del Estado, pero en paralela parcialización de la imagen sobre la votación.

A diferencia de los otros eventos, la votación a la ANC se realizó bajo un cuestionamiento de ilegitimidad de origen, lo que coincidió con la más diversa combinación de lógicas físicas, institucionales y discursivas orientadas a controlar la línea informativa del evento.

Una impronta negativa arrastrada por la votación a la ANC fueron los hechos de violencia en diversas partes del país en el marco de las manifestaciones de calle en su contra. La censura de estos hechos también pasó por el control informativo del Estado.

El discurso estatal se extendió hasta el final de la jornada cuando ocurrió el segundo hostigamiento verbal del primer mandatario contra Venevisión y Televen y otro similar de la presidenta del CNE. Fue exclusivo de la cobertura de este evento ser objeto de críticas institucionales por diversas autoridades públicas. Días después de estas críticas, Conatel abrió un procedimiento sancionatorio contra dichos canales de televisión.

 Elecciones regionales: prevalecieron lógicas confrontacionales en el mismo sentido de la votación a la ANC con la particularidad de registrar las cuatro categorías de restricciones físicas al derecho (agresión, ataque, amenaza e intimidación), lo cual posicionó a esta elección como el evento con el registro de más violaciones a la libertad de expresión.

Este balance negativo sobre las elecciones regionales se gesta tras la decisión deliberada del gobierno de postergar sin justificación legítima durante un año su efectiva celebración. Por tanto, la negativa de realizar esta elección se podría corresponder con la reacción estatal hostil a la cobertura, manifestada en la mayor cantidad y diversidad de violaciones a la libertad de expresión ejecutadas por agentes o instituciones públicas.

Ningún otro evento recibió este bloqueo oficial. Su naturaleza como proceso electoral en sentido estricto, que disputa cargos públicos, pudo motivar esta finalidad, paralelo a la ausencia de condiciones políticas favorables al gobierno. Las elecciones se efectuaron luego que el gobierno reprimió las protestas e impuso a una élite en el poder bajo una ilegítima ANC.

Elecciones municipales: destacaron lógicas institucionales orientadas a impedir la cobertura y difusión de los hechos. Este evento, pese a su naturaleza como proceso electoral, disminuyó en cuanto al número de violaciones y tipos restrictivos contra la libre expresión.

La ausencia de competencia electoral para el gobierno, donde la oposición decidió no participar, aunado al control con pretensiones hegemónicas desplegado por la ANC, pudo influir en la disposición estatal de celebrar estas elecciones dentro del periodo constitucional y de evitar cometer abusos para impedir su cobertura. Otro tanto pudo estar en la necesidad política de instrumentalizar un proceso como fachada formal para “legitimar” a las autoridades pro-gobierno ya escogidas por las condiciones subyacentes.

3. Conclusiones

El Estado impuso serias restricciones a la libre expresión durante los eventos electorales. La intimidación y la censura fueron prácticas comunes a estos eventos. Las agresiones, amenazas y restricciones administrativas se materializaron en 3 de 4 eventos, mientras que el hostigamiento verbal ocurrió dentro de 2 eventos y el ataque dentro de 1.

En términos de prácticas restrictivas se demostró que las particularidades inherentes a cada evento electoral influyeron en el enfoque estatal frente a la libertad de expresión y otros derechos conexos, lo que provocó consecuencias disímiles en cada situación. En el evento i) se evidenció la tesis del uso de lógicas institucionales, pues el Estado echó mano principalmente de Conatel con el objetivo de desincentivar ex ante –y no limitar en el acto– la participación, al asumirlo como la consulta interna “entre unos partidos de la derecha”.

En el evento ii) operó cierta coordinación entre todas las acciones restrictivas con el propósito de distorsionar el proceso comunicacional sobre la votación a la ANC. En este contexto surgieron hechos violentos y represalias al ejercicio de la libertad de expresión.

Los eventos iii) y iv), siendo procesos electorales, fueron conducidos por lógicas confrontativas contra la libre expresión y derechos afines. En el evento iii), el Estado empleó todas las categorías físicas restrictivas, en tanto que en el evento iv) mermaron las violaciones del derecho en el contexto de condiciones políticas favorables al gobierno.

En un año atravesado por cuatro eventos electorales las respuestas institucionales al desenfreno de la crisis no se conectaron con la participación ciudadana y el mensaje de cambio frente al poder. Esta postura no varió bajo una ola de protestas ni con formas novedosas de participación articuladas en su seno como la jornada del plebiscito nacional.

El Estado catapultó a una élite partidista bajo una ANC con poderes ilimitados, lo que marcó el tránsito a un régimen autoritario que pretende avanzar en la monopolización del sentido. Se intentó imponer una visión de los hechos cotidianos como si ello implicara reconstruirlos de cero o virar a una dicotomía –insostenible– entre el pulso democrático y la transformación estructural.

No obstante, es posible que la cultura nacional del voto, esa que niega el Estado y pretende ocultar con violaciones generalizadas a la libertad de expresión, venza la crisis del país si logra abrir una puerta democrática y desmonte al poder autoritario, sin chances de retorno, mediante la recuperación institucional.

Referencias   [ + ]

1. Abogado, Oficial del Programa de Promoción, Defensa y Acción Pública de Espacio Público.

Este artículo forma parte del Informe Anual 2017, disponible en https://goo.gl/Dxcexs

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